Entre polvo y salvas, la Virgen del Rocío vuelve a Almonte 
Una mañana de verano desde una de las almas de Chiclana, su mercado de abastos, rebosante de vida: "Esto está maravilloso" 
Buscan con helicóptero y drones a un posible león suelto en Toledo: piden precaución a los vecinos 
Expertos advierten de que hay daños en edificios en Granada que pueden permanecer "invisibles" a largo plazo: "Habrá un montón de inspecciones" 
Faltan voluntarios en las protectoras: "Nos encantaría atender a más perros, hay muchísimas camadas indeseadas" 
La Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía (AFRA Mujeres) ha presentado una petición formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el director del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Emmanuel Toro Molina, para alertar sobre el riesgo que, a su juicio, supone para la imparcialidad judicial y la independencia de los profesionales la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La iniciativa ha logrado reunir más de 3.000 firmas en menos de una semana, según señala la organización.
La entidad ha ejercido el derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española para denunciar formalmente la asignación a Vox del control, la supervisión y la gestión de estos órganos periciales. AFRA Mujeres considera que la participación de esta formación política en estas estructuras puede comprometer su funcionamiento y reclama al Ejecutivo autonómico que garantice su independencia respecto a cualquier decisión o influencia de carácter político.
La asociación sostiene que la situación resulta especialmente preocupante por las posiciones que, según señala, ha mantenido Vox respecto a la violencia machista, al haber cuestionado de forma explícita este tipo de recursos públicos y haberlos calificado como chiringuitos ideológicos. Desde AFRA Mujeres consideran que otorgar la tutela de estos órganos a una formación con estas posiciones puede afectar a la imparcialidad técnico-científica y a la neutralidad institucional, además de poner en riesgo los derechos fundamentales de las víctimas a la tutela judicial efectiva y a la vida e integridad física y moral, recogidos respectivamente en los artículos 24 y 15 de la Constitución.
La organización sitúa su petición en un contexto que considera de especial vulnerabilidad en Andalucía. Según los datos oficiales aportados, durante el primer trimestre de 2026 fueron atendidas 8.463 víctimas en la comunidad autónoma, mientras que la tasa andaluza se situó en 18,8 víctimas por cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional. Los mismos datos señalan que en lo que va de año han sido asesinadas 32 mujeres en España y que, desde 2003, un total de 22 menores han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia machista.
Fin del acuerdo
Ante esta situación, AFRA Mujeres reclama al Gobierno andaluz la revocación inmediata de cualquier acuerdo o traspaso de competencias a Vox relacionado con la gestión de las UVIVG y de los servicios de atención integral a las víctimas. La asociación también solicita que se blinden tanto el personal como los recursos económicos destinados a estos servicios, garantizando una dotación presupuestaria suficiente y la cobertura completa de los puestos de las plantillas técnicas y forenses para evitar retrasos en las valoraciones periciales.
Como última parte de sus demandas, la organización reclama que se garantice de forma expresa la independencia técnica de los profesionales frente a posibles presiones o depuraciones de carácter político. Asimismo, pide una rendición de cuentas mediante una comparecencia urgente ante el Parlamento de Andalucía en la que se informe de cualquier reestructuración que pueda afectar a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
La Asociación de Mujeres Feministas Radicales de Andalucía (AFRA Mujeres) ha presentado una petición formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el director del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Emmanuel Toro Molina, para alertar sobre el riesgo que, a su juicio, supone para la imparcialidad judicial y la independencia de los profesionales la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La iniciativa ha logrado reunir más de 3.000 firmas en menos de una semana, según señala la organización.
La entidad ha ejercido el derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española para denunciar formalmente la asignación a Vox del control, la supervisión y la gestión de estos órganos periciales. AFRA Mujeres considera que la participación de esta formación política en estas estructuras puede comprometer su funcionamiento y reclama al Ejecutivo autonómico que garantice su independencia respecto a cualquier decisión o influencia de carácter político.
La asociación sostiene que la situación resulta especialmente preocupante por las posiciones que, según señala, ha mantenido Vox respecto a la violencia machista, al haber cuestionado de forma explícita este tipo de recursos públicos y haberlos calificado como chiringuitos ideológicos. Desde AFRA Mujeres consideran que otorgar la tutela de estos órganos a una formación con estas posiciones puede afectar a la imparcialidad técnico-científica y a la neutralidad institucional, además de poner en riesgo los derechos fundamentales de las víctimas a la tutela judicial efectiva y a la vida e integridad física y moral, recogidos respectivamente en los artículos 24 y 15 de la Constitución.
La organización sitúa su petición en un contexto que considera de especial vulnerabilidad en Andalucía. Según los datos oficiales aportados, durante el primer trimestre de 2026 fueron atendidas 8.463 víctimas en la comunidad autónoma, mientras que la tasa andaluza se situó en 18,8 víctimas por cada 10.000 mujeres, por encima de la media nacional. Los mismos datos señalan que en lo que va de año han sido asesinadas 32 mujeres en España y que, desde 2003, un total de 22 menores han quedado en situación de orfandad como consecuencia de la violencia machista.
Fin del acuerdo
Ante esta situación, AFRA Mujeres reclama al Gobierno andaluz la revocación inmediata de cualquier acuerdo o traspaso de competencias a Vox relacionado con la gestión de las UVIVG y de los servicios de atención integral a las víctimas. La asociación también solicita que se blinden tanto el personal como los recursos económicos destinados a estos servicios, garantizando una dotación presupuestaria suficiente y la cobertura completa de los puestos de las plantillas técnicas y forenses para evitar retrasos en las valoraciones periciales.
Como última parte de sus demandas, la organización reclama que se garantice de forma expresa la independencia técnica de los profesionales frente a posibles presiones o depuraciones de carácter político. Asimismo, pide una rendición de cuentas mediante una comparecencia urgente ante el Parlamento de Andalucía en la que se informe de cualquier reestructuración que pueda afectar a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
COMENTARIOS