Una familia de refugiados sirios, con tres menores a su cargo y un padre con discapacidad, ha denunciado a través de la Apdha haber sido abandonada en la calle en Sevilla. La protagonista, a la que la asociación identifica con el nombre ficticio de Amal ("esperanza" en árabe), llegó a Sevilla a finales de 2022 dentro del cupo de reasentamiento de la Unión Europea para personas que huían de la guerra en Siria. Todos los miembros de la familia obtuvieron el estatuto de refugiados el 7 de diciembre de 2022.

Según la entidad, el periplo comenzó en 2012, tras el estallido de la guerra civil en Siria. Embarazada y con dos hijos, ella vivía con su esposo, albañil, en la provincia de Idlib. La familia huyó a un campo de refugiados en el sur del Líbano, donde permaneció nueve años. En 2021, el padre sufrió un ictus con graves secuelas que lo dejaron completamente dependiente. Esa situación motivó su inclusión en el cupo europeo de reasentamiento. En julio de 2023, el hijo mayor falleció ahogado durante una excursión a Matalascañas organizada por el propio Centro de Acogida y Protección Internacional (CAPI) de Sevilla. Apdha sostiene que el centro llevó a la playa a refugiados que no sabían nadar. Amal no acompañó a sus hijos ese día porque debía cuidar a su esposo, y había advertido al centro de que los menores no sabían nadar ni habían visto el mar. Tras la muerte, según la asociación, solo se le permitió ver el cuerpo a través de una mampara durante un máximo de dos minutos y se le impidió participar en los ritos funerarios.

La familia pidió un traslado a otro centro al asociar el lugar con la muerte del hijo. Al no autorizarse, se reubicó en Alemania, donde tenían familiares. Allí, las autoridades concluyeron que era España quien debía hacerse cargo, por formar parte del cupo asumido por el país, que había recibido fondos europeos. A finales de 2025 fueron enviados a Madrid, donde —según Apdha— nadie les esperaba en Barajas, por lo que regresaron a Alemania con su propio dinero. Seis meses después, fueron enviados de nuevo a España y volvieron a Sevilla.

La Apdha afirma que la familia tuvo que dormir dos días en la calle junto al edificio de servicios sociales de Sevilla Este antes de que el Ayuntamiento les ofreciera una habitación en un hostal. Días después, según la denuncia, agentes de la Policía Local les expulsaron del hostal "con formas violentas" y sin previo aviso, dejándolos de nuevo en la calle, en el entorno de Gran Plaza. Actualmente, su alojamiento se sufraga de forma solidaria por particulares y entidades como Apdha, Sevilla Negra y Mairena Solidaria.

La asociación ha presentado quejas ante el Defensor del Pueblo español y andaluz y habla de "racismo institucional". Atribuye al concejal José Luis García un "trato inhumano" y le acusa de mentir al afirmar que la familia "ha agotado el tiempo máximo de estancia en un recurso de emergencia". APDHA sostiene que existieron "directrices políticas" para no atenderles y que un responsable llegó a decir que "tenéis que acostumbraros a que los menores extranjeros puedan dormir en la calle". También critica que el CAPI tramitara la baja en el padrón y que el Consistorio devolviera el 9 de junio una subvención de más de 1.600.000 euros destinada a centros de resiliencia. La entidad denuncia que, pese a que Vox no gobierna en Sevilla, la "prioridad nacional" se aplica ya "de facto".

La versión del Ayuntamiento

El Consistorio defiende que ha atendido a la familia "desde el primer momento", dentro del marco legal y de los recursos disponibles, y que seguirá haciéndolo "