Giro judicial en el caso Llopis, la investigación Trajano 23 Sorela por una trama de blanqueo de capitales vinculado al narco que ha tenido su epicentro en El Puerto, debido no solo a que es un Juzgado portuense el que sigue la instrucción sino, sobre todo, a que uno de los principales acusados, actualmente en prisión provisional, es el conocido empresario portuense Pascual Llopis.

El hecho de que Llopis fuera socio o dueño de empresas promotoras de festivales y conciertos que han recibido contratos de patrocinio de la Diputación de Cádiz y de Turismo Andaluz, provocó que en la macrorredada del pasado julio se requiriesen a estas administraciones públicas dichos acuerdos.

Días después de aquella solicitud de la Guardia Civil al Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz, que dirige políticamente el vicepresidente cuarto y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, la propia institución provincial procedió a adoptar medidas cautelares sobre Puro Latino y Pal Sur Festival, dos de los eventos participados por Llopis y otros implicados en la presunta trama y beneficiados por dichos patrocinios.

En cambio, casi un mes después de aquella decisión, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz ha dictado este jueves un auto por el que levanta la suspensión del contrato privado de patrocinio para la celebración del evento Pal Sur Festival 2026 – Circuito Diputación de Cádiz, una decisión que permite que los dos conciertos pendientes de agosto puedan celebrarse y que el acuerdo, cifrado en 550.000 euros, siga adelante.

El auto, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, estima la medida cautelarísima solicitada al amparo del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y advierte de que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

El recurso contencioso fue interpuesto por el letrado Antonio Benítez Ostos en nombre y representación de Luna Bahía SL, una de las sociedades del promotor portuense Pascual Llopis. La empresa impugnó los dos decretos de la Diputación de Cádiz: el del 9 de julio de 2026, por el que se suspendió cautelarmente la ejecución del contrato de patrocinio, y el punto primero del decreto de 20 de julio, que confirmaba esa suspensión. El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de ambos y, por tanto, el levantamiento de la paralización del contrato.

La clave del auto está en el razonamiento sobre la urgencia. La magistrada aprecia la concurrencia de "circunstancias de especial urgencia" porque los actos impugnados afectan directamente a los dos festivales que quedan pendientes de celebración durante el mes de agosto: el de Paterna de Rivera, previsto para el 8 de agosto, y el de Chipiona, el 22 de agosto. Pero el argumento va más allá del propio promotor: el auto recoge que la decisión afecta también a "múltiples terceros ajenos al presente procedimiento, entre ellos los artistas contratados, el público asistente, así como las empresas y profesionales que participan en la organización, producción y prestación de servicios necesarios para la celebración de ambos eventos".

Tres días para que la Diputación alegue

El auto no cierra definitivamente el asunto. La resolución da traslado a la Diputación Provincial de Cádiz para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelarísima adoptada. Es decir, la institución provincial tiene ahora la oportunidad de defender su posición ante el tribunal, que posteriormente dictará un nuevo auto sobre el mantenimiento o no de la medida. Ese auto sí sería recurrible conforme a las reglas generales.

Este procedimiento se enmarca en el mecanismo del artículo 135 LJCA, que permite al juez adoptar medidas sin oír previamente a la parte contraria cuando concurren circunstancias de especial urgencia, dando después audiencia a la administración afectada. Es, en la práctica, una vía de urgencia diseñada precisamente para situaciones en las que esperar al trámite ordinario podría causar daños irreparables.

El contexto: una investigación por presunto blanqueo del narcotráfico

La decisión judicial llega en pleno desarrollo de una investigación de gran calado. La Diputación había suspendido el contrato después de que el Pal Sur Festival fuera uno de los festivales sobre los que se había pasado a focalizar parte de las pesquisas sobre una presunta trama de blanqueo de dinero del narcotráfico a través, entre otras supuestas pantallas, de patrocinios públicos. Como se ha dicho, el contrato en cuestión, formalizado el 28 de abril por valor de 550.000 euros con Luna Bahía, S.L., es uno de los cinco patrocinios cuya información solicitó la Guardia Civil al Área de Planificación de la Diputación.

Pascual Llopis se encuentra en prisión provisional desde hace semanas por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto, que le señala junto al empresario sevillano Mario García Lobato —también en prisión provisional— como supuestos cabecillas del entramado societario. El instructor apunta indiciariamente a García Lobato como "administrador real" del holding, con Llopis actuando como presunto "testaferro". La Guardia Civil investiga cinco patrocinios suscritos entre mayo de 2024 y abril de 2026 con dos mercantiles dirigidas por Llopis, por una cuantía que supera el millón de euros.

Los decretos de la Diputación se fundamentaban en el riesgo de un "efecto reputacional desfavorable" para la institución, argumentando que la repercusión pública de las actuaciones judiciales podía comprometer el retorno publicitario que justificó el patrocinio, "aún desde el pleno respeto a la presunción de inocencia". Ese argumento es el que ahora queda temporalmente en suspenso.