Conseguir el carné de conducir en la provincia de Cádiz se ha convertido en una carrera de fondo. Según los últimos datos oficiales de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía, 10.000 alumnos esperan actualmente para poder realizar el examen práctico, con una demora media de hasta ocho meses para obtener una plaza.

La cifra se dispara al ampliar el foco: en el conjunto de Andalucía son 81.683 personas las que aguardan turno. Ante esta situación, el diputado nacional del PP por Cádiz, Miguel Sastre, ha reclamado al Ministerio del Interior medidas urgentes para desatascar el sistema.

Sastre sitúa el origen del problema en la falta de examinadores en las plantillas de Tráfico, una carencia que, según denuncia, arrastran desde hace años las autoescuelas de la provincia. "Lejos de solucionarse se ha ido agravando hasta derivar en una situación de colapso actual que se agrava aún más en los meses de verano", lamenta el diputado popular, apuntando al efecto estacional que multiplica la demanda durante el periodo vacacional.

La cifra que maneja el sector para corregir el desequilibrio es concreta: serían necesarias diez nuevas plazas de examinadores en la plantilla de la Jefatura Provincial de Cádiz para adecuar los medios disponibles a la demanda real existente. Una reivindicación que, según el PP, lleva tiempo sobre la mesa sin recibir respuesta efectiva del Ministerio del Interior, "que pese a sus muchas promesas de mejora no termina de poner en marcha medidas efectivas".

El carné como barrera de acceso al empleo

Más allá de la incomodidad administrativa, el PP de Cádiz subraya las consecuencias reales que este atasco tiene sobre los ciudadanos. Los principales perjudicados son, en muchos casos, jóvenes que ven limitado su acceso al mercado laboral, ya que el permiso de conducir es un requisito imprescindible para acceder a numerosos puestos de trabajo. Un retraso de ocho meses puede suponer, en la práctica, perder una oportunidad de empleo.

El problema tiene además una dimensión económica que afecta a dos frentes. Por un lado, los alumnos se ven obligados a dar clases complementarias para no perder la práctica mientras esperan su turno, lo que genera "graves sobrecostes económicos" además de frustración. Por otro, el bloqueo "amenaza directamente la viabilidad financiera de los centros de formación vial", según denuncia Sastre, ya que las autoescuelas ven ralentizada la rotación de alumnos y comprometida su facturación.

Una PNL en el Congreso con cuatro exigencias concretas

El Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a implantar medidas para resolver un problema que, subrayan, afecta económicamente a miles de familias y autónomos de toda España. El texto plantea cuatro líneas de actuación.

En primer lugar, la cobertura efectiva e inmediata de todas las plazas vacantes de examinadores. En segundo lugar, redimensionar las plantillas en aquellas jefaturas provinciales donde la demanda supere de forma sostenida la capacidad ordinaria del sistema. En tercer lugar, y en consenso con lo que reclaman las asociaciones del sector, introducir medidas temporales de refuerzo en las provincias más saturadas, tanto con examinadores como con personal administrativo.

Por último, la PNL exige al Ejecutivo un informe detallado que permita conocer la realidad exacta del sistema, incluyendo el número de examinadores en activo, las plazas vacantes, las bajas existentes y el número de alumnos pendientes de realizar el examen práctico. Un diagnóstico que, según los populares, es imprescindible antes de aplicar cualquier solución estructural, y que debe desembocar necesariamente en un incremento de las plantillas de examinadores de tráfico.