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Las aulas todavía están vacías, pero los profesores ya están dentro. Este 1 de septiembre comienza el curso 2026/2027 para los casi 130.000 docentes andaluces, varios días antes de que niños y adolescentes vuelvan a ocupar pupitres y pasillos. Empiezan las reuniones, el reparto de tutorías, la elaboración de horarios, la organización de departamentos y ciclos y la preparación de unas clases que progresivamente recuperarán su actividad habitual. Pero este septiembre llega con una novedad. Sobre las mesas de profesores y equipos directivos debería haber, al menos sobre el papel, menos papeleo.
El Gobierno andaluz acaba de aprobar una reforma destinada a reducir las tareas burocráticas en colegios e institutos, simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y proporcionar mayor autonomía organizativa a los centros. Una vieja reclamación del profesorado que llega justo cuando comienza un nuevo curso y que ha sido recibida de manera desigual entre quienes cada mañana tienen que aplicar sobre el terreno las decisiones de la Administración. Hay profesores que hablan de "balón de oxígeno", otros reclaman esperar para comprobar si la reducción administrativa se produce realmente y también quienes consideran que el debate está desviando la mirada de problemas más importantes de la educación pública.
José Teodoro, profesor de Lengua Castellana y Literatura de ESO y Bachillerato en un instituto público de Sevilla, recibe favorablemente las medidas después de ocho años ejerciendo como docente: "Una parte importante de nuestro tiempo no se dedica a preparar clases, atender al alumnado, coordinarnos con las familias o diseñar actividades, sino a cumplimentar documentos, registros, informes y procedimientos administrativos que, en muchas ocasiones, aportan poco valor real al proceso educativo", explica.
No cuestiona la necesidad de planificar, evaluar o dejar constancia del trabajo realizado. El problema, sostiene, aparece cuando el procedimiento administrativo termina desplazando al trabajo pedagógico: "La burocracia no es mala en sí misma. Necesitamos planificación, evaluación, coordinación y mecanismos que garanticen que nuestro trabajo se hace con rigor. El problema aparece cuando la documentación se convierte en un fin en sí mismo y terminamos dedicando más tiempo a demostrar que hemos hecho algo que a hacerlo".
Recuperar tiempo para enseñar
Esa es una de las grandes promesas con las que comienza el curso. La nueva regulación pretende simplificar proyectos educativos y programaciones didácticas, evitar la repetición de información y reducir determinados procedimientos administrativos que durante años han terminado formando parte de la rutina de los centros. Pero detrás del lenguaje administrativo existe algo mucho más sencillo: tiempo.
"Para un docente, recuperar una hora de trabajo no significa simplemente tener una hora más libre: puede significar una hora para preparar mejor una clase, adaptar una actividad a un alumno que lo necesita, corregir con mayor profundidad, reunirse con un compañero para coordinar una intervención o atender a una familia", señala José Teodoro. En asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, añade, evaluar la competencia comunicativa de un estudiante, trabajar adecuadamente la lectura y la escritura o preparar una situación de aprendizaje requiere reflexión y conocimiento del alumnado. Un trabajo difícil de medir en formularios, pero que constituye una parte esencial de la profesión.
La reducción del papeleo podría tener además un efecto menos visible: rebajar el desgaste acumulado por los docentes. "Uno de los aspectos que más desgasta a un profesor no es únicamente la carga lectiva, sino la sensación de que una parte excesiva de su trabajo se pierde en procedimientos administrativos que no repercuten directamente en los alumnos", sostiene.
Su respaldo, sin embargo, no supone defender la desaparición de controles o de los instrumentos necesarios para garantizar una evaluación rigurosa: "Si un mismo dato se introduce en varios documentos o plataformas, o si se elaboran informes que nadie consulta posteriormente, es evidente que existe margen para mejorar", resume.
