Hay momentos en los que los hechos trascienden las cifras, los informes y los comunicados institucionales. El escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía es uno de ellos. Lo que está en juego es la confianza de miles de mujeres en un sistema que debía protegerlas y que, según las denuncias, las dejó solas frente a un diagnóstico que nunca llegó o llegó demasiado tarde.
Durante semanas, la Junta de Andalucía ha tratado de acotar el impacto de la crisis, atribuyéndola a “incidencias informáticas”. Sin embargo, el relato de las afectadas —canalizado por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama)— describe algo más grave: un sistema que no avisó, que no hizo seguimiento, que silenció resultados y, en algunos casos, que habría incluso modificado o hecho desaparecer pruebas diagnósticas. Todo ello a partir de que en 2022 el sistema informático que gestionaba la Escuela Andaluza de Salud Pública pasó a ser gestionado por una empresa privada que no le ha puesto atención a una cuestión vital para muchas mujeres.
La consecuencia no es solo técnica, es humana. Son mujeres que esperaron una llamada que no llegó, que confiaron en un programa público de prevención y que hoy sienten que fueron traicionadas. En algunos casos, la espera se convirtió en tragedia.
La paradoja de un sistema que presume de transparencia
Andalucía ha hecho bandera de la modernización de su sistema sanitario digital. Pero, paradójicamente, la falta de acceso a las pruebas a través de Clic Salud+ y la opacidad en las listas de espera de pruebas diagnósticas han puesto en evidencia una profunda contradicción: la tecnología no garantiza la transparencia si las instituciones no rinden cuentas.
Durante años, los datos de listas de espera de pruebas complementarias no se han publicado. Y eso no es un error administrativo: es una decisión política. Sin datos, no hay control ciudadano. Sin control, no hay democracia sanitaria.
El papel de Amama: la voz que rompe el silencio
En medio del ruido político, la voz de Amama ha actuado como un dique de dignidad. No solo ha denunciado ante la fiscalía la desaparición o manipulación de datos clínicos; también ha puesto rostro y contexto al drama. Ha recordado que detrás de cada “cribado fallido” hay una historia truncada, un tratamiento que llegó tarde, una familia devastada.
Lo más valiente de su actuación no es solo el coraje de enfrentarse a una administración poderosa, sino la capacidad de convertir el dolor en acción colectiva. AMAMA no solo pide justicia, pide un cambio cultural: que la salud pública vuelva a ser un espacio de confianza y de respeto hacia las pacientes.
Cuando la política se defiende a sí misma y no al ciudadano
La reacción institucional ha sido defensiva. La prioridad no ha sido esclarecer lo ocurrido, sino blindar la reputación del sistema. Pero el verdadero prestigio no se construye negando los problemas, sino asumiéndolos y corrigiéndolos.
Resulta preocupante que, en lugar de una auditoría inmediata y pública, la primera respuesta haya sido una negación. Resulta más preocupante aún que las víctimas perciban que el sistema se protege a sí mismo antes que a ellas.
La responsabilidad política en salud pública no se mide solo por la intención, sino por las consecuencias. Si los fallos de seguimiento, la falta de control o las omisiones provocaron que mujeres murieran sin diagnóstico a tiempo, no hablamos de un fallo técnico: hablamos de una falla ética y política.
Más allá de la tecnología: la salud como contrato moral
En un tiempo en que los gobiernos autonómicos se escudan en la digitalización y la eficiencia, conviene recordar que la salud pública no es un conjunto de aplicaciones, sino un pacto de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.
Cuando una mujer acude a una mamografía del programa de cribado, no está aceptando un servicio más: está confiando su vida a un sistema que debe responder con rigor y empatía.
Ese pacto moral se ha roto. Y su reparación no vendrá solo con comunicados, sino con verdad, transparencia y responsabilidad.
Una lección que no puede olvidarse
El caso del cribado de cáncer de mama en Andalucía no debe quedar como un episodio más en la cronología política. Es una llamada de atención sobre lo que ocurre cuando las instituciones sanitarias olvidan que su misión no es gestionar datos, sino cuidar personas.
La lección de Amama es clara: la dignidad y la verdad no se subcontratan, se defienden.
La Junta de Andalucía aún está a tiempo de rectificar, de abrir sus datos, de asumir responsabilidades y de poner a las mujeres en el centro de su política sanitaria. Pero cada día que pasa sin respuestas honestas agranda la brecha entre las afectadas y quienes deberían protegerlas.
Porque cuando el cribado como medida preventiva falla, no se pierde un sistema: se pierde la confianza. Y recuperarla puede ser mucho más difícil que curar una herida.
