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Las reacciones políticas a la imputación de Zapatero: el PSOE defiende al expresidente y asegura que la derecha "no le ha perdonado sus avances"

La UDEF ha practicado registros en el despacho del expresidente del Gobierno, situado en la calle Ferraz de Madrid, así como en las sedes de tres empresas relacionadas con el entorno del caso.

  • Zapatero en una aparición en la campaña electoral. -

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio, en el marco de una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa se centra en supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados al rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

La decisión se enmarca en una investigación dirigida por el juez José Luis Calama, que ha impulsado diversas diligencias en los últimos meses. En este contexto, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han practicado registros en el despacho del expresidente del Gobierno, situado en la calle Ferraz de Madrid, así como en las sedes de tres empresas relacionadas con el entorno del caso.

Entre las sociedades registradas figuran "What the fav", agencia de publicidad propiedad de las hijas del exmandatario, "Softgestor", dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, e "Inteligencia Prospectiva". En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información al no encontrarse operativa en el momento de la actuación policial. Además, se han emitido requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el marco de las diligencias ordenadas por el juez instructor.

La investigación se centra en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. Según las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, en 2024 se detectaron indicios de que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear fondos presuntamente procedentes de corrupción en Venezuela, lo que amplió el alcance del procedimiento.

El caso tiene antecedentes en un juzgado de instrucción de Madrid, donde inicialmente se investigó el rescate de la aerolínea, aunque la causa fue archivada posteriormente con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, la reapertura del procedimiento a instancias de la Fiscalía Anticorrupción llevó a su traslado a la Audiencia Nacional, donde se han reactivado las diligencias tras más de un año de nuevas pesquisas.

Las reacciones

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El PSOE ha defendido al expresidente y ha señalado que la derecha y la ultraderecha no le han "perdonado" los "avances" de sus políticas. Del mismo modo, los socalistas han replicado la frase de "el que pueda hacer, que haga". Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que se ha quedado "de piedra" y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".

Desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado ha calificado la imputación de "extrema gravedad" y ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera "principal consejero" de Zapatero. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que el PSOE ha "colapsado" tras la imputación y ha pedido elecciones anticipadas. Por último, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha expresado dudas sobre la decisión de imputar al expresidente.

La investigación continúa abierta mientras el Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene activas las diligencias en torno al rescate de Plus Ultra y sus posibles ramificaciones económicas y societarias, a la espera de la comparecencia del expresidente el próximo 2 de junio.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio, en el marco de una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa se centra en supuestos cobros de comisiones ilegales vinculados al rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

La decisión se enmarca en una investigación dirigida por el juez José Luis Calama, que ha impulsado diversas diligencias en los últimos meses. En este contexto, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han practicado registros en el despacho del expresidente del Gobierno, situado en la calle Ferraz de Madrid, así como en las sedes de tres empresas relacionadas con el entorno del caso.

Entre las sociedades registradas figuran "What the fav", agencia de publicidad propiedad de las hijas del exmandatario, "Softgestor", dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, e "Inteligencia Prospectiva". En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información al no encontrarse operativa en el momento de la actuación policial. Además, se han emitido requerimientos de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el marco de las diligencias ordenadas por el juez instructor.

La investigación se centra en un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. Según las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, en 2024 se detectaron indicios de que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear fondos presuntamente procedentes de corrupción en Venezuela, lo que amplió el alcance del procedimiento.

El caso tiene antecedentes en un juzgado de instrucción de Madrid, donde inicialmente se investigó el rescate de la aerolínea, aunque la causa fue archivada posteriormente con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, la reapertura del procedimiento a instancias de la Fiscalía Anticorrupción llevó a su traslado a la Audiencia Nacional, donde se han reactivado las diligencias tras más de un año de nuevas pesquisas.

Las reacciones

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El PSOE ha defendido al expresidente y ha señalado que la derecha y la ultraderecha no le han "perdonado" los "avances" de sus políticas. Del mismo modo, los socalistas han replicado la frase de "el que pueda hacer, que haga". Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que se ha quedado "de piedra" y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado".

Desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado ha calificado la imputación de "extrema gravedad" y ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que considera "principal consejero" de Zapatero. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que el PSOE ha "colapsado" tras la imputación y ha pedido elecciones anticipadas. Por último, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha expresado dudas sobre la decisión de imputar al expresidente.

La investigación continúa abierta mientras el Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene activas las diligencias en torno al rescate de Plus Ultra y sus posibles ramificaciones económicas y societarias, a la espera de la comparecencia del expresidente el próximo 2 de junio.

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