"No somos gestores de ninguna sucursal"
Más contundente es María, profesora de un instituto de Carmona y miembro de un equipo directivo. Para quienes además de impartir clase tienen responsabilidades en la organización cotidiana de un centro, asegura, el volumen de documentación ha terminado ocupando demasiadas horas. La reforma, reconoce, le ha "devuelto el optimismo": "Quienes estamos al frente de un centro educativo sabemos perfectamente que el papeleo es infinito. Las duplicidades y las plataformas, a veces saturadas, se comen cada día el tiempo que deberíamos dedicar a lo verdaderamente importante, que son nuestros alumnos".
Y resume su posición en una frase: "No somos gestores de ninguna sucursal, somos líderes pedagógicos". María considera que la reforma puede convertirse en "un balón de oxígeno" si consigue trasladarse efectivamente al funcionamiento cotidiano de colegios e institutos. "Menos tiempo rellenando informes significa más tiempo para planificar las clases y atender la diversidad de las aulas", defiende. Dentro de esa recuperación del tiempo sitúa especialmente la tutoría, una función que considera fundamental durante Secundaria y Bachillerato.
"Los alumnos necesitan que los escuchemos, los orientemos y los acompañemos, no que estemos continuamente rellenando carpetas sobre ellos", añade. También recibe favorablemente la mayor capacidad organizativa concedida a los propios centros. Para María, proporcionar flexibilidad a los equipos docentes supone reconocer que las necesidades educativas no son idénticas en todos los colegios e institutos. "Nadie conoce mejor las necesidades de nuestros alumnos que el propio equipo del centro", señala.
El contrapunto: "Las medidas son insuficientes"
Rosa, maestra de Educación Primaria en Marchena, cuestiona que las medidas anunciadas vayan a solucionar los problemas que diariamente encuentran muchos centros públicos: "Es insuficiente. Está muy bonito en el papel, pero las medidas son totalmente insuficientes", asevera. Su principal preocupación se encuentra en los recursos humanos y la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). A su juicio, reducir determinadas obligaciones u horas sin acompañar los cambios con suficiente personal puede provocar que el efecto termine recayendo precisamente sobre quienes necesitan una atención adicional.
Rosa pone como ejemplo la reducción de jornada acordada anteriormente. Según explica, la medida no habría venido acompañada en determinados centros por el incremento de plantilla necesario para mantener todas las horas destinadas al refuerzo. "Al final, el alumnado que más lo necesita, como el alumnado NEAE, se ha quedado con menos recursos", denuncia. La situación resulta especialmente preocupante, asegura, en localidades como la suya, Marchena, donde hay mucho alumnado con necesidades educativas y "pocas horas de especialistas que, por la reducción de jornada, se han perdido horas de refuerzo para este alumnado". Rosa cuestiona igualmente que pueda hablarse de una verdadera eliminación de burocracia si las tareas simplemente cambian de manos.
"No hay menos papeleo. Lo que se quiere es pasar los papeles de unos docentes a otros", denuncia. Esta docente reclama, por tanto, que cualquier política de desburocratización vaya acompañada de una reflexión sobre ratios, especialistas, refuerzos y plantillas. De lo contrario, considera que la simplificación administrativa corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones.
¿Qué entendemos por burocracia?
Todavía más crítico con el planteamiento es un inspector de Educación en ejercicio, consultado por lavozdelsur.es, que introduce una cuestión diferente: dónde termina realmente la burocracia y dónde comienzan las obligaciones inherentes al trabajo docente. "El problema de la docencia no es la burocracia. ¿Que pesa? Sí. Pero habría que preguntarse qué entendemos por burocracia", plantea.
El funcionario recurre a su propia trayectoria profesional. Comenzó como docente con 24 años y recuerda una escuela en la que los horarios podían confeccionarse "con chinchetas", las actas se realizaban manualmente y prácticamente toda la gestión administrativa dependía del papel. La situación, argumenta, ha cambiado sustancialmente con la digitalización: "Hoy tenemos Séneca, el cuaderno de Séneca, tutorías electrónicas y trabajo telemático. Toda esa digitalización ha quitado muchísimo trabajo administrativo", afirma. Su preocupación está en que bajo el concepto de desburocratización terminen incorporándose tareas que, a su juicio, forman parte esencial de la profesión.
