Andalucía, por sus características geográficas y sociales, es una de las comunidades más afectadas por la lacra del narcotráfico. Lo que en otros territorios permanece oculto, aquí sale a flote en exhibiciones de embarcaciones de alta velocidad o en persecuciones por carreteras y avenidas, vuelcos y ajustes de cuentas.

Como gran puerta de entrada de la droga en Europa, puntos clave del litoral andaluz, incluyendo la desembocadura del Guadalquivir a su paso por Sanlúcar, se han cartelizado, enraizando una peligrosa industria que a duras penas logran desmantelar con sus medios actuales las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales antidroga y los tribunales de Justicia.

Como alerta la memoria de 2026 de la Fiscalía General del Estado, publicada el pasado jueves coincidiendo con la apertura del curso judicial, todo este movimiento que genera el lucrativo negocio criminal del narco cada vez es más violento. Cada vez tiene más que ver con Sinaloa, con las guerras territoriales, y menos con aquellos viejos contrabandistas de tabaco y hachís de Gibraltar.

El aumento de las bandas criminales procedentes de países del centro de Europa y Europa del Este ha elevado el nivel de violencia y la entrada de armas de guerra, lo que junto a unos medios tecnológicos cada vez más sofisticados pone en jaque a un operativo en la lucha antidroga a menudo desbordado tanto en la primera línea de combate como al llegar a los juzgados. Y en medio, sociedades quebradas, vecindarios y responsables municipales amenazados, atónitos ante el auge de una narcoindustria con escaso control.

Solo en la provincia de Granada, donde la Memoria recoge que prevalece el cultivo indoor de cannabis, bandas extranjeras —albanesas, lituanas, holandesas— “están llegando a expulsar violentamente de sus viviendas a los vecinos tradicionales”. "Es un hecho irrefutable —mantiene la Memoria— la mayor dimensión, complejidad, violencia y medios de todo tipo utilizados por las grandes organizaciones de narcotraficantes a los que es cada vez más difícil enfrentarse con los medios actuales. Es imprescindible y urgente que el Estado se dote de medios materiales, humanos y también legales que permitan enfrentarse a un problema que ya está minando las bases de la paz social”.

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Leyenda OCON-Sur (parte 1): la Fiscalía ya alertó en 2023 del descenso de incautaciones y de que nadie comunicó su desmantelamiento Pablo Fdez. Quintanilla

"La violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible”, apunta la Memoria de la Fiscalía. A lo que añade: “Se siguen dando situaciones límite que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que siguen abusando de la violencia y provocando muertes, como el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española".

Todos los delegados andaluces, recoge la Memoria anual, muestran alarma por la mayor presencia de armas de fuego y la incautación de armas de guerra. Constatan también mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizadas en bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos, que no dudan en usar el armamento no solo contra otros clanes sino abiertamente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En Cádiz se incoaron 24 procedimientos por tenencia de armas. Se incautaron cuatro fusiles AK-47 en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas; dos armas automáticas, tres subfusiles y tres armas cortas en Barbate; y un fusil Zastava M70, cinco armas cortas y dos escopetas en Chiclana. En Almería, 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes.

El episodio más grave que relata es de Sevilla. El 9 de noviembre, en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de hachís a solicitud de las autoridades portuguesas, con 4.500 kg incautados, cinco narcotraficantes huidos se refugiaron en una nave de Isla Mayor y dispararon a los agentes con fusiles de asalto AK-47, hiriendo de gravedad a uno pese al chaleco. Los responsables, españoles, fueron detenidos ya en enero de 2026 en Málaga y Marbella, con 70 kg de cocaína, armas cortas y un dron.

Narcolanchas y ‘petaqueo’, claves en el incremento de causas abiertas

Las diligencias previas incoadas en 2025 en el conjunto de Andalucía por los fiscales antidroga fueron 4.242, por debajo de las 5.276 de 2024. El descenso, que tiene más que ver con la falta de medios que con una menor actividad, se concentra en Almería, de forma ligera, y en Málaga, de forma más significativa. El resto de provincias crecen, incluidas Córdoba y Jaén, que no tienen delegado antidroga, y especialmente Huelva y Cádiz-Ceuta.

