El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla contra el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento que, el pasado 17 de julio, nombró funcionarios de carrera a 28 nuevos agentes de la Policía Local y les asignó destino de forma provisional.

El sindicato, a través de su secretario general, Luis Val Morales, sostiene que esa asignación se hizo "sin concurso previo" y pide al juzgado que "incoe diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa".

Un reparto sin concurso, según la denuncia

El escrito, fechado el 23 de julio, señala que el acuerdo municipal —publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 139, del 21 de julio— habría vulnerado el artículo 39 del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Esa norma establece que las vacantes deben cubrirse primero mediante concurso de traslados y que solo después pueden adjudicarse al personal de nuevo ingreso, según el orden obtenido en las pruebas de selección. Según el sindicato, en este caso no se convocó ni concurso de provisión de puestos ni concurso de traslados previo, y el reglamento "no existe... ni previsión alguna" —cita textual del propio escrito— sobre la figura de la adjudicación provisional que empleó la Junta de Gobierno.

El sindicato precisa además que la asignación provisional se vincula a un edificio o dependencia física, y no a una unidad o puesto policial concreto, una fórmula que —sostiene en un comunicado difundido tras la denuncia— "no encuentra cobertura en el Reglamento de Personal Funcionario aplicable". La organización invoca también el Estatuto Básico del Empleado Público, que exige que la provisión de puestos respete los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con el concurso como procedimiento normal.

"No es la primera vez"

La denuncia no se limita al acuerdo de julio. Val apunta a un precedente: la resolución del 2 de septiembre de 2025, mediante la cual, sostiene, el Ayuntamiento ya adjudicó destinos a otra promoción de agentes "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido". El sindicato lee ambos episodios como una misma forma de proceder, y no como un hecho aislado.

El perjuicio, según la organización sindical, recae sobre "los numerosos funcionarios que llevan meses/años esperando un concurso de traslados" para poder optar a otro destino, a quienes el acuerdo dejaría sin posibilidad de disputar esas plazas antes de que fueran cubiertas por el personal recién incorporado.

El sindicato no se conforma con una impugnación administrativa: apunta directamente al Código Penal. Invoca el artículo 404, que castiga con inhabilitación de siete a diez años a la autoridad o funcionario que dicte "a sabiendas de su injusticia" una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Para sostener la tesis, el escrito recurre a jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 28/11/1994 y 2/1999) sobre cuándo un acto administrativo cruza la línea de la "irracionalidad manifiesta".

Como prueba, la denuncia solicita al juzgado que reclame a la Delegación de Recursos Humanos los informes previos que sustentaron el acuerdo de la Junta de Gobierno, además de aportar el propio acuerdo, la resolución de septiembre de 2025 y el Reglamento de Personal Funcionario.

Contexto: una incorporación ya defendida por el Ayuntamiento

Días antes de conocerse la denuncia, el Ayuntamiento ya había defendido la incorporación de estos mismos 28 agentes, aunque en un contexto distinto. El delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, respondía hace unos días a las críticas del PSOE por la falta de efectivos policiales y explicaba que la llegada de esos agentes en julio —y no en febrero de 2027, cuando hubiera concluido el curso ordinario— se debió a un convenio de formación firmado con la Junta de Andalucía. Flores enmarcó la incorporación como parte de un esfuerzo por incrementar la plantilla: frente a los 182 policías incorporados en ocho años de mandatos socialistas, cifró en 220 los que se sumarán en los cuatro años de gobierno de José Luis Sanz.

Consultado ya sobre la denuncia, el Ayuntamiento ha trasladado a este periódico que se ha enterado de su existencia por esta misma vía y que "no le consta" que el escrito haya llegado todavía a la institución. Fuentes municipales señalan que "no procede valorar el contenido de una denuncia que aún no han recibido" y recuerdan que el propio juzgado podría decidir "no darle traslado y archivarla de oficio".

La denuncia llega en un momento en que la provisión de plazas en la Policía Local sevillana arrastra tensión entre los agentes ya en plantilla y las sucesivas promociones de nuevo ingreso. Si el juzgado admite a trámite la denuncia, la pregunta que planteará no será solo jurídica: será si el Ayuntamiento está dispuesto a que sean los tribunales, y no los propios funcionarios afectados, quienes acaben decidiendo cómo se reparten los destinos en el cuerpo.