La sociedad pública Estadio de La Cartuja S.A., participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía con un 40% de las acciones, adjudicó una obra de reforma del estadio por valor de 1,1 millones de euros cuando los trabajos llevaban ya 45 días en marcha y estaban prácticamente finalizados. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa constructora GRUCONSA ejecutó la mayor parte de las obras antes de que se formalizara la adjudicación e incluso antes de que el proyecto fuera licitado oficialmente.
El informe forma parte de la investigación judicial que dirige una jueza de Majadahonda sobre una presunta trama de amaños vinculada a la Real Federación Española de Fútbol durante la etapa en que la presidía Luis Rubiales. En el marco de esta causa, la magistrada ha abierto una pieza separada para investigar a José María Arrabal, ex alto cargo del Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno, y a Daniel Oviedo, actual gerente del estadio de La Cartuja.
La Guardia Civil sostiene que ambos habrían contribuido a la manipulación del contrato a cambio de contraprestaciones económicas. A partir de estas conclusiones, la jueza instructora del conocido como "caso Supercopa" ha decidido imputarles en la investigación. El análisis de las comunicaciones intervenidas apunta a una coordinación entre responsables de la empresa constructora y representantes vinculados a las instituciones implicadas.
Entre las conversaciones recogidas por los investigadores figura un intercambio entre dos directivos de GRUCONSA, Ángel González Segura y Jonathan Oliva. En ese diálogo, ambos comentan con tono irónico la rapidez con la que supuestamente se ejecutaría la obra tras recibir la adjudicación formal, pese a que los trabajos llevaban semanas realizándose y se había informado periódicamente de su avance mediante fotografías remitidas a la Junta de Andalucía.
La reforma
De acuerdo con el informe de la UCO, la decisión de adjudicar el contrato se habría tomado en realidad mes y medio antes, a mediados de abril, tras diversas conversaciones entre la constructora, responsables del estadio, representantes de la Federación y miembros del área de Deportes del Gobierno andaluz. Los investigadores concluyen que las obras comenzaron 39 días antes de que se iniciaran los expedientes de licitación y mes y medio antes de la adjudicación formal a GRUCONSA. Los trabajos concluyeron el 7 de junio de 2021, apenas cuatro días después de que se resolviera oficialmente el proceso.
En las semanas posteriores, el Gobierno andaluz modificó sus presupuestos para incluir una partida de 4,9 millones de euros destinada a estas y otras obras en el estadio. Ese dinero, en un principio, iban destinados a las guarderías andaluzas, un hecho que CCOO denunció en 2021. Paralelamente, según la Guardia Civil, los implicados habrían tratado de dotar al proceso de apariencia de competencia pública. Aunque tres empresas se presentaron a la licitación, los investigadores sospechan que los presupuestos presentados eran ficticios y que la adjudicación estaba decidida de antemano. Incluso plantean la posibilidad de que la propia GRUCONSA elaborara las tres ofertas para garantizar que la suya resultara la más ventajosa en un procedimiento que, según la investigación, se desarrolló mientras las obras ya estaban en ejecución.
