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El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha concluido que los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía, que afectaron a 2.317 mujeres, tienen su origen en demoras asistenciales cuya causa no ha sido aclarada por la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo recoge la resolución con la que la institución da por cerrada la investigación abierta de oficio tras conocerse las incidencias.
El documento formula cuatro recomendaciones a la Junta de Andalucía. La primera plantea implantar un sistema uniforme y automático de comunicación de todos los resultados del cribado. La segunda reclama reforzar el programa para garantizar que los casos derivados a los hospitales sean atendidos dentro de los plazos establecidos. Además, insta a dar tramitación prioritaria a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con este asunto y a remitir al Defensor los resultados de las auditorías y revisiones realizadas.
En su resolución, el Defensor reprocha a la Administración autonómica la escasa información facilitada. Según señala, el informe remitido por la Consejería y el SAS se limita a exponer datos sobre la participación en el programa, pero omite aspectos esenciales como la carga asistencial, la dotación de personal en los servicios de Radiodiagnóstico y las explicaciones necesarias para determinar si el protocolo aplicado se ajustaba a lo previsto.
Pese a esa "parquedad de la información recibida", la institución afirma haber alcanzado algunas certezas, aunque mantiene dudas relevantes. Entre ellas, destaca la falta de claridad sobre el protocolo que regula actualmente el programa. El informe alude a una aplicación informática denominada PDPCM, encargada de gestionar la ruta asistencial, pero no precisa qué documento sirvió de base para su diseño ni si supuso cambios respecto al sistema anterior.
La investigación
La investigación sí ha permitido confirmar que el sistema automatizado solo comunica por carta los resultados sin hallazgos relevantes, clasificados como BI-RADS 1 y 2. En los casos BI-RADS 0, 3, 4 y 5, el programa genera directamente la derivación al hospital, y la responsabilidad de informar a las pacientes recae en los servicios hospitalarios, que notifican la cita para completar el estudio.
El informe del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de abril de 2026, reconoce que antes de octubre de 2025 la comunicación de la derivación se realizaba una vez asignada la cita. Debido a las demoras existentes, "muchas pacientes no eran conocedoras de esta notificación". El hospital detalla que los casos BI-RADS 4 y 5 debían citarse en un plazo de entre siete y diez días, mientras que los BI-RADS 3 tenían un plazo de seis meses. Para la categoría 0, recientemente se ha fijado un plazo de un mes.
El Defensor considera que, si la comunicación de la derivación se hubiera realizado de forma automática, se habría evitado al menos la incertidumbre de las pacientes. "La razón de fondo apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla", concluye la resolución. El informe también sitúa estas incidencias en un contexto de sobrecarga estructural y recuerda que en diciembre de 2025 unas 700 mamografías ajenas al programa tuvieron que derivarse a centros concertados.
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha concluido que los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía, que afectaron a 2.317 mujeres, tienen su origen en demoras asistenciales cuya causa no ha sido aclarada por la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo recoge la resolución con la que la institución da por cerrada la investigación abierta de oficio tras conocerse las incidencias.
El documento formula cuatro recomendaciones a la Junta de Andalucía. La primera plantea implantar un sistema uniforme y automático de comunicación de todos los resultados del cribado. La segunda reclama reforzar el programa para garantizar que los casos derivados a los hospitales sean atendidos dentro de los plazos establecidos. Además, insta a dar tramitación prioritaria a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial relacionadas con este asunto y a remitir al Defensor los resultados de las auditorías y revisiones realizadas.
En su resolución, el Defensor reprocha a la Administración autonómica la escasa información facilitada. Según señala, el informe remitido por la Consejería y el SAS se limita a exponer datos sobre la participación en el programa, pero omite aspectos esenciales como la carga asistencial, la dotación de personal en los servicios de Radiodiagnóstico y las explicaciones necesarias para determinar si el protocolo aplicado se ajustaba a lo previsto.
Pese a esa "parquedad de la información recibida", la institución afirma haber alcanzado algunas certezas, aunque mantiene dudas relevantes. Entre ellas, destaca la falta de claridad sobre el protocolo que regula actualmente el programa. El informe alude a una aplicación informática denominada PDPCM, encargada de gestionar la ruta asistencial, pero no precisa qué documento sirvió de base para su diseño ni si supuso cambios respecto al sistema anterior.
La investigación
La investigación sí ha permitido confirmar que el sistema automatizado solo comunica por carta los resultados sin hallazgos relevantes, clasificados como BI-RADS 1 y 2. En los casos BI-RADS 0, 3, 4 y 5, el programa genera directamente la derivación al hospital, y la responsabilidad de informar a las pacientes recae en los servicios hospitalarios, que notifican la cita para completar el estudio.
El informe del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de abril de 2026, reconoce que antes de octubre de 2025 la comunicación de la derivación se realizaba una vez asignada la cita. Debido a las demoras existentes, "muchas pacientes no eran conocedoras de esta notificación". El hospital detalla que los casos BI-RADS 4 y 5 debían citarse en un plazo de entre siete y diez días, mientras que los BI-RADS 3 tenían un plazo de seis meses. Para la categoría 0, recientemente se ha fijado un plazo de un mes.
El Defensor considera que, si la comunicación de la derivación se hubiera realizado de forma automática, se habría evitado al menos la incertidumbre de las pacientes. "La razón de fondo apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla", concluye la resolución. El informe también sitúa estas incidencias en un contexto de sobrecarga estructural y recuerda que en diciembre de 2025 unas 700 mamografías ajenas al programa tuvieron que derivarse a centros concertados.
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