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Ecologistas en Acción Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio Benito Villamarín, que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó el pasado mes de septiembre. La organización sostiene que el documento vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.
Cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que se han opuesto desde el primer momento a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el campo y la calle Doctor Fleming. El argumento vecinal es que esos usos no tienen relación con la actividad deportiva y supondrían un impacto importante sobre la calidad de vida del vecindario.
El recurso apunta a la base sobre la que se sostiene todo. Según los ecologistas, el Estudio de Ordenación se apoya en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, la que abrió la puerta a esos usos terciarios y comerciales desvinculados del deporte. Y aquí está la clave: esa modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal. Por eso la organización considera que el instrumento que ahora impugna carece de una base jurídica consolidada.
A ese argumento de fondo se suman varias deficiencias técnicas y legales, que coinciden en gran medida con las alegaciones que las entidades vecinales ya plantearon durante la información pública. La demanda denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que persigue el proyecto y la falta de una ordenación detallada adecuada. También señala la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos, así como de la correspondiente cesión del 10% al Ayuntamiento. Y advierte de una evaluación insuficiente del impacto sobre el paisaje urbano.
Un trato "a medida" para el Betis
El núcleo político del conflicto está en cómo ha tratado el Consistorio al club. Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado al Real Betis Balompié supone una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.
La organización rescata, además, una advertencia formulada durante la propia tramitación del expediente. Un técnico jurista alertó entonces del riesgo de consolidar "un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía".
Con este paso ante los tribunales, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos. El balón, ahora, está en el tejado del TSJA.
Ecologistas en Acción Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del estadio Benito Villamarín, que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó el pasado mes de septiembre. La organización sostiene que el documento vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.
Cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que se han opuesto desde el primer momento a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el campo y la calle Doctor Fleming. El argumento vecinal es que esos usos no tienen relación con la actividad deportiva y supondrían un impacto importante sobre la calidad de vida del vecindario.
El recurso apunta a la base sobre la que se sostiene todo. Según los ecologistas, el Estudio de Ordenación se apoya en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, la que abrió la puerta a esos usos terciarios y comerciales desvinculados del deporte. Y aquí está la clave: esa modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal. Por eso la organización considera que el instrumento que ahora impugna carece de una base jurídica consolidada.
A ese argumento de fondo se suman varias deficiencias técnicas y legales, que coinciden en gran medida con las alegaciones que las entidades vecinales ya plantearon durante la información pública. La demanda denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que persigue el proyecto y la falta de una ordenación detallada adecuada. También señala la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos, así como de la correspondiente cesión del 10% al Ayuntamiento. Y advierte de una evaluación insuficiente del impacto sobre el paisaje urbano.
Un trato "a medida" para el Betis
El núcleo político del conflicto está en cómo ha tratado el Consistorio al club. Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado al Real Betis Balompié supone una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.
La organización rescata, además, una advertencia formulada durante la propia tramitación del expediente. Un técnico jurista alertó entonces del riesgo de consolidar "un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía".
Con este paso ante los tribunales, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos. El balón, ahora, está en el tejado del TSJA.
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