El juez de Vox Francisco Serrano se sentará en el banquillo

El excandidato a la presidencia de la Junta está acusado de un delito de estafa y otro de fraude de subvenciones por un préstamo estatal que asciende a los 2,5 millones de euros

Francisco Serrano, cuando era parlamentario de Vox. Foto: Parlamento de Andalucía
Francisco Serrano, cuando era parlamentario de Vox. Foto: Parlamento de Andalucía

Finalmente, el que fuera candidato de Vox a la Junta de Andalucía y expresidente de la formación a nivel andaluz, el juez Francisco Serrano, tendrá que someterse a juicio oral. Así lo ha resuelto el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla por un delito de estafa y subsidiariamente por un delito de fraude de subvenciones y otro de fraude de ayudas.

El Juzgado le impone asimismo una fianza de 3,3 millones de euros y se le apercibe de que se le embargarán bienes "en cantidad suficiente" si no afronta el pago de dicha cuantía.

Los delitos de los que se le acusan son debidos a un préstamo estatal de 2,5 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria, un dinero que Serrano, a través de su empresa Biowood Niebla, dispuso "para fines no comprendidos", según el auto emitido el día 18 por el Juzgado de Instrucción número 16, con el que se abre juicio oral para el exlíder de Vox. El juez declara en el mismo auto a la Audiencia Provincial como órgano competente para dicho juicio.

El auto también señala otro préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, la sociedad del exdiputado, que se correspondería con pagos de mantenimiento que no son financiables por el préstamo en cuestión.

El juez también declara la apertura de juicio oral contra Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, exsocios de Serrano, el primero como presunto coautor de los hechos y el segundo como supuesto cooperador. A ambos se les impone la misma cuantía de fianza. 

Asimismo, el Tribunal rechaza el alegato de Serrano, que afirmaba haber sido víctima de engaño por parte de sus colaboradores. Por su parte, la Fiscalía de Sevilla, en un escrito de junio de 2023, reclamaba una condena de cuatro años de prisión y multa de 7.467.000 euros por cada delito. Por lo pronto, la Fiscalía solicita que los tres acusados indemnicen al Ministerio de Industria por el importe de la ayuda concedida.

Sobre el autor:

Alaia Rotaeche

A. R.

Graduada en Periodismo y Máster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense. He pasado por medios locales, por comunicación política y de organizaciones y he participado en proyectos autogestionados. Me interesan particularmente la cultura, la política, las migraciones y los feminismos, e intento siempre tener la mirada puesta en quienes tradicionalmente han habitado los márgenes de la sociedad.

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