Esta semana hemos sabido todos el nombre de una mujer de 87 años. Maricarmen Abascal entró en un piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en 1956, con un contrato de arrendamiento que firmó su padre, y salió de él el miércoles pasado desalojada por la Policía Nacional después de que cientos de personas intentaran impedirlo en la calle, en la escalera y dentro de su propia casa. 71 años en el mismo rellano. Un contrato de renta antigua. Un fondo de inversión al otro lado. Y un despliegue policial, ordenado por el mismo gobierno progresista de las tanquetas en Cádiz, para ejecutar una resolución judicial que, técnicamente, era imparable. Y ahí está precisamente el fondo del problema: era imparable.

Llevamos días discutiendo de quién es la culpa, que parece ser el deporte nacional. Unos señalan a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, otros a los fondos especulativos, otros a la ocupación, que no viene a cuento pero siempre asoma, otros al Gobierno en minoría que no actúa, la oposición, que no ayuda… Mientras tanto, el dato sigue donde estaba: 25.540 desahucios en España en el último año. Cientos cada día. Maricarmen no es una anomalía. Maricarmen es el caso que colmado el vaso (otra vez), que ha saltado a todos los medios y que ha provocado una ola de indignación. Plazas de escaparate y pisos sin gente.

Y aquí, en la provincia más al sur, asentimos con la cabeza y nos escandalizamos desde una comodidad que no nos corresponde, porque en el caso de Jerez, quinta ciudad andaluza en población, tuvimos la herramienta y la dejamos morir.

Se llama Emuvijesa, empresa municipal de vivienda. La escritura de constitución se firmó el 25 de noviembre de 1991 y la empresa echó a andar de verdad en 1993. Su primera promoción sustituyó los barracones de la Estancia Barrera por pisos dignos. El desmantelamiento definitivo de las chabolas en Jerez. En los veinte años siguientes promovió 5.397 viviendas protegidas: 3.274 en venta —Nereida, Fórum Chapín, Vesta, Antares…—, 1.807 de alquiler propio en Nazaret, Martinete o Cerrofruto, 239 de alquiler con opción a compra, 77 de autoconstrucción en El Torno, Estella y Lomopardo. Salen a unas 270 viviendas al año.

Para que se entienda la escala: en todo 2022, un buen año de boom inmobiliario privado, Jerez autorizó por licencia 488 viviendas de cualquier régimen. La empresa municipal, ella sola, producía en protegida más de la mitad de lo que hoy se licencia en la ciudad entera. Cuando asistí a un experto en Urbanismo en el Instituto de Práctica Empresarial en Sevilla, muchas de las voces autorizadas que impartían esas clases situaban a Emuvijesa como empresa pública modélica en su sector en toda España, no solo en Andalucía.

De promover con suelo público hemos pasado a vender suelo público para que promueva otro

La fórmula no tenía misterio, y esa es la parte que conviene recordar ahora que hemos decidido que el problema parece irresoluble. Una sociedad cien por cien municipal, con la agilidad de una mercantil y el control de lo público. Suelo del patrimonio municipal, que no hay que comprar a precio de mercado y que por eso permite ajustarse al módulo, pisos subvencionados para facilitar el acceso a quienes tienen menos o a quienes no llegarán jamás a ahorrar el 20% que pide el banco para conceder un préstamo hipotecario.

La condición de promotor público, que daba acceso a los préstamos convenidos y las subvenciones de los planes estatales y andaluces. Préstamos bancarios a largo plazo para cada promoción. Y una empresa conectada 100% con el urbanismo de la ciudad, participando en las expropiaciones de Estancia Barrera, San Juan de Dios o Cerrofruto y construyendo allí mismo las viviendas de realojo de los desalojados. Llegó a manejar uno de los tres mayores parques públicos municipales de Andalucía, en la liga de Sevilla y Málaga. Dos mil viviendas.

La última la entregó en 2012. Desde 2011 no pone en marcha ni una. Ni social, ni en venta, ni en alquiler con opción a compra. 15 años.

