El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Joan Carles March, ha denunciado que el desmantelamiento de este organismo público fue un punto de inflexión en el deterioro de la sanidad andaluza y, especialmente, en el escándalo del cribado de cáncer de mama que ha dejado sin diagnóstico a más de 2.300 mujeres. Hasta 2022, el sistema de seguimiento de estos cribados estaba gestionado por la EASP, una institución con décadas de experiencia en salud preventiva, investigación y evaluación. Pero ese año, el control pasó a una empresa privada, dentro del contrato general de mantenimiento informático del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La escuela sigue funcionado bajo el Instituto de Salud, sin desarrollo completo aún, pero tras una reorganización interna que comenzó en la primera legislatura del PP y ha continuado en la primera parte de esta segunda legislatura. Un organismo que servia como asidero intelectual, por decirlo de alguna forma, para el funcionamiento del servicio público sanitario en la comunidad. March, colaborador de lavozdelsur.es, ha estado explicando durante años que eso suponía ir vaciando de contenido.
March advierte de que ese relevo no fue un cambio técnico ni inocuo, sino una decisión con consecuencias graves. En sus propias palabras, en un artículo que publicaba lavozdelsur.es este sábado, "a partir de que en 2022 el sistema informático que gestionaba la Escuela Andaluza de Salud Pública pasó a ser gestionado por una empresa privada que no le ha puesto atención a una cuestión vital para muchas mujeres". Esa empresa no es otra que NTT Data, una tecnológica japonesa a la que se le habría pedido desde el SAS que se hicieran cargo de avisar a pacientes con una mamografía dudosa, algo que la empresa niega, según informaciones de El País y la SER.
March denuncia una pérdida de control público y una ausencia de sensibilidad institucional. La antigua EASP, con su perfil académico y sanitario, mantenía una visión centrada en la prevención y el seguimiento de los pacientes, mientras que la nueva gestión privada, vinculada a una lógica técnica y contractual, habría actuado bajo otros criterios. Según March, lo más grave no fue el fallo informático, sino la carencia de atención y control institucional sobre una herramienta que trataba con vidas humanas.
El experto defiende que esta externalización supuso la ruptura de un equilibrio que se puede calificar de "ético". Privatizar funciones críticas como la gestión de datos clínicos significó subcontratar tareas que exigen vigilancia y responsabilidad.
March también lanza un diagnóstico más amplio sobre la crisis estructural del sistema sanitario andaluz, marcada por retrasos en atención primaria, falta de médicos y una gestión centralizada. En su análisis, la digitalización y la modernización tecnológica —que la Junta de Andalucía presenta como avances— han servido para encubrir opacidad y deshumanización.
Hay que recordar que la aplicación informática de detección precoz de cáncer de mama (DCM) está instalada en todos los distritos de atención primaria de Andalucía y también en algunos hospitales, teniendo un parque de más de ochenta ordenadores.
El DCM se adapta continuamente a las necesidades del contexto, las tareas y prioridades cambian durante todo el ejercicio, se consideran como las más necesarias. Estas implican el mantenimiento y soporte continuado a usuarios/as (más de 80 ordenadores distribuidos en atención especializada y primaria); nuevas funcionalidades y mejoras no previstas; modificaciones en el sistema integral de gestión de inventarios, en cuanto a la consideración de los tumores de las mujeres elegibles; indicadores de Tasa de Recuperación de Información de mujeres en seguimiento hospitalario... Y otra importantísima, la demora entre la realización de la mamografía y la comunicación de la lectura, y la conexión de las citas de la aplicación con los mamógrafos digitales.
Una triste paradoja
"Andalucía ha hecho bandera de la modernización de su sistema sanitario digital. Pero, paradójicamente, la falta de acceso a las pruebas a través de Clic Salud+ y la opacidad en las listas de espera de pruebas diagnósticas han puesto en evidencia una profunda contradicción: la tecnología no garantiza la transparencia si las instituciones no rinden cuentas", explica March en su artículo
El investigador introduce un concepto que atraviesa toda su reflexión: la democracia sanitaria, entendida como el derecho de los ciudadanos a fiscalizar y confiar en su sistema de salud. Sin datos públicos ni rendición de cuentas, asegura, no hay control ciudadano ni salud democrática.
La dimensión del artículo de March, que resulta revelador, atañe específicamente a las preguntas que aún quedan sin resolverse: quién dio la orden de no informar, y consecuentemente qué falló en la trazabilidad de los avisas. Porque dejó de haber el seguimiento y el control que sí había habido hasta antes de 2022.
