La jueza que investiga el denominado caso Rubiales ha imputado a José María Arrabal y a David Oviedo por su participación en la reforma del estadio de La Cartuja, en Sevilla, una actuación que permitió que el recinto acogiera varias finales de la Copa del Rey y partidos de la fase final de la Eurocopa de 2020. La magistrada también ha ordenado intervenir los teléfonos móviles de ambos y ha solicitado a la Guardia Civil que investigue sus movimientos bancarios desde el año 2014.
La existencia de esta nueva línea de investigación fue adelantada por El Confidencial, después de que la instructora levantara el secreto de una pieza separada que analiza distintos contratos adjudicados por la Real Federación Española de Fútbol durante la etapa en la que Luis Rubiales presidía el organismo. Dentro de esta pieza, los investigadores han puesto el foco en las obras realizadas en el estadio sevillano para adaptar sus instalaciones a competiciones de primer nivel.
Según el análisis realizado por la Guardia Civil, la adjudicación se tramitó por la vía de urgencia con el objetivo de actualizar el estadio de La Cartuja y permitir que albergara las finales de la Copa del Rey entre los años 2020 y 2023, además de cuatro encuentros correspondientes a la fase final de la Eurocopa de 2020. Los trabajos tuvieron un coste superior a los tres millones de euros y fueron ejecutados por la constructora Gruconsa.
El papel de los dos cargos de la Junta
El informe policial atribuye un papel relevante en la tramitación de estos expedientes a José María Arrabal y a Daniel Oviedo, que en ese momento ocupaban los cargos de presidente y gerente, respectivamente, de la empresa pública de la Junta de Andalucía encargada de gestionar el estadio. Ambos habrían dado luz verde a los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo las obras.
Tras incorporar a Arrabal y a Oviedo como investigados, la jueza Delia Rodrigo ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que requisara sus teléfonos móviles, que ya están siendo analizados. Además, el informe policial recoge que ambos adquirieron viviendas tras la adjudicación del contrato. Arrabal y su esposa compraron un piso en Málaga por 343.000 euros, mientras que Oviedo formalizó la compra de una vivienda en Sevilla por 181.000 euros. Según la investigación, cada uno de ellos aportó alrededor de 50.000 euros para reducir el importe de las hipotecas.