José Ortiz, ex alcalde de Vejer de la Frontera, acudirá a declarar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 el próximo 16 de septiembre en calidad de investigado.
Así lo suscribe el requerimiento del Ministerio Fiscal según ha informado la Agencia Efe, por una denuncia presentada por una trabajadora del Ayuntamiento vejeriego contra el político, acusado de prevaricación y malversación de dinero público. Además de Ortiz, también tendrá que acudir a la cita el alcalde actual, Manuel Flor, el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, y cuatro ediles populares.
La denuncia, presentada por el bufete de Abogados Dávila y Asociados, con fecha de noviembre de 2014, se incluye un informe de la interventora municipal donde explica una serie de contrataciones públicas que pueden tener "indicios suficientes para la apertura de una causa penal e investigación".
De esa forma, en el informe, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, la interventora alerta de una actividad "más que sospechosa" por la emisión de facturas del consistorio, en contra del procedimiento administrativo en materia de contratación y subvenciones, lo que podría llevar a un "delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".
Las facturas que se incluyen, pueden llevar a la implicación de once presuntas irregularidades por parte del equipo de gobierno de Vejer que lideraba Ortiz, regidor hasta que renunció al cargo para ser diputado en el Congreso por Cádiz en 2019.
Sobre las irregularidades, hay cuatro contratos a la empresa Autos Gonzalo por "servicio urbano tercera edad pedanías" sin que haya constancia de este servicio, del que se cree que se ha "troceado" para la adjucación de contratos menores. Asimismo, hay contratos adjudicados a la constructora Manuel Alba, con dos facturas de 50.000 euros cada una, cuando "por su naturaleza deberían integrarse en un único objeto".
El bufete Dávila y Asociados estima las irregularidades en inhabilitación para empleo o cargo público de 7 a 10 años por prevaricación y penas que oscilan entre los tres y seis años de cárcel por sustracción de caudales públicos y de cuatro a ocho años de prisión por malversación.
Ortiz niega la citación judicial: "A mí nadie me ha llamado"
Horas después, en declaraciones a Efe, José Ortiz ha expresado que "nadie me ha llamado a declarar y después de siete años tengo muchas ganas, para dar carpetazo a este asunto". Al mismo tiempo, el diputado popular ha defendido que "muchas de estas cuestiones son del anterior gobierno socialista y por cuestiones puramente administrativas"
Ortiz asegura que el anterior alcalde socialista "también ha sido llamado a declarar por obras y servicios de su etapa" y ha recordado su condición de aforado como diputado nacional, que le exime de acudir ante el juez. "El juzgado está recabando información. Si ven algo en mí, ya me llamarán", concluye.
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