La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, trasladará este jueves al Consejo de Gobierno un informe en el que se detalla la situación actual de los costes de la plantilla de la institución, así como las cifras derivadas del reciente acuerdo de financiación alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Según dicho acuerdo, la Universidad de Sevilla percibirá en 2026 un total de 449,3 millones de euros, una cuantía que incluye 2,5 millones destinados a la "sostenibilidad financiera" y otros 5,5 millones procedentes de un pacto de abril de 2025 para cubrir complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración (PTGAS).

El informe, adelantado por Europa Press, señala no obstante que el coste real de la plantilla —incluyendo nómina base, complementos y subidas salariales obligatorias por ley— asciende a 462 millones de euros para el ejercicio 2026. En este contexto, la rectora prevé que puedan incorporarse "incrementos adicionales" de financiación una vez concluyan las auditorías "universidad por universidad" acordadas entre los campus andaluces y la Junta de Andalucía en el último CAU.

El Rectorado considera que la partida destinada a personal es "claramente insuficiente" para cubrir los gastos previstos. "Aunque se recibirán mayores transferencias tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista, al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 con el ahorro de otros capítulos de gasto", recoge el informe.

Ante esta situación de incertidumbre, la Universidad de Sevilla plantea una gestión basada en la prudencia dentro de la prórroga presupuestaria, con posibles ajustes mediante modificaciones presupuestarias o incluso la elaboración de un nuevo presupuesto. Entre las medidas previstas figura el control del crecimiento del capítulo 1 y una política de contención del gasto que permita evitar un incremento superior al estimado, garantizando al mismo tiempo el abono de las cantidades ya consolidadas en 2025.

El ajuste presupuestario

El Rectorado estudia además un posible ajuste del presupuesto de 2026 para asegurar el pago del capítulo 1 conforme a las previsiones. En este proceso, se subraya la intención de "minimizar el impacto directo en las personas", priorizando aquellas medidas que afecten a las retribuciones y complementos de trabajadores y estudiantes, considerados elementos prioritarios.

El informe también apunta a una revisión general del funcionamiento de la institución para identificar márgenes de eficiencia y optimizar recursos. En este marco, se contemplan posibles medidas de ajuste que afectarían a la dedicación docente, la asignación del PTGAS, promociones, contrataciones de personal y planes propios. En términos salariales, se estima un incremento del 6,9% en la masa del PTGAS y del 12,9% en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI).

Finalmente, el acuerdo de financiación contempla la creación de una comisión técnica encargada de analizar la denominada "cláusula de salvaguarda", con el objetivo de garantizar que las universidades reciban cada año la misma cuantía que el ejercicio anterior más los incrementos salariales. Este órgano evaluará los criterios de cálculo de los gastos de personal, los complementos retributivos y otras variables como la antigüedad o el crecimiento vegetativo de las plantillas, con la finalidad de homogeneizar los criterios financieros y avanzar hacia un modelo de gestión más equilibrado.