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El Partido Animalista Pacma se ha erigido como la principal oposición a la celebración del Festival Icónica que cada verano tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla. Hace tan sólo unos días, la formación organizó una concentración contra los promotores de este gran evento en una de las zonas más monumentales de Sevilla para protestar por las consecuencias que los conciertos podían tener en la fauna del entorno del Parque de María Luisa y el patrimonio histórico de la propia plaza.
Ahora, Clara Márquez, la coordinadora en Sevilla de Pacma, ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud de acceso a la información pública relacionada con la celebración de dicho festival. En concreto, la organización animalista reclama el expediente administrativo completo de autorización de las ediciones de 2024, 2025 y 2026, así como los informes técnicos que hayan analizado el impacto acústico, la contaminación lumínica y las vibraciones generadas.
En los últimos años, Pacma ha denunciado la aparición de ejemplares de patos y cisnes muertos en la zona. Además, en redes, tanto esta formación como otras organizaciones como 'Sevilla se Muere' han vinculado el deterioro de la Plaza de España con la celebración de este festival, un hecho que los promotores del evento siempre han negado.
Hace tan sólo un mes, Javier Esteban, CEO del festival, sostuvo en una entrevista concedida a ABC que "hay haters que decían que Icónica se iba a cargar la Plaza de España. Icónica decía que no, que la respeta, y lo hace con un montón de informes certificados que ponemos a disposición de quien los quiera ver. Aún no ha venido nadie todavía que diga que Icónica se carga la plaza con un solo documento en el que se justifique esa afirmación".
El pasado verano, tras los conciertos de la edición de 2025, Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla emitió un informe en esta línea donde se aseguraba que no se habían detectado "incidencias ni daños derivados del montaje y desmontaje del festival en los elementos patrimoniales e instalaciones de la plaza que revistan gravedad". El Consistorio, eso sí, reconocía incidencias menores y desperfectos aunque los asociaba al uso general de los espacios y por los visitantes.
A pesar de que el festival comenzó con un gobierno socialista, tampoco escapa de la disputa política. El Ministerio de Hacienda, titular del monumento que rechaza la opicón de cobrar por entrar en la plaza como quiere el alcalde José Luis Sanz, dio su visto bueno para la celebración del evento. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha solicitado recientemente al Ayuntamiento aclaraciones sobre el posible daño que se puede estar causando a la obra de Aníbal González después de que el Consistorio haya lanzado una nueva ordenanza para "proteger" el patrimonio con multas de hasta 30.000 euros. No obstante, Facua considera que esta ordenanza "privatiza aún más" la Plaza de España de Sevilla.
La publicación de 'Lost in Seville'
En las últimas horas ha surgido una nueva polémica ya que la cuenta 'Lost in Seville', una de las cuentas en redes con más seguimiento de la capital hispalense, ha anunciado que los abogados de Icónica se han dirigido a ella para que elimine una publicación que colgó en sus redes el pasado 1 de agosto donde denunciaba que "la Plaza de España se está rompiendo".
'Lost in Seville' añade que el festival le ha pedido una rectificación pública, pero ha anunciado que no va a cumplir la solicitud de la promotora al considerar que no debe hacerlo porque ha hablado de temas que "a todos nos preocupan". "No me inventé nada. Me limité a recopilar y citar información de terceros como un informe de la plataforma 'Sevilla se Muere', publicaciones de Pacma sobre el sufrimiento de animales o publicaciones en medios". El festival siempre ha negado ser responsable de las situaciones que denuncian las diferentes plataformas y, por lo tanto, también de lo que aparece en el post de esta creadora de contenido.
Un enclave 'suculento'
La Fiscalía de Sevilla archivó el pasado mes de diciembre la denuncia presentada por 16 promotoras contra la concesión municipal de la Plaza de España para la celebración del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest al concluir que los hechos investigados no revestían caracteres de delito. No obstante, el decreto de archivo dejó abierta la posibilidad de que los denunciantes reprodujeran la denuncia ante los juzgados de Instrucción. La denuncia, impulsada por Concert Tour Gestiones S.L. y otras sociedades, atribuía a responsables municipales presuntos delitos de prevaricación, malversación y trato de favor al sostener que la cesión del espacio se había realizado sin concurrencia pública durante los cinco años anteriores y que había sido prorrogada de forma irregular hasta 2031.
Tras analizar la documentación recabada, el Ministerio Público concluyó que no se había producido una resolución arbitraria ni la omisión de trámites esenciales, requisitos necesarios para apreciar un delito de prevaricación. La Fiscalía también señaló que las autorizaciones para el uso del dominio público se habían tramitado conforme a la ordenanza municipal vigente y que Contursa se había limitado a prestar apoyo y gestionar la reserva de espacios mediante convenios de colaboración, mientras que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente había sido la encargada de conceder las licencias de ocupación y actividad tras los informes técnicos favorables y el pago de las tasas correspondientes. Por su parte, el consejero delegado de Green Cow y director del festival, Javier Esteban, defendió que la concesión municipal había sido legal y sostuvo que la denuncia le había hecho perder patrocinadores y artistas al generar inseguridad jurídica.