"La tutoría no la considero burocracia. Estar encima de un chaval, comunicar con la familia, la atención a la diversidad o la evaluación no son burocracia", sostiene. Para este inspector, simplificar duplicidades puede ser razonable, pero reducir la intervención del docente sería un error. Especialmente en un momento en el que considera necesario recuperar la relación directa entre profesor, alumno y familia. "Todos sabemos que un buen tutor puede hacer que un grupo complejo sea extraordinario". Por eso recibe con cautela la reforma y reclama analizar qué procedimientos desaparecen realmente y cuáles simplemente se reformulan. Su primera impresión es contundente: "Es más marketing que otra cosa".
Así, considera que existe el riesgo de presentar determinadas responsabilidades docentes como cargas administrativas cuando requieren inevitablemente horas de trabajo. "Se nos está olvidando qué es ser un buen docente y un buen docente tiene horas de trabajo", advierte.
Convivencia, acoso y consejos escolares
La reforma que comienza a aplicarse este curso va, además, más allá de las programaciones y los documentos. Entre las medidas planteadas aparecen cambios relacionados con la convivencia escolar, la autonomía de los centros, la acción tutorial o el funcionamiento de los consejos escolares. María destaca especialmente el refuerzo de las herramientas disponibles ante situaciones graves de convivencia y acoso escolar. "El refuerzo de las medidas disciplinarias y el cambio de centro para los agresores nos aporta seguridad jurídica", sostiene.
No obstante, cree que todavía queda margen para avanzar. "Hay que seguir trabajando para actuar con más rapidez y eficacia, proteger sobre todo a las víctimas y garantizar un entorno seguro". También valora la simplificación de los procesos electorales de los consejos escolares y la posibilidad de facilitar mecanismos telemáticos de participación. Una cuestión aparentemente menor desde fuera de los centros, pero que, según explica, puede consumir numerosas horas de organización a los equipos directivos cada vez que deben renovarse estos órganos.
Un curso que comienza con una vieja discusión
Las posiciones enfrentadas muestran que la burocracia educativa no admite una lectura sencilla. Para una parte del profesorado, eliminar documentos repetidos y procedimientos poco útiles permitirá recuperar horas que deberían destinarse a preparar clases, corregir, atender individualmente a los estudiantes o hablar con sus familias. Para otros, la cuestión fundamental no está en los formularios, sino en garantizar suficientes docentes, especialistas y recursos. Y existe una tercera posición que advierte de otro peligro: considerar burocráticas responsabilidades que forman parte inseparable del trabajo de enseñar.
La posición de Rosa coincide con la valoración realizada por USTEA, que considera que el decreto puede introducir mejoras concretas, pero resulta insuficiente mientras la simplificación administrativa no vaya acompañada de cambios estructurales. El sindicato reclama un aumento estable de las plantillas docentes, una reducción de las ratios en todas las etapas y una disminución del horario lectivo, al entender que el número de alumnos y las horas de clase determinan directamente el tiempo disponible para corregir, preparar las clases, realizar tutorías o atender individualmente a los estudiantes.
La organización sindical habla, de hecho, de una "desburocratización a coste cero" y advierte de que suprimir órganos o redistribuir funciones no implica necesariamente que desaparezca el trabajo administrativo. "Menos autobombo y más recursos", reclama USTEA, que pide además reforzar el personal de administración y servicios y mejorar herramientas como Séneca e iPasen para evitar que la digitalización termine trasladando nuevas tareas hacia profesores y equipos directivos. Para el sindicato, el resultado deberá medirse precisamente en aquello que promete la reforma: cuánto tiempo recuperan realmente los docentes para enseñar, coordinarse y atender a alumnos y familias.
