El delegado territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha resuelto “No admitir a trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada el Plan Parcial de Ordenación del sector SUS LI 02 Valdevaqueros en el término municipal de Tarifa”. La resolución de la delegación considera el proyecto incompatible con las normas ambientales y sentencias del Tribunal Supremo.
Tras la anulación del macroproyecto urbanístico de Valdevaqueros, tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como por el Tribunal Supremo (TS), a raíz de un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, los nuevos propietarios de los terrenos presentaron un proyecto más reducido, pero que seguía manteniendo como urbanizable un amplio sector del Parque Natural del Estrecho, también incluido en una Zona de Especial Conservación, protegida a nivel europeo, y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, declarada por la Unesco. Es decir, se pretende mantener como urbanizable un terreno que cuenta con una amplia protección nacional e internacional. Esta protección de que goza la ensenada de Valdevaqueros fue una de las causas esgrimidas por los tribunales para anular el anterior Plan Parcial aprobado en 2012 por el Ayuntamiento de Tarifa.
El Plan Parcial de Valdevaqueros anulado pretendía construir una macrourbanización de 740.000 metros cuadrados junto a la playa y a su famosa duna, con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras, lo que provocaría un impacto brutal e irreversible en uno de los litorales más valiosos del sur de Europa. El hecho de que se hayan reducido las previsiones de esta urbanización en el nuevo proyecto denominado Montevaqueros –que contempla la construcción de 60 viviendas y 240 plazas hoteleras- es ya un éxito del movimiento ecologista, pues los promotores son conscientes del alto grado de rechazo existente en la ciudadanía a la urbanización del litoral, máxime en una zona de tanto valor ecológico y paisajístico como es Valdevaqueros.
Ecologistas en Acción manifiesta públicamente su satisfacción ante esta decisión de la Junta de Andalucía, que viene a reconocer que no todo vale en los espacios naturales protegidos, y que hay que cumplir con las normas ambientales estatales y comunitarias, así como con las sentencias judiciales, lo que hasta ahora no se había hecho.
El alcalde de Tarifa ha fracasado en su intento de seguir desarrollando un Plan General de Ordenación Urbana desfasado, que data de 1990, inviable y condenado al fracaso, reseñan los ecologistas. "Este PGOU es fiel ejemplo de la burbuja inmobiliaria que se desarrolló en nuestro país y que nos llevó a la crisis, con dramáticas consecuencias sociales y ambientales. Como ejemplo de este delirio especulativo, baste decir que el actual PGOU prevé 8 grandes urbanizaciones en el valioso y único litoral tarifeño, con una superficie de 5.688.627 metros", apuntan.
Ecologistas en Acción viene demandando insistentemente la revisión del PGOU para desclasificar estos terrenos, propuesta que fue apoyada por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, pero que el alcalde ha ignorado, por lo que hace un llamamiento al Ayuntamiento para que impulse de una vez la revisión del PGOU para anular el modelo expansivo por el litoral, incompatible con la actual normativa ambiental y territorial, potencie los actuales núcleos urbanos y proteja su valioso litoral, que es su principal recurso social, ambiental y económico.
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