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El Gobierno ha dado este martes el primer paso para reformar la legislación española sobre asilo y extranjería con la aprobación en primera vuelta de ambos anteproyectos de ley. Las iniciativas pretenden adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024 y, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, establecer un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y garantista" que permita responder mejor a la realidad migratoria sin reducir las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
La reforma llega después de la crisis migratoria registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando, según las cifras aportadas por el Gobierno, alrededor de 80.000 personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma. El Ejecutivo sostiene que las nuevas normas incorporarán un "enfoque garantista" basado en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y permitirán adecuar los procedimientos españoles a las nuevas exigencias europeas.
En materia de asilo, Marlaska ha explicado que el futuro texto actualizará y precisará las definiciones relacionadas con la protección internacional, el estatuto del refugiado y la protección subsidiaria. También incluirá expresamente situaciones de persecución vinculadas al género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. La futura legislación distinguirá entre un procedimiento ordinario y otro acelerado para examinar las solicitudes, con un plazo de resolución de tres meses en este último caso.
La nueva norma
La norma contempla además un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento europeo y de aplicación obligatoria en determinados supuestos. Este mecanismo tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas y durante su tramitación el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Según Interior, se trata de una medida que se aplica antes de autorizar formalmente la entrada en España y que facilita el retorno cuando la petición de protección internacional sea denegada.
La reforma de la Ley de Extranjería incorpora, por su parte, la figura del triaje para las personas migrantes que entren en España sin haber pasado por los controles fronterizos. El proceso incluye la identificación, la recogida de datos biométricos, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, una inspección de seguridad y la posterior derivación al procedimiento que corresponda. Aunque la normativa europea establece un periodo de hasta siete días, España mantendrá el plazo de 72 horas, ampliable únicamente mediante decisión judicial, con el objetivo de reducir el tiempo de permanencia en las instalaciones policiales.
Nuevo choque entre Robles y Marlaska
En paralelo a la aprobación de los anteproyectos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en el Congreso la actuación de los servicios de inteligencia durante la crisis de Ceuta. Robles ha asegurado que el CNI y el CIFAS realizaron en la ciudad la labor que les era "exigible" y que sus actuaciones fueron compartidas y analizadas con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno. También ha felicitado a los servicios de inteligencia y, "muy en particular", a los 25 miembros del CNI destinados en Ceuta, que, según ha explicado, monitorizan diariamente la situación desde diferentes perspectivas.
Las palabras de Robles han coincidido con una versión diferente ofrecida por Marlaska sobre la existencia de información previa acerca de una posible entrada masiva. El ministro ha asegurado que "no había ningún informe del CNI que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que ocurrió" y ha defendido el trabajo realizado por los servicios de información. Marlaska ha insistido en que "ningún servicio de información de países amigos ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido", al tiempo que se ha preguntado si, de haberse detectado una situación de esas características, no se habría comunicado a las más altas instancias.
Robles ha señalado que la crisis demuestra las dificultades de los servicios de seguridad para reaccionar ante entradas masivas y ha advertido de que resulta complicado impedir físicamente la llegada de cientos o miles de personas mediante el uso de la fuerza. La ministra ha defendido la necesidad de extraer conclusiones de lo sucedido y de articular una política "integral y coordinada" en el ámbito de la Unión Europea que combine el control de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y las vidas de los migrantes. También ha reiterado que Ceuta y Melilla son España y que el Gobierno no permitirá que los valores de convivencia y tolerancia de ambas ciudades "se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva". Robles ha expresado además su solidaridad con las familias del centenar de personas que perdieron la vida durante aquellos días y ha pedido perdón a los ceutíes que pudieran haberse sentido "abandonados o no suficientemente acompañados", asegurando que el Gobierno no les abandonará.
El Gobierno ha dado este martes el primer paso para reformar la legislación española sobre asilo y extranjería con la aprobación en primera vuelta de ambos anteproyectos de ley. Las iniciativas pretenden adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024 y, según ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, establecer un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y garantista" que permita responder mejor a la realidad migratoria sin reducir las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
La reforma llega después de la crisis migratoria registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando, según las cifras aportadas por el Gobierno, alrededor de 80.000 personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma. El Ejecutivo sostiene que las nuevas normas incorporarán un "enfoque garantista" basado en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y permitirán adecuar los procedimientos españoles a las nuevas exigencias europeas.
En materia de asilo, Marlaska ha explicado que el futuro texto actualizará y precisará las definiciones relacionadas con la protección internacional, el estatuto del refugiado y la protección subsidiaria. También incluirá expresamente situaciones de persecución vinculadas al género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. La futura legislación distinguirá entre un procedimiento ordinario y otro acelerado para examinar las solicitudes, con un plazo de resolución de tres meses en este último caso.
La nueva norma
La norma contempla además un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento europeo y de aplicación obligatoria en determinados supuestos. Este mecanismo tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas y durante su tramitación el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Según Interior, se trata de una medida que se aplica antes de autorizar formalmente la entrada en España y que facilita el retorno cuando la petición de protección internacional sea denegada.
La reforma de la Ley de Extranjería incorpora, por su parte, la figura del triaje para las personas migrantes que entren en España sin haber pasado por los controles fronterizos. El proceso incluye la identificación, la recogida de datos biométricos, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, una inspección de seguridad y la posterior derivación al procedimiento que corresponda. Aunque la normativa europea establece un periodo de hasta siete días, España mantendrá el plazo de 72 horas, ampliable únicamente mediante decisión judicial, con el objetivo de reducir el tiempo de permanencia en las instalaciones policiales.
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En paralelo a la aprobación de los anteproyectos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en el Congreso la actuación de los servicios de inteligencia durante la crisis de Ceuta. Robles ha asegurado que el CNI y el CIFAS realizaron en la ciudad la labor que les era "exigible" y que sus actuaciones fueron compartidas y analizadas con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno. También ha felicitado a los servicios de inteligencia y, "muy en particular", a los 25 miembros del CNI destinados en Ceuta, que, según ha explicado, monitorizan diariamente la situación desde diferentes perspectivas.
Las palabras de Robles han coincidido con una versión diferente ofrecida por Marlaska sobre la existencia de información previa acerca de una posible entrada masiva. El ministro ha asegurado que "no había ningún informe del CNI que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que ocurrió" y ha defendido el trabajo realizado por los servicios de información. Marlaska ha insistido en que "ningún servicio de información de países amigos ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido", al tiempo que se ha preguntado si, de haberse detectado una situación de esas características, no se habría comunicado a las más altas instancias.
Robles ha señalado que la crisis demuestra las dificultades de los servicios de seguridad para reaccionar ante entradas masivas y ha advertido de que resulta complicado impedir físicamente la llegada de cientos o miles de personas mediante el uso de la fuerza. La ministra ha defendido la necesidad de extraer conclusiones de lo sucedido y de articular una política "integral y coordinada" en el ámbito de la Unión Europea que combine el control de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y las vidas de los migrantes. También ha reiterado que Ceuta y Melilla son España y que el Gobierno no permitirá que los valores de convivencia y tolerancia de ambas ciudades "se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva". Robles ha expresado además su solidaridad con las familias del centenar de personas que perdieron la vida durante aquellos días y ha pedido perdón a los ceutíes que pudieran haberse sentido "abandonados o no suficientemente acompañados", asegurando que el Gobierno no les abandonará.
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