La Audiencia de Sevilla ha aplazado hasta el 15 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral contra el exlíder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, acusado de un presunto fraude de subvenciones relacionado con una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla (Huelva) que nunca llegó a funcionar.

El aplazamiento se debe a motivos de agenda de señalamiento, según consta en una providencia de la Sección Cuarta del tribunal sevillano. El juicio se desarrollará en un total de once sesiones: los días 15, 16, 17, 18, 29, 30 y 31 de marzo y 1, 5, 6 y 7 de abril de 2027.

Junto a Serrano se sentarán en el banquillo sus exsocios Francisco Javier López Ballesteros y Enrique Pelegrín Díaz, a quienes el juzgado instructor impuso en su día una fianza de 3.318.667 euros cada uno para asegurar las posibles responsabilidades civiles.

La Fiscalía pide hasta ocho años y Facua hasta diez

La Fiscalía de Sevilla atribuye a los tres acusados un delito de estafa y, subsidiariamente, dos delitos de fraude de subvenciones, solicitando como petición principal seis años de prisión y una multa de 5.400 euros. En el caso de que los hechos fueran considerados fraude de subvenciones, la pena reclamada asciende a cuatro años por cada delito y una multa de 7.467.000 euros por delito.

La Fiscalía exige que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ministerio de Industria con los 2.489.000 euros de la ayuda concedida. Por su parte, el secretario general de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cuya denuncia inicial ante la UDEF de la Policía destapó el caso y que ejerce la acusación popular, reclama hasta diez años de prisión para Serrano.

Serrano alega que fue engañado por sus exsocios

La defensa de Serrano ha alegado que fue víctima de las "estrategias delictivas" de sus exsocios, que le hicieron creer que iban a aportar la maquinaria necesaria para la fábrica "cuando esto nunca fue cierto". El expresidente de Vox en Andalucía aseguró tener "confianza ciega" en uno de sus socios.

Sin embargo, la Audiencia ha rechazado estos argumentos al entender que "se compadecen mal con la formación del apelante como jurista" y con el hecho de que las mercantiles involucradas compartían sede social. El tribunal ha señalado además que cuando Serrano dimitió de la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba el 4 de octubre de 2017, "ya en esa fecha se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica, por lo que el presunto delito ya estaría presuntamente consumado".