El Partido Animalista Pacma se ha erigido como la principal oposición a la celebración del Festival Icónica que cada verano tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla. Hace tan sólo unos días, la formación organizó una concentración contra los promotores de este gran evento en una de las zonas más monumentales de Sevilla para protestar por las consecuencias que los conciertos podían tener en la fauna del entorno del Parque de María Luisa y el patrimonio histórico de la propia plaza.
Ahora, Clara Márquez, la coordinadora en Sevilla de Pacma, ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud de acceso a la información pública relacionada con la celebración de dicho festival. En concreto, la organización animalista reclama el expediente administrativo completo de autorización de las ediciones de 2024, 2025 y 2026, así como los informes técnicos que hayan analizado el impacto acústico, la contaminación lumínica y las vibraciones generadas.
En los últimos años, Pacma ha denunciado la aparición de ejemplares de patos y cisnes muertos en la zona. Además, en redes, tanto esta formación como otras organizaciones como 'Sevilla se Muere' han vinculado el deterioro de la Plaza de España con la celebración de este festival, un hecho que los promotores del evento siempre han negado.
Hace tan sólo un mes, Javier Esteban, CEO del festival, sostuvo en una entrevista concedida a ABC que "hay haters que decían que Icónica se iba a cargar la Plaza de España. Icónica decía que no, que la respeta, y lo hace con un montón de informes certificados que ponemos a disposición de quien los quiera ver. Aún no ha venido nadie todavía que diga que Icónica se carga la plaza con un solo documento en el que se justifique esa afirmación".
El pasado verano, tras los conciertos de la edición de 2025, Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla emitió un informe en esta línea donde se aseguraba que no se habían detectado "incidencias ni daños derivados del montaje y desmontaje del festival en los elementos patrimoniales e instalaciones de la plaza que revistan gravedad". El Consistorio, eso sí, reconocía incidencias menores y desperfectos aunque los asociaba al uso general de los espacios y por los visitantes.
A pesar de que el festival comenzó con un gobierno socialista, tampoco escapa de la disputa política. El Ministerio de Hacienda, titular del monumento que rechaza la opicón de cobrar por entrar en la plaza como quiere el alcalde José Luis Sanz, dio su visto bueno para la celebración del evento. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ha solicitado recientemente al Ayuntamiento aclaraciones sobre el posible daño que se puede estar causando a la obra de Aníbal González después de que el Consistorio haya lanzado una nueva ordenanza para "proteger" el patrimonio con multas de hasta 30.000 euros. No obstante, Facua considera que esta ordenanza "privatiza aún más" la Plaza de España de Sevilla.
La publicación de 'Lost in Seville'
En las últimas horas ha surgido una nueva polémica ya que la cuenta 'Lost in Seville', una de las cuentas en redes con más seguimiento de la capital hispalense, ha anunciado que los abogados de Icónica se han dirigido a ella para que elimine una publicación que colgó en sus redes el pasado 1 de agosto donde denunciaba que "la Plaza de España se está rompiendo".
'Lost in Seville' añade que el festival le ha pedido una rectificación pública, pero ha anunciado que no va a cumplir la solicitud de la promotora al considerar que no debe hacerlo porque ha hablado de temas que "a todos nos preocupan". "No me inventé nada. Me limité a recopilar y citar información de terceros como un informe de la plataforma 'Sevilla se Muere', publicaciones de Pacma sobre el sufrimiento de animales o publicaciones en medios". El festival siempre ha negado ser responsable de las situaciones que denuncian las diferentes plataformas y, por lo tanto, también de lo que aparece en el post de esta creadora de contenido.
Un enclave 'suculento'
La Fiscalía de Sevilla archivó el pasado mes de diciembre la denuncia presentada por 16 promotoras contra la concesión municipal de la Plaza de España para la celebración del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest al concluir que los hechos investigados no revestían caracteres de delito. No obstante, el decreto de archivo dejó abierta la posibilidad de que los denunciantes reprodujeran la denuncia ante los juzgados de Instrucción. La denuncia, impulsada por Concert Tour Gestiones S.L. y otras sociedades, atribuía a responsables municipales presuntos delitos de prevaricación, malversación y trato de favor al sostener que la cesión del espacio se había realizado sin concurrencia pública durante los cinco años anteriores y que había sido prorrogada de forma irregular hasta 2031.
Tras analizar la documentación recabada, el Ministerio Público concluyó que no se había producido una resolución arbitraria ni la omisión de trámites esenciales, requisitos necesarios para apreciar un delito de prevaricación. La Fiscalía también señaló que las autorizaciones para el uso del dominio público se habían tramitado conforme a la ordenanza municipal vigente y que Contursa se había limitado a prestar apoyo y gestionar la reserva de espacios mediante convenios de colaboración, mientras que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente había sido la encargada de conceder las licencias de ocupación y actividad tras los informes técnicos favorables y el pago de las tasas correspondientes. Por su parte, el consejero delegado de Green Cow y director del festival, Javier Esteban, defendió que la concesión municipal había sido legal y sostuvo que la denuncia le había hecho perder patrocinadores y artistas al generar inseguridad jurídica.
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