La Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable del Festival de Eurovisión, continúa intentando que la edición de 2026 no quede marcada por la controversia, sino por la música. Sin embargo, a pocas horas del inicio de la primera semifinal, una investigación publicada por The New York Times ha vuelto a situar al certamen en el centro del debate público tras revelar una supuesta estrategia de influencia vinculada al gobierno israelí de Benjamin Netanyahu para utilizar el festival como herramienta de proyección internacional.

El diario estadounidense describe una campaña organizada en torno a la idea de "poder blando", es decir, la capacidad de un Estado para influir en otros mediante la cultura, los valores o la diplomacia, sin recurrir a la coerción directa. Según la investigación, Israel habría desarrollado una estrategia sostenida para influir en Eurovisión incluso antes de que surgieran las controversias más recientes, pese a que las normas de la UER prohíben la intervención de gobiernos en el sistema de votación del concurso.

Según The New York Times, el gobierno israelí habría destinado al menos un millón de dólares a acciones relacionadas con la promoción del festival, parte de los cuales habrían procedido de la oficina de "hasbara" del Ejecutivo de Netanyahu, un término asociado a la comunicación institucional en el exterior. El objetivo habría sido reforzar la visibilidad de sus representantes en el certamen, en un contexto en el que la UER insiste en que Eurovisión es un evento estrictamente cultural y no político.

La investigación, basada en documentos financieros, datos de votación no publicados y más de medio centenar de entrevistas, sostiene que estas acciones podrían haber influido en los resultados de distintas ediciones recientes, incluidas las de 2024 y 2025. En el caso de la representante israelí Yuval Raphael, el análisis apunta a que obtuvo un elevado respaldo del televoto en países donde la opinión pública sobre Israel es mayoritariamente crítica, con márgenes de diferencia que en algunos casos habrían sido reducidos.

Testimonios

El reportaje también recoge testimonios que indican que la estrategia de promoción podría haberse iniciado al menos en 2018, cuando el compositor Doron Medalie afirmó que el gobierno ya invertía en campañas digitales para apoyar a sus artistas. Aquel año, Israel obtuvo una victoria en el certamen, lo que, según estas fuentes, habría consolidado la percepción institucional de que Eurovisión podía ser un instrumento de influencia internacional relevante. Posteriormente, artistas como Eden Golan habrían repetido buenos resultados en el voto popular en 2024, incluido el segundo puesto en Malmö, mientras que en 2025 Israel volvió a situarse entre los primeros clasificados en Basilea.

En paralelo, el texto señala que la UER habría gestionado internamente el debate sobre la participación de Israel mediante estudios y consultas a las emisoras, aunque sin publicar la totalidad de los informes. También se menciona la contratación de un consultor externo para recabar opiniones, cuyas conclusiones se difundieron solo de forma resumida. Estas dinámicas habrían contribuido a tensar la relación entre varias cadenas públicas, algunas de las cuales, como las de España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, llegaron a plantear su retirada.

Finalmente, la investigación describe que la organización analizó las consecuencias económicas de una posible exclusión de Israel frente a la salida de los países críticos, sin que ninguna de las opciones resultara claramente favorable. En este contexto, la UER optó por modificar las normas en lugar de someter la continuidad de Israel a una votación directa. Para la edición de 2026, Israel mantiene su participación, aunque la polémica se ha reavivado después de que su representante Noam Bettan difundiera mensajes en redes sociales animando a concentrar el voto, algo que el director del festival, Martin Green, ha considerado contrario al espíritu del concurso, sin que ello haya supuesto cambios en su presencia en el certamen.