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El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de una causa en la que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El procedimiento se enmarca en una investigación sobre supuestos pagos de comisiones irregulares vinculados a la concesión de un préstamo a la aerolínea Plus Ultra, según han informado fuentes jurídicas.
En la resolución judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el magistrado José Luis Calama, sostiene que el expresidente habría ejercido como supuesto líder de una estructura estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias. Dicha estructura tendría como finalidad la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el uso de contactos ante distintos organismos públicos en favor de terceros, con especial referencia a las gestiones relacionadas con la citada aerolínea.
El instructor describe además que la presunta trama habría recurrido a sociedades instrumentales, documentación presuntamente simulada y canales financieros de carácter opaco. El objetivo de estos mecanismos, según el auto, habría sido facilitar la ocultación del origen y destino de los fondos, así como canalizar beneficios económicos tanto hacia terceros como hacia el propio entramado investigado. En el mismo escrito judicial se señala que el sistema estaría organizado de forma estructural y coordinada.
El auto, de 85 páginas, recoge también la supuesta existencia de una red organizada de influencias ilícitas que habría estado liderada por Zapatero, quien habría utilizado sus contactos y su acceso a altos cargos de la Administración para favorecer a determinados interesados en la obtención de decisiones favorables. En este contexto, se detalla la participación de varios intermediarios, entre ellos Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez, así como de la secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, a quienes se atribuye un reparto funcional de tareas dentro de la estructura.
El registro
Paralelamente a la citación judicial, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han llevado a cabo registros en el despacho del expresidente en Madrid y en las sedes de varias empresas vinculadas a su entorno familiar. Entre ellas figura la agencia de publicidad What The Fav S.L., además de Softgestor e Inteligencia Prospectiva. También se han practicado actuaciones en relación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, a la que se habrían solicitado requerimientos de información.
La investigación se sitúa en un procedimiento más amplio sobre la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra, cuya reapertura fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras un archivo previo. En el marco de estas diligencias se ha investigado la posible relación del caso con fondos procedentes de corrupción en Venezuela. Tras distintas actuaciones judiciales y policiales, en diciembre de 2025 se produjeron detenciones de varios responsables vinculados a la aerolínea, que posteriormente quedaron en libertad, en una causa que continúa bajo supervisión de la Audiencia Nacional.
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de una causa en la que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El procedimiento se enmarca en una investigación sobre supuestos pagos de comisiones irregulares vinculados a la concesión de un préstamo a la aerolínea Plus Ultra, según han informado fuentes jurídicas.
En la resolución judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, el magistrado José Luis Calama, sostiene que el expresidente habría ejercido como supuesto líder de una estructura estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias. Dicha estructura tendría como finalidad la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el uso de contactos ante distintos organismos públicos en favor de terceros, con especial referencia a las gestiones relacionadas con la citada aerolínea.
El instructor describe además que la presunta trama habría recurrido a sociedades instrumentales, documentación presuntamente simulada y canales financieros de carácter opaco. El objetivo de estos mecanismos, según el auto, habría sido facilitar la ocultación del origen y destino de los fondos, así como canalizar beneficios económicos tanto hacia terceros como hacia el propio entramado investigado. En el mismo escrito judicial se señala que el sistema estaría organizado de forma estructural y coordinada.
El auto, de 85 páginas, recoge también la supuesta existencia de una red organizada de influencias ilícitas que habría estado liderada por Zapatero, quien habría utilizado sus contactos y su acceso a altos cargos de la Administración para favorecer a determinados interesados en la obtención de decisiones favorables. En este contexto, se detalla la participación de varios intermediarios, entre ellos Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez, así como de la secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, a quienes se atribuye un reparto funcional de tareas dentro de la estructura.
El registro
Paralelamente a la citación judicial, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han llevado a cabo registros en el despacho del expresidente en Madrid y en las sedes de varias empresas vinculadas a su entorno familiar. Entre ellas figura la agencia de publicidad What The Fav S.L., además de Softgestor e Inteligencia Prospectiva. También se han practicado actuaciones en relación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, a la que se habrían solicitado requerimientos de información.
La investigación se sitúa en un procedimiento más amplio sobre la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra, cuya reapertura fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras un archivo previo. En el marco de estas diligencias se ha investigado la posible relación del caso con fondos procedentes de corrupción en Venezuela. Tras distintas actuaciones judiciales y policiales, en diciembre de 2025 se produjeron detenciones de varios responsables vinculados a la aerolínea, que posteriormente quedaron en libertad, en una causa que continúa bajo supervisión de la Audiencia Nacional.
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