Más de veinte años trabajando en el mismo sitio. Y ahora, sin saber qué va a pasar. Esa es la situación en la que se encuentran dos vigilantes de seguridad de Prosegur que prestaban servicio en el Estadio Benito Villamarín, sede del Real Betis Balompié, y que llevan meses en una situación de total incertidumbre laboral tras la reorganización del servicio de seguridad vinculada a un proceso de licitación en curso.

El caso de uno de ellos es especialmente grave, siempre según CSIF: tiene 60 años y a su cargo dos hijos con discapacidad. El Área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla ha denunciado públicamente los hechos y ha anunciado la convocatoria de concentraciones de protesta ante la sede de la empresa si el problema persiste, además de una campaña informativa para dar visibilidad a la situación. El sindicato asegura que seguirá estudiando actuaciones sindicales, jurídicas y de movilización hasta que se alcance una solución.

La posición de CSIF es que se asuman responsabilidades. El sindicato recuerda que el Real Betis Balompié fue informado formalmente mediante comunicación remitida al club, trasladando la preocupación por la situación de ambos trabajadores. Y en cuanto a Prosegur, subraya que la empresa "conoce perfectamente la realidad documental de ambos": durante años han figurado en los cuadrantes de trabajo y en las órdenes de puesto del cliente vinculados al servicio del Betis, sin que exista documentación alguna que los vincule a la obra de remodelación ni a la empresa constructora.

CSIF critica que, pese a que tanto la empresa adjudicataria como el club conocen la situación, el conflicto se esté derivando hacia procesos de conciliación y posibles vías judiciales en lugar de ofrecer una respuesta inmediata.

El conflicto tiene además otra arista. El sindicato denuncia que se habrían producido presuntas actitudes de presión e intimidación hacia la representación sindical por parte de Prosegur SIS, hechos que CSIF rechaza "de forma contundente" y que serán analizados por las vías correspondientes. De confirmarse, apunta el sindicato, podrían suponer "una grave vulneración de la libertad sindical", así como una posible actuación contraria al derecho a la representación legal de los trabajadores, recogido en la legislación laboral y en la Constitución Española.