A las críticas sobre los recursos se ha sumado este mismo 1 de septiembre CCOO, que ha aprovechado el comienzo del curso para reclamar a la Consejería de Desarrollo Educativo un “gran acuerdo” que permita reforzar la educación pública andaluza. El sindicato pone especialmente el foco en la situación de los alrededor de 2.000 trabajadores del personal técnico en integración social (PTIS) externalizado, encargados de acompañar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Según denuncia, estos profesionales vuelven a afrontar jornadas parciales, recortes y periodos de desempleo durante el verano, pese al carácter estructural de su trabajo.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, cuestiona además que este personal no se incorpore a los centros el 1 de septiembre junto al resto de profesionales. “Es una discriminación injustificable que perjudica tanto a los profesionales como a los menores”, sostiene. Para el sindicato, su ausencia durante los primeros días provoca descoordinación, retrasos y problemas en la atención de los estudiantes que necesitan mayores apoyos, precisamente uno de los aspectos sobre los que también advierten las voces más críticas con el comienzo del nuevo curso.
CCOO reclama contratos estables durante todo el año, jornadas ajustadas a las necesidades reales de cada centro y la incorporación del PTIS desde el primer día de septiembre, además de una revisión del actual modelo de externalización. El sindicato advierte incluso de movilizaciones si no se producen avances. De este modo, mientras la Junta comienza el curso poniendo el acento en la simplificación administrativa, las organizaciones sindicales desplazan parte del debate hacia una cuestión más material: si menos burocracia será suficiente sin más personal, mejores condiciones laborales y recursos capaces de sostener la atención individualizada que se reclama para las aulas.
El debate comienza este mismo 1 de septiembre. Los profesores vuelven hoy a colegios e institutos. Los alumnos todavía tardarán unos días en hacerlo. Antes habrá que preparar horarios, organizar grupos, repartir tutorías, coordinar departamentos, revisar programaciones y poner nuevamente en marcha una maquinaria que permaneció ralentizada durante el verano. La Administración les promete ahora menos papeles y más autonomía. José Teodoro prefiere medir el éxito de la reforma con un criterio bastante más sencillo que cualquier estadística administrativa: "Cuando un profesor recupera tiempo, el más beneficiado debería ser el alumno".
A partir de este septiembre serán los propios docentes quienes comprueben si la promesa termina cumpliéndose. Porque, eliminado o no el papeleo, el verdadero examen de la reforma estará nuevamente donde empieza cada curso: dentro del aula.
Las aulas todavía están vacías, pero los profesores ya están dentro. Este 1 de septiembre comienza el curso 2026/2027 para los casi 130.000 docentes andaluces, varios días antes de que niños y adolescentes vuelvan a ocupar pupitres y pasillos. Empiezan las reuniones, el reparto de tutorías, la elaboración de horarios, la organización de departamentos y ciclos y la preparación de unas clases que progresivamente recuperarán su actividad habitual. Pero este septiembre llega con una novedad. Sobre las mesas de profesores y equipos directivos debería haber, al menos sobre el papel, menos papeleo.
El Gobierno andaluz acaba de aprobar una reforma destinada a reducir las tareas burocráticas en colegios e institutos, simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y proporcionar mayor autonomía organizativa a los centros. Una vieja reclamación del profesorado que llega justo cuando comienza un nuevo curso y que ha sido recibida de manera desigual entre quienes cada mañana tienen que aplicar sobre el terreno las decisiones de la Administración. Hay profesores que hablan de "balón de oxígeno", otros reclaman esperar para comprobar si la reducción administrativa se produce realmente y también quienes consideran que el debate está desviando la mirada de problemas más importantes de la educación pública.
José Teodoro, profesor de Lengua Castellana y Literatura de ESO y Bachillerato en un instituto público de Sevilla, recibe favorablemente las medidas después de ocho años ejerciendo como docente: "Una parte importante de nuestro tiempo no se dedica a preparar clases, atender al alumnado, coordinarnos con las familias o diseñar actividades, sino a cumplimentar documentos, registros, informes y procedimientos administrativos que, en muchas ocasiones, aportan poco valor real al proceso educativo", explica.
No cuestiona la necesidad de planificar, evaluar o dejar constancia del trabajo realizado. El problema, sostiene, aparece cuando el procedimiento administrativo termina desplazando al trabajo pedagógico: "La burocracia no es mala en sí misma. Necesitamos planificación, evaluación, coordinación y mecanismos que garanticen que nuestro trabajo se hace con rigor. El problema aparece cuando la documentación se convierte en un fin en sí mismo y terminamos dedicando más tiempo a demostrar que hemos hecho algo que a hacerlo".
