El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha solicitado al Ministerio de Justicia información detallada sobre los agresores sexuales que se hayan beneficiado en Andalucía de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, conocida como ley del 'sí es sí'. El objetivo de esta petición es conocer el alcance de las revisiones de condena derivadas de esta norma y disponer de datos que permitan analizar la situación de los delitos contra la libertad sexual en la comunidad autónoma.

En el escrito dirigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Gavira justifica la necesidad de contar con esta información para "poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía". El consejero considera necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en Andalucía, así como sus características territoriales y sociodemográficas, con el propósito de disponer de una base estadística que permita planificar los recursos especializados.

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Entre los datos reclamados al Ministerio de Justicia figura el número de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual, así como el número de delitos de esta naturaleza que hayan sido registrados, conocidos, enjuiciados o hayan terminado en condena en el territorio andaluz. La solicitud pretende, de este modo, disponer de información diferenciada sobre el número de personas condenadas y sobre el volumen de delitos, dos magnitudes que, según expone Gavira, deben analizarse de manera independiente para conocer la dimensión de la criminalidad sexual.

Información reclamada

El consejero también ha pedido información concreta sobre los efectos de la aplicación de la ley del 'sí es sí' en las condenas de personas que cumplen penas por delitos contra la libertad sexual relacionados con la violencia contra las mujeres. En particular, plantea al Ministerio cuántos internos condenados por estos delitos y recluidos en centros penitenciarios de Andalucía han visto revisada y reducida su condena como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 desde su entrada en vigor hasta la actualidad.

Gavira reclama además que "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos", al considerar que ambas magnitudes son distintas y relevantes para la planificación y el dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada. El consejero concluye que la petición tiene una finalidad "exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos" y que busca proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las unidades especializadas de Andalucía ante la evolución de la criminalidad sexual y la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres.