Parece inevitable que este martes el Parlamento de Andalucía siga adelante con la proposición de ley que pretende la reordenación de los regadíos de la corona norte de Huelva. Es decir, en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana.
La UE, el Gobierno de España y los científicos han advertido de la situación crítica del Parque y de las consecuencias que puede tener la aprobación definitiva de esta norma. Aun así, PP y Vox han manifestado su intención de continuar adelante.
Por ello, desde Izquierda Unida han querido mover ficha más allá del poco margen que la izquierda tiene en la Cámara andaluza por la mayoría absoluta de los populares. IU va a presentar ante la Unión Europea una denuncia para intentar frenar la proposición de ley.
Para esto, la formación que dirigen Inmaculada Nieto y Toni Valero en Andalucía cita parte de la carta que la Dirección General de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, envió al Gobierno de España para mostar su preocupación. "De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia", señalaba. España ya está sancionada por parte del Tribunal de Justicia de la UE por cometer daños medioambientales en Doñana.
"La obcecación mostrada por el Gobierno que preside Juanma Moreno está provocando serios perjuicios al Parque Nacional, azuzando una fractura social en la zona y causando estragos a la reputación del fruto rojo de Huelva y la actividad agrícola que se desarrolla legalmente en la zona. El desarrollo de la citada proposición de ley abocaría al Parque Nacional de Doñana, que se encuentra ya en la situación más que delicada, a su desaparición", defiende IU.
En este sentido y para evitar "el perjuicio drástico e irreversible que podría sufrir el Parque Nacional de Doñana", la formación de izquierdas solicita a la Comisión "la puesta en marcha de medidas cautelares para que, en caso de que la tramitación de la proposición de ley que pretende amnistiar la extracción ilegal de agua en Doñana siguiese adelante y fuese aprobada, no pueda ser desarrollada".
También solicita una investigación sobre las consecuencias del plan que contempla la proposición de ley y "el despliegue por parte de la Comisión de “todos los medios a su disposición” como guardiana de los Tratados".
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