Recuperar tiempo para enseñar
Esa es una de las grandes promesas con las que comienza el curso. La nueva regulación pretende simplificar proyectos educativos y programaciones didácticas, evitar la repetición de información y reducir determinados procedimientos administrativos que durante años han terminado formando parte de la rutina de los centros. Pero detrás del lenguaje administrativo existe algo mucho más sencillo: tiempo.
"Para un docente, recuperar una hora de trabajo no significa simplemente tener una hora más libre: puede significar una hora para preparar mejor una clase, adaptar una actividad a un alumno que lo necesita, corregir con mayor profundidad, reunirse con un compañero para coordinar una intervención o atender a una familia", señala José Teodoro. En asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, añade, evaluar la competencia comunicativa de un estudiante, trabajar adecuadamente la lectura y la escritura o preparar una situación de aprendizaje requiere reflexión y conocimiento del alumnado. Un trabajo difícil de medir en formularios, pero que constituye una parte esencial de la profesión.
La reducción del papeleo podría tener además un efecto menos visible: rebajar el desgaste acumulado por los docentes. "Uno de los aspectos que más desgasta a un profesor no es únicamente la carga lectiva, sino la sensación de que una parte excesiva de su trabajo se pierde en procedimientos administrativos que no repercuten directamente en los alumnos", sostiene.
Su respaldo, sin embargo, no supone defender la desaparición de controles o de los instrumentos necesarios para garantizar una evaluación rigurosa: "Si un mismo dato se introduce en varios documentos o plataformas, o si se elaboran informes que nadie consulta posteriormente, es evidente que existe margen para mejorar", resume.
"No somos gestores de ninguna sucursal"
Más contundente es María, profesora de un instituto de Carmona y miembro de un equipo directivo. Para quienes además de impartir clase tienen responsabilidades en la organización cotidiana de un centro, asegura, el volumen de documentación ha terminado ocupando demasiadas horas. La reforma, reconoce, le ha "devuelto el optimismo": "Quienes estamos al frente de un centro educativo sabemos perfectamente que el papeleo es infinito. Las duplicidades y las plataformas, a veces saturadas, se comen cada día el tiempo que deberíamos dedicar a lo verdaderamente importante, que son nuestros alumnos".
Y resume su posición en una frase: "No somos gestores de ninguna sucursal, somos líderes pedagógicos". María considera que la reforma puede convertirse en "un balón de oxígeno" si consigue trasladarse efectivamente al funcionamiento cotidiano de colegios e institutos. "Menos tiempo rellenando informes significa más tiempo para planificar las clases y atender la diversidad de las aulas", defiende. Dentro de esa recuperación del tiempo sitúa especialmente la tutoría, una función que considera fundamental durante Secundaria y Bachillerato.
"Los alumnos necesitan que los escuchemos, los orientemos y los acompañemos, no que estemos continuamente rellenando carpetas sobre ellos", añade. También recibe favorablemente la mayor capacidad organizativa concedida a los propios centros. Para María, proporcionar flexibilidad a los equipos docentes supone reconocer que las necesidades educativas no son idénticas en todos los colegios e institutos. "Nadie conoce mejor las necesidades de nuestros alumnos que el propio equipo del centro", señala.
El contrapunto: "Las medidas son insuficientes"
Rosa, maestra de Educación Primaria en Marchena, cuestiona que las medidas anunciadas vayan a solucionar los problemas que diariamente encuentran muchos centros públicos: "Es insuficiente. Está muy bonito en el papel, pero las medidas son totalmente insuficientes", asevera. Su principal preocupación se encuentra en los recursos humanos y la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). A su juicio, reducir determinadas obligaciones u horas sin acompañar los cambios con suficiente personal puede provocar que el efecto termine recayendo precisamente sobre quienes necesitan una atención adicional.