El aumento se da sobre todo en causas por sustancias que causan grave daño a la salud: un 118 % en Cádiz, un 59% en el Campo de Gibraltar y un 37,9% en Jerez. La Memoria lo atribuye en su mayoría al mayor uso de narcolanchas para transportar cocaína.

La Memoria define el narcotráfico andaluz a partir de dos instrumentos: las embarcaciones de alta velocidad y el tráfico del combustible que las mueve. A partir de aquí, en esta industria hay capos, señores de la droga que en muchos casos tienen acento extranjero, pero también jóvenes de aquí que dejaron el menudeo y ahora se emplean en negocios como el petaqueo, el suministro de combustible a las narcolanchas que reciben la droga en alta mar.

"En una buena noche en Sanlúcar puede haber hasta mil entregas. Un bidón se paga a unos 67 euros y la entrega a unos 350 euros… si hay mil entregas, haz la cuenta de lo que mueve esto", cuentan a lavozdelsur.es fuentes conocedoras de las ingentes cantidades de dinero negro que se mueve por las cloacas del narco andaluz. Repostar en bidones, coger el pesquero y llevar la carga a alta mar. La operación se repite cada día y muchos de estos petaqueros se juegan la vida como uno de los eslabones más frágiles de la cadena del narco.

La gravedad de estas actividades de petaqueo ha dado lugar, conforme informa el Ministerio del Interior, a la intervención solo en la provincia de Cádiz de 262.000 litros de gasolina, un 80% más que en 2024. Se han incoado 82 procedimientos por tenencia de sustancias inflamables y se han acordado 22 prisiones provisionales. En Huelva la cantidad intervenida fue aún mayor con 344.308 litros, superando el doble de los intervenidos en 2024 y con 38 procedimientos incoados.

En este apartado, hay novedad jurisprudencial y legislativa. El punto de partida fue una Nota de Servicio de la fiscal delegada de Cádiz, como coordinadora de Andalucía, que decidió considerar que el transporte y almacenamiento de gasolina está tipificado como delito de tenencia de sustancias inflamables del artículo 568 CP. La Audiencia de Cádiz venía manteniendo posiciones divergentes.

La STSJ de Andalucía 16/2026, de 15 de enero, ha validado el criterio de la Fiscalía. Estimó el recurso del Ministerio Fiscal contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz que había condenado por delito contra la salud pública pero absuelto del 568 CP a un acusado que portaba 52 garrafas de 25 litros, 1.300 litros en total. El TSJ considera que transportar una sustancia extremadamente inflamable y volátil con conocimiento de su peligrosidad integra el tipo, y revoca la absolución.

En paralelo, dos proposiciones de ley desembocaron en la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que tipifica expresamente estas conductas en el nuevo artículo 568.2 CP. “La respuesta final y la efectividad de la nueva respuesta penal a una conducta tan perturbadora dependerá de la decisión del Tribunal Supremo, que tiene pendiente resolver la casación interpuesta por la Fiscalía contra el auto de sobreseimiento libre acordado por un Juzgado de Instrucción de Chiclana y también, por supuesto, del acierto de legislador en la configuración del tipo en el nuevo artículo 568.2 CP”, subraya la Memoria.

Con todo, la Memoria vuelve a señalar la inadecuación de los juzgados mixtos —hoy tribunales de instancia con sección única— de localidades gaditanas. Y extiende el diagnóstico a Sevilla, con los órganos de Coria del Río, Sanlúcar la Mayor y Lebrija, responsables de procedimientos cada vez más complejos, con alijos importantes, armas y muchos investigados, "cuyas instrucciones se alargan indefinidamente por falta de medios".

En la Costa del Sol el problema es otro: los Tribunales de Instancia de Marbella y Estepona carecen de Sección de lo Penal, y el enjuiciamiento se hace en Málaga, cuando la complejidad y el volumen justificarían órganos propios.