Hubo crisis financiera, hubo Plan de Ajuste municipal y hubo una deriva de gestión, todo eso es cierto y está documentado. Pero el resultado es que la ciudad desmontó su única maquinaria de producir vivienda asequible justo antes de la década en la que la vivienda se convertiría en el primer problema del país. Y no la ha vuelto a montar. Lo que hace hoy Emuvijesa es lo contrario de lo que hacía: en enero sacó a licitación tres parcelas de su propiedad en El Retiro, Pozoalbero y la calle Cristal para que sean promotores privados quienes construyan.

De promover con suelo público hemos pasado a vender suelo público para que promueva otro. Puede que sea la única salida posible con las cuentas en la mano, pero llamémoslo por su nombre: es una retirada. Un privado necesariamente construye para hacer negocio, no para subvencionar soluciones habitacionales a nadie. La lógica del mercado no va a solucionar el gran problema de un país con 23 millones de personas trabajando, muchas de ellas, trabajadores pobres.

Este inicio de curso político, decisivo a nivel municipal y con el debate de la vivienda cada vez más encendido, he entrevistado a dos alcaldes de la Bahía y los dos me han hablado de vivienda largo y tendido. El de Chiclana, José María Román, me ha enseñado el mapa del suelo municipal donde quiere levantar casi 2.000 viviendas sociales, y me contó que ya ha resuelto la situación de 350 familias en cuatro años con el parque público. El de El Puerto, Germán Beardo, comenta que tiene en disposición 4.000 viviendas y que pondrá entre 600 y 700 soluciones habitacionales en dos o tres años, aunque también me aseguró que no conoce ningún país del mundo donde intervenir en el precio de la vivienda haya dado resultado positivo para nadie. Sobre eso se puede discutir mucho. Sobre lo otro, no: los dos hablan de suelo municipal. Los dos han entendido, cada uno a su manera y con su ideología, que sin patrimonio público de suelo y sin una herramienta para activarlo no hay política de vivienda, hay comunicados de prensa.

Jerez tenía las dos cosas. Tiene todavía el suelo: 120.953 metros cuadrados del Ayuntamiento y 69.626 de Emuvijesa. Lo que ha perdido es la costumbre de construir. Por lo que sea. La perdió durante ocho años de PSOE en la Alcaldía y la ha perdido en los últimos tres años, de nuevo con el PP.

En Sevilla, el presidente de la Diputación y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández de los Ríos, también coincidía en estas páginas en el mismo diagnóstico para dejar de cavar desigualdad en un derecho constitucional: urbanismo público, promoción pública de vivienda con una clave adicional: vivienda protegida que se promueva y subvencione deberá ser pública para siempre. Es lo lógico. Es el modelo centroeuropeo y da resultado. Viena mantiene en propiedad municipal su parque de Gemeindebau, que nunca se ha puesto a la venta, y junto a las cooperativas de beneficio limitado cubre a más de la mitad de la población de la ciudad. En Países Bajos las woningcorporaties sostienen en torno a un tercio del parque total; en Dinamarca las almene boliger rondan el 20%. Es un stock que se acumula década tras década porque nadie puede sacarlo del circuito. El modelo español hizo lo contrario: convirtió la vivienda protegida en un peldaño temporal hacia la propiedad libre.

El desahucio de Maricarmen ha durado una mañana y la indignación durará lo que duren las indignaciones, que es poco en estos tiempos de scroll. Pero hay una pregunta que se queda después de que se apaguen las cámaras de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, y es esta: cuando a una mujer de 87 años la sacan de su casa, ¿adónde va? La respuesta que hemos construido entre todos es que va a donde pueda. A un piso de un familiar, a una habitación, a la lista de espera de unos servicios sociales que no tienen llaves que dar. Porque la vivienda pública que debería estar ahí para recogerla no se construyó, y no se construyó porque decidimos, sin decirlo en voz alta, que ya las haría el mercado.

El mercado las ha hecho y las sigue haciendo. En Serrano, en el Retiro, en Palmas Altas y en el centro de Jerez. Y luego ha venido a cobrarla. A precios imposibles para la inmensa mayoría. ¿Conclusión? Seguirán habiendo muchas más Maricarmen y muchos jóvenes sin poder construir un proyecto de vida.