El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó este martes de urgencia a Red Eléctrica y a las eléctricas en La Moncloa para reclamarles los datos brutos del gran apagón que dejó a España sin luz más de 10 horas. El encuentro se produjo tras la frustración del Ejecutivo por la falta de explicaciones técnicas concluyentes y las declaraciones públicas del director de operaciones de REE, Eduardo Prieto, que descartó un ciberataque horas antes de que Sánchez mantuviera abierta esa hipótesis.
Fuentes gubernamentales admiten que las palabras de Prieto —quien afirmó el martes por la mañana que no había indicios de ataque informático— generaron "sorpresa y malestar" en Moncloa. Sánchez, en su comparecencia posterior, contradijo implícitamente ese mensaje al subrayar que sería "una imprudencia" descartar cualquier causa sin evidencias sólidas. "Me enteré por los medios de que Red Eléctrica negaba el ciberataque", dijo el presidente, quien advirtió a los "operadores privados" de que exigirá responsabilidades si la investigación revela negligencias.
El Gobierno insiste en que REE ha colaborado, pero distingue entre la información suministrada y los datos técnicos detallados —la llamada "caja negra" del apagón—, que permitirán reconstruir lo ocurrido en los cinco segundos críticos. Desde el Ministerio de Transición Ecológica precisan que estos registros serán analizados "al milisegundo" por la comisión de investigación creada ad hoc, que visitará físicamente las instalaciones eléctricas, según avanzó la vicepresidenta Sara Aagesen.
La reunión en Moncloa, celebrada apenas tres horas después de su convocatoria, refleja la tensión subyacente con Red Eléctrica —empresa con un 20% de capital público—, cuya presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor, recibió no obstante un respaldo explícito del Gobierno este miércoles. Fuentes oficiales destacaron que la compañía realizó un trabajo "extraordinario" durante la crisis, aunque insisten en la necesidad de esclarecer los hechos "sin filtraciones prematuras".
El apagón del lunes, el más grave en la historia reciente de España, expuso fisuras en la coordinación entre el Gobierno y REE. Mientras Moncloa manejaba inicialmente la posibilidad de un sabotaje informático —hipótesis alimentada por la coincidencia con un ataque a Telefónica—, la empresa pública descartó esa línea de investigación antes de que Sánchez se pronunciara.
En busca de datos
El Ejecutivo ahora centra sus esfuerzos en obtener los datos sin procesar de los sistemas de control, claves para determinar si el colapso se originó por un fallo técnico, humano o externo. Sánchez ha optado por un tono de firmeza con las eléctricas: "No descartamos nada hasta tener pruebas", insistió, mientras su equipo trata de rebajar la polémica atribuyendo los roces a la tensión de una "noche sin dormir".
La investigación, que podría prolongarse semanas, marcará la relación futura entre el Gobierno y un sector estratégico. Por ahora, Moncloa evita señalar culpables, pero deja claro que eximirá responsabilidades si se detectan fallos evitables. Mientras, Red Eléctrica mantiene su tesis inicial: el apagón fue un "suceso excepcional" sin relación con ciberataques, según sus primeros análisis.
El incidente ha reabierto el debate sobre la resiliencia de la red eléctrica nacional. Con una población cada vez más dependiente de la digitalización, la vulnerabilidad ante colapsos masivos se perfila como un desafío de seguridad nacional que podría llevar a revisar protocolos y estructuras de supervisión.