Rosa pone como ejemplo la reducción de jornada acordada anteriormente. Según explica, la medida no habría venido acompañada en determinados centros por el incremento de plantilla necesario para mantener todas las horas destinadas al refuerzo. "Al final, el alumnado que más lo necesita, como el alumnado NEAE, se ha quedado con menos recursos", denuncia. La situación resulta especialmente preocupante, asegura, en localidades como la suya, Marchena, donde hay mucho alumnado con necesidades educativas y "pocas horas de especialistas que, por la reducción de jornada, se han perdido horas de refuerzo para este alumnado". Rosa cuestiona igualmente que pueda hablarse de una verdadera eliminación de burocracia si las tareas simplemente cambian de manos.
"No hay menos papeleo. Lo que se quiere es pasar los papeles de unos docentes a otros", denuncia. Esta docente reclama, por tanto, que cualquier política de desburocratización vaya acompañada de una reflexión sobre ratios, especialistas, refuerzos y plantillas. De lo contrario, considera que la simplificación administrativa corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones.
¿Qué entendemos por burocracia?
Todavía más crítico con el planteamiento es un inspector de Educación en ejercicio, consultado por lavozdelsur.es, que introduce una cuestión diferente: dónde termina realmente la burocracia y dónde comienzan las obligaciones inherentes al trabajo docente. "El problema de la docencia no es la burocracia. ¿Que pesa? Sí. Pero habría que preguntarse qué entendemos por burocracia", plantea.
El funcionario recurre a su propia trayectoria profesional. Comenzó como docente con 24 años y recuerda una escuela en la que los horarios podían confeccionarse "con chinchetas", las actas se realizaban manualmente y prácticamente toda la gestión administrativa dependía del papel. La situación, argumenta, ha cambiado sustancialmente con la digitalización: "Hoy tenemos Séneca, el cuaderno de Séneca, tutorías electrónicas y trabajo telemático. Toda esa digitalización ha quitado muchísimo trabajo administrativo", afirma. Su preocupación está en que bajo el concepto de desburocratización terminen incorporándose tareas que, a su juicio, forman parte esencial de la profesión.
"La tutoría no la considero burocracia. Estar encima de un chaval, comunicar con la familia, la atención a la diversidad o la evaluación no son burocracia", sostiene. Para este inspector, simplificar duplicidades puede ser razonable, pero reducir la intervención del docente sería un error. Especialmente en un momento en el que considera necesario recuperar la relación directa entre profesor, alumno y familia. "Todos sabemos que un buen tutor puede hacer que un grupo complejo sea extraordinario". Por eso recibe con cautela la reforma y reclama analizar qué procedimientos desaparecen realmente y cuáles simplemente se reformulan. Su primera impresión es contundente: "Es más marketing que otra cosa".
Así, considera que existe el riesgo de presentar determinadas responsabilidades docentes como cargas administrativas cuando requieren inevitablemente horas de trabajo. "Se nos está olvidando qué es ser un buen docente y un buen docente tiene horas de trabajo", advierte.
Convivencia, acoso y consejos escolares
La reforma que comienza a aplicarse este curso va, además, más allá de las programaciones y los documentos. Entre las medidas planteadas aparecen cambios relacionados con la convivencia escolar, la autonomía de los centros, la acción tutorial o el funcionamiento de los consejos escolares. María destaca especialmente el refuerzo de las herramientas disponibles ante situaciones graves de convivencia y acoso escolar. "El refuerzo de las medidas disciplinarias y el cambio de centro para los agresores nos aporta seguridad jurídica", sostiene.
No obstante, cree que todavía queda margen para avanzar. "Hay que seguir trabajando para actuar con más rapidez y eficacia, proteger sobre todo a las víctimas y garantizar un entorno seguro". También valora la simplificación de los procesos electorales de los consejos escolares y la posibilidad de facilitar mecanismos telemáticos de participación. Una cuestión aparentemente menor desde fuera de los centros, pero que, según explica, puede consumir numerosas horas de organización a los equipos directivos cada vez que deben renovarse estos órganos.
