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La sucesión de cancelaciones y prohibiciones de espectáculos pirotécnicos durante este verano ha encendido al sector. La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denuncia que las restricciones aplicadas en Andalucía y otras comunidades están provocando una situación de “asfixia” para una industria que concentra alrededor del 80% de su facturación anual en julio y agosto. La patronal considera que se está produciendo una oleada “indiscriminada e injustificada” de suspensiones en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. A su juicio, existe una “persecución desproporcionada” que amenaza con “el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos”.
AEPIRO sostiene que la pirotecnia tiene una incidencia mínima en los incendios forestales. Según los datos de la Estadística General de Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica citados por la asociación, los fuegos artificiales fueron responsables del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023. En Andalucía, esa proporción fue del 0,02% de 104.525 hectáreas quemadas durante el periodo analizado.
"Una asfixia por goteo"
La asociación también rechaza que se presente esta actividad “como si fuera una actividad improvisada o temeraria”. Recuerda que los productos profesionales están sometidos a controles, certificaciones y planes de seguridad, además de contar con equipos de extinción en las zonas de disparo. “Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector”, denuncia AEPIRO.
El principal reproche económico se dirige a las Administraciones. “Las Administraciones promueven políticas de cancelación masiva basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero en ningún momento contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras”, señala la organización. Y añade: “Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo, que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad”.
Críticas al criterio aplicado en Andalucía
AEPIRO cuestiona especialmente que en Andalucía el veto pueda aplicarse de manera general durante meses en zonas de influencia forestal sin atender, según denuncia, al Índice de Riesgo de Incendios Forestales diario de AEMET. “Una herramienta pensada para modular las restricciones según el riesgo real de cada jornada se convierte así, en la práctica, en una prohibición de calendario, ciega a las condiciones reales de cada día”, afirma.
La asociación sostiene además que numerosos vetos se apoyan de forma “fraudulenta” en la legislación forestal para alcanzar espacios urbanos como plazas, recintos feriales o cascos históricos. Ante esta situación, AEPIRO reclama una Mesa de Diálogo urgente con las Direcciones Generales de Emergencias de las comunidades autónomas para fijar restricciones basadas en criterios de seguridad industrial y delimitación competencial. “Queremos detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural”
La sucesión de cancelaciones y prohibiciones de espectáculos pirotécnicos durante este verano ha encendido al sector. La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denuncia que las restricciones aplicadas en Andalucía y otras comunidades están provocando una situación de “asfixia” para una industria que concentra alrededor del 80% de su facturación anual en julio y agosto. La patronal considera que se está produciendo una oleada “indiscriminada e injustificada” de suspensiones en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. A su juicio, existe una “persecución desproporcionada” que amenaza con “el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos”.
AEPIRO sostiene que la pirotecnia tiene una incidencia mínima en los incendios forestales. Según los datos de la Estadística General de Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica citados por la asociación, los fuegos artificiales fueron responsables del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023. En Andalucía, esa proporción fue del 0,02% de 104.525 hectáreas quemadas durante el periodo analizado.
"Una asfixia por goteo"
La asociación también rechaza que se presente esta actividad “como si fuera una actividad improvisada o temeraria”. Recuerda que los productos profesionales están sometidos a controles, certificaciones y planes de seguridad, además de contar con equipos de extinción en las zonas de disparo. “Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector”, denuncia AEPIRO.
El principal reproche económico se dirige a las Administraciones. “Las Administraciones promueven políticas de cancelación masiva basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero en ningún momento contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras”, señala la organización. Y añade: “Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo, que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad”.
Críticas al criterio aplicado en Andalucía
AEPIRO cuestiona especialmente que en Andalucía el veto pueda aplicarse de manera general durante meses en zonas de influencia forestal sin atender, según denuncia, al Índice de Riesgo de Incendios Forestales diario de AEMET. “Una herramienta pensada para modular las restricciones según el riesgo real de cada jornada se convierte así, en la práctica, en una prohibición de calendario, ciega a las condiciones reales de cada día”, afirma.
La asociación sostiene además que numerosos vetos se apoyan de forma “fraudulenta” en la legislación forestal para alcanzar espacios urbanos como plazas, recintos feriales o cascos históricos. Ante esta situación, AEPIRO reclama una Mesa de Diálogo urgente con las Direcciones Generales de Emergencias de las comunidades autónomas para fijar restricciones basadas en criterios de seguridad industrial y delimitación competencial. “Queremos detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural”
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