Un trabajador vasco manifestó ante los servicios médicos que su pene había pasado de 14 a cuatro centímetros tras una operación para implantarle una prótesis. Su testimonio aparece en la documentación de un procedimiento que terminó con el reconocimiento de una pensión de gran invalidez de 2.752,64 euros mensuales por el agravamiento de su lesión medular.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó el recurso de la Seguridad Social. La resolución considera determinante que el deterioro posterior de su salud haya provocado que necesite asistencia para actividades básicas.

La queja del paciente y la valoración médica

La intervención se realizó en noviembre de 2023. En una revisión posterior, el paciente aseguró haber perdido aproximadamente la mitad de la longitud previa; más adelante afirmó que había pasado de 14 centímetros a cuatro y que tenía dificultades para mantener relaciones sexuales. "Lo tengo pequeño y antes no", recoge la sentencia.

Los especialistas comprobaron, sin embargo, que la prótesis estaba correctamente colocada y permitía alcanzar la erección completa. "No tengo regla pero es un pene de tamaño normal", figura en el escrito judicial. Le explicaron que podía retirarse el dispositivo y recomendaron consultar con otro urólogo para obtener una segunda opinión.

El agravamiento que fundamenta la pensión

El hombre arrastra una lesión medular desde los dos años. Los informes acreditan una pérdida progresiva de fuerza y sensibilidad, especialmente en las extremidades superiores, y la necesidad de ayuda para vestirse, asearse y realizar determinados desplazamientos y transferencias.

El INSS sostenía que sus limitaciones ya eran suficientemente graves antes de empezar a trabajar. También defendía que podían ser compatibles con empleos adaptados.

La Justicia vasca rechazó esa interpretación. Los magistrados señalaron que desarrolló una actividad profesional y que no consta acreditado que antes necesitara asistencia en los términos exigidos para reconocer la gran invalidez.

La prestación suma una base reguladora de 1.620,92 euros y un complemento de 1.131,72 euros, con efectos económicos desde el 29 de septiembre de 2024. La sentencia todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.