Un curso que comienza con una vieja discusión
Las posiciones enfrentadas muestran que la burocracia educativa no admite una lectura sencilla. Para una parte del profesorado, eliminar documentos repetidos y procedimientos poco útiles permitirá recuperar horas que deberían destinarse a preparar clases, corregir, atender individualmente a los estudiantes o hablar con sus familias. Para otros, la cuestión fundamental no está en los formularios, sino en garantizar suficientes docentes, especialistas y recursos. Y existe una tercera posición que advierte de otro peligro: considerar burocráticas responsabilidades que forman parte inseparable del trabajo de enseñar.
La posición de Rosa coincide con la valoración realizada por USTEA, que considera que el decreto puede introducir mejoras concretas, pero resulta insuficiente mientras la simplificación administrativa no vaya acompañada de cambios estructurales. El sindicato reclama un aumento estable de las plantillas docentes, una reducción de las ratios en todas las etapas y una disminución del horario lectivo, al entender que el número de alumnos y las horas de clase determinan directamente el tiempo disponible para corregir, preparar las clases, realizar tutorías o atender individualmente a los estudiantes.
La organización sindical habla, de hecho, de una "desburocratización a coste cero" y advierte de que suprimir órganos o redistribuir funciones no implica necesariamente que desaparezca el trabajo administrativo. "Menos autobombo y más recursos", reclama USTEA, que pide además reforzar el personal de administración y servicios y mejorar herramientas como Séneca e iPasen para evitar que la digitalización termine trasladando nuevas tareas hacia profesores y equipos directivos. Para el sindicato, el resultado deberá medirse precisamente en aquello que promete la reforma: cuánto tiempo recuperan realmente los docentes para enseñar, coordinarse y atender a alumnos y familias.
A las críticas sobre los recursos se ha sumado este mismo 1 de septiembre CCOO, que ha aprovechado el comienzo del curso para reclamar a la Consejería de Desarrollo Educativo un “gran acuerdo” que permita reforzar la educación pública andaluza. El sindicato pone especialmente el foco en la situación de los alrededor de 2.000 trabajadores del personal técnico en integración social (PTIS) externalizado, encargados de acompañar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Según denuncia, estos profesionales vuelven a afrontar jornadas parciales, recortes y periodos de desempleo durante el verano, pese al carácter estructural de su trabajo.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, cuestiona además que este personal no se incorpore a los centros el 1 de septiembre junto al resto de profesionales. “Es una discriminación injustificable que perjudica tanto a los profesionales como a los menores”, sostiene. Para el sindicato, su ausencia durante los primeros días provoca descoordinación, retrasos y problemas en la atención de los estudiantes que necesitan mayores apoyos, precisamente uno de los aspectos sobre los que también advierten las voces más críticas con el comienzo del nuevo curso.
CCOO reclama contratos estables durante todo el año, jornadas ajustadas a las necesidades reales de cada centro y la incorporación del PTIS desde el primer día de septiembre, además de una revisión del actual modelo de externalización. El sindicato advierte incluso de movilizaciones si no se producen avances. De este modo, mientras la Junta comienza el curso poniendo el acento en la simplificación administrativa, las organizaciones sindicales desplazan parte del debate hacia una cuestión más material: si menos burocracia será suficiente sin más personal, mejores condiciones laborales y recursos capaces de sostener la atención individualizada que se reclama para las aulas.
El debate comienza este mismo 1 de septiembre. Los profesores vuelven hoy a colegios e institutos. Los alumnos todavía tardarán unos días en hacerlo. Antes habrá que preparar horarios, organizar grupos, repartir tutorías, coordinar departamentos, revisar programaciones y poner nuevamente en marcha una maquinaria que permaneció ralentizada durante el verano. La Administración les promete ahora menos papeles y más autonomía. José Teodoro prefiere medir el éxito de la reforma con un criterio bastante más sencillo que cualquier estadística administrativa: "Cuando un profesor recupera tiempo, el más beneficiado debería ser el alumno".
A partir de este septiembre serán los propios docentes quienes comprueben si la promesa termina cumpliéndose. Porque, eliminado o no el papeleo, el verdadero examen de la reforma estará nuevamente donde empieza cada curso: dentro del aula.
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