El pasado 11 de octubre, la Subdelegación del Gobierno registró el escrito presentado por dos docentes en el que se pedía permiso para concentrarse el próximo 26 de octubre en Sevilla a las puertas del Parlamento de Andalucía.
Tras aprobarse dicha concentración, a las dos personas que cursan la petición se les comunican una serie de pautas. El referido día se celebra una sesión plenaria de los parlamentarios y se insta a los docentes a que se atienda a las instrucciones y normas que se impartan por los responsables de la seguridad perimetral de la institución parlamentaria.
Igualmente, se indica a los concentrados que deberán dejar expedito el acceso y salida de personas y vehículos a la sede parlamentaria, así como las vías de evacuación y salida de emergencias, no pudiendo obstaculizar el tráfico y dejando libre una vía de circulación al tráfico rodado para el paso de transportes públicos, servicios sanitarios y de emergencias.
También se avisa de que deben tener en cuenta que junto al Parlamento, se encuentra el Hospital Universitario Virgen Macarena, por lo que dicha movilización se deberá llevar a cabo de manera que no impida el normal funcionamiento de dicho centro hospitalario, debiendo permitir, en cualquier caso, el paso de personas y vehículos, así como servicios públicos y emergencias
Hasta aquí, se habían dado los pasos habituales para este tipo de movilizaciones: petición de permisos, seguros y reuniones con diferentes plataformas como Marea Verde y con algunos sindicatos. Sin embargo, lo que debería haber sido una reivindicación del movimiento de la bolsa de los docentes de Andalucía y de los refuerzos pedagógicos, comenzó a tener discrepancias y división de opiniones entre algunos docentes.
Algunos reflejaron en los diferentes grupos de WhatsApp que estaban en su derecho de decir lo que les pareciera y diera la gana en la concentración. Con un ambiente enrarecido y un punto importante de desunión, los dos docentes que cursaron la petición de concentración han decidido solicitar la desconvocatoria.
Ellos tendrían que responder penalmente si ocurriera algún percance y, tras ver que pueden verse perjudicados al no existir un frente común, han decidido no asumir tan gran responsabilidad.
En el correo que han dirigido a la Subdelegación del Gobierno exponen que el motivo de la desconvocatoria es "el nivel de crispación y agresividad que ha llevado a determinados individuos a manifestarnos su intención de no atender a las pautas que desde la organización hemos pretendido para que se diera –la manifestación– en condiciones óptimas y pacíficas. De este modo, y entendiendo que subsidiariamente la responsabilidad penal como organizadores recae sobre nosotros, desistimos de nuestra petición y solicitamos sean informadas las autoridades competentes de esta desconvocatoria".
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