La Audiencia Nacional ha condenado al 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 y 11 meses años de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción.
La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que se ha dado a conocer este jueves y consta de 1.700 folios, impone una multa de 27.857 euros a la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato —a la que también responsabilizan como partícipe a título lucrativo— por beneficiarse de regalos (estola y encharpe), viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa.
La sentencia considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas de Francisco Correa y el PP se tejió en diferentes territorios una "estructura de colaboración estable" que llevó a un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".
Este sistema tenía lugar gracias a la "estrecha y continua relación" de lo que la sentencia denomina "Grupo Correa" con "influyentes militantes" del PP que han sido enjuiciados en este juicio —como Alberto López Viejo, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda—, los cuales "tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".
El Grupo Correa desplegó sus actividades, según indica la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en territorios gobernados por el PP: la localidad malagueña de Estepona, los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo de Alarcón (2003 a 2005), Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).
El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió en esos territorios "una estructura de colaboración estable" y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido.
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