La Junta de Andalucía ha presentado alegaciones contra el proyecto de real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que fija los requisitos para instalar centros de datos en España. El Gobierno andaluz considera que la norma, tal y como está redactada, puede convertirse en una barrera para nuevas inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la computación avanzada. El Consejo de Gobierno ha acordado instar al Ejecutivo central a asumir esas alegaciones. Según la Junta, el texto plantea restricciones de difícil cumplimiento, incrementa las cargas administrativas y genera inseguridad jurídica, hasta el punto de limitar de forma casi total la implantación o ampliación de este tipo de instalaciones.

Andalucía defiende que parte de una posición favorable para atraer estos proyectos gracias a su elevada capacidad de producción eléctrica renovable y a la existencia de iniciativas empresariales maduras. La Administración autonómica sostiene que la comunidad puede convertirse en uno de los principales polos de desarrollo digital del sur de Europa.

Críticas al autoconsumo y a la aplicación retroactiva

Entre los aspectos más cuestionados figura la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos a proyectos que ya estaban en tramitación bajo condiciones diferentes. La Junta considera que esto introduce inseguridad jurídica y que el tratamiento previsto para los centros de datos es más restrictivo que el aplicado a otros sectores. También rechaza la obligación de cubrir el 80% del consumo total mediante autoconsumo o contratos de electricidad renovable vinculados a instalaciones puestas en servicio exclusivamente durante los 18 meses anteriores al inicio de la actividad del centro.

El Gobierno andaluz entiende que ese plazo no encaja con los tiempos habituales de desarrollo de nuevos proyectos renovables. También cuestiona que se exija que la energía renovable se genere en la misma hora en la que se consume sin concretar qué capacidad de almacenamiento sería necesaria para los periodos sin producción solar. La Junta, así, asegura compartir la necesidad de ordenar el crecimiento de los centros de datos, evitar usos especulativos de la capacidad eléctrica y reforzar la soberanía digital, pero insiste en que la regulación no puede imponer requisitos inalcanzables ni frenar inversiones.