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La ministra deIgualdad, Ana Redondo, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la celebración de una reunión para abordar la decisión del Ejecutivo andaluz de ceder a Vox competencias relacionadas con la violencia de género. En una carta remitida este jueves, la titular del departamento expresa su preocupación por esa medida y advierte de que dejar esa gestión en manos de una formación que, según sostiene, niega esta realidad "puede comprometer" el destino de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En la misiva, Redondo pide a Moreno Bonilla que reconsidere la decisión adoptada y proceda a rectificarla, al entender que supone un mensaje que "transmite falta de compromiso a las víctimas". La ministra considera que el cambio tiene un importante alcance institucional y político, por lo que reclama al presidente andaluz que revise una medida que, a su juicio, afecta al compromiso mostrado hasta ahora por Andalucía en esta materia.
La responsable de Igualdad traslada su "profunda preocupación" por una decisión que califica de "enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres". Además, la carta también ha sido remitida a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa.
La gestión de los fondos
En el escrito, Redondo sostiene que la nueva distribución de competencias "puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya finalidad es garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas". Por este motivo, solicita a la Junta de Andalucía que retome lo que define como la senda de la coherencia institucional en el desarrollo de las políticas dirigidas a combatir la violencia machista.
La ministra también subraya que "las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda, ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad, su libertad y su derecho a vivir una vida libre de violencia, más aún cuando las cifras de incidencia de la violencia de género en su comunidad son tan preocupantes". Con estas palabras, insiste en la necesidad de mantener el compromiso institucional con las medidas de prevención, atención y protección contempladas en el Pacto de Estado.
Por último, desde el Ministerio de Igualdad se traslada la voluntad de mantener una colaboración institucional con la Junta de Andalucía para preservar las políticas de protección frente a la violencia de género. En este sentido, el departamento que dirige Ana Redondo expresa su disposición a trabajar de forma "leal y constructiva" con el Ejecutivo andaluz, con el objetivo de "garantizar que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece".
La ministra deIgualdad, Ana Redondo, ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la celebración de una reunión para abordar la decisión del Ejecutivo andaluz de ceder a Vox competencias relacionadas con la violencia de género. En una carta remitida este jueves, la titular del departamento expresa su preocupación por esa medida y advierte de que dejar esa gestión en manos de una formación que, según sostiene, niega esta realidad "puede comprometer" el destino de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En la misiva, Redondo pide a Moreno Bonilla que reconsidere la decisión adoptada y proceda a rectificarla, al entender que supone un mensaje que "transmite falta de compromiso a las víctimas". La ministra considera que el cambio tiene un importante alcance institucional y político, por lo que reclama al presidente andaluz que revise una medida que, a su juicio, afecta al compromiso mostrado hasta ahora por Andalucía en esta materia.
La responsable de Igualdad traslada su "profunda preocupación" por una decisión que califica de "enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres". Además, la carta también ha sido remitida a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa.
La gestión de los fondos
En el escrito, Redondo sostiene que la nueva distribución de competencias "puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya finalidad es garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas". Por este motivo, solicita a la Junta de Andalucía que retome lo que define como la senda de la coherencia institucional en el desarrollo de las políticas dirigidas a combatir la violencia machista.
La ministra también subraya que "las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda, ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad, su libertad y su derecho a vivir una vida libre de violencia, más aún cuando las cifras de incidencia de la violencia de género en su comunidad son tan preocupantes". Con estas palabras, insiste en la necesidad de mantener el compromiso institucional con las medidas de prevención, atención y protección contempladas en el Pacto de Estado.
Por último, desde el Ministerio de Igualdad se traslada la voluntad de mantener una colaboración institucional con la Junta de Andalucía para preservar las políticas de protección frente a la violencia de género. En este sentido, el departamento que dirige Ana Redondo expresa su disposición a trabajar de forma "leal y constructiva" con el Ejecutivo andaluz, con el objetivo de "garantizar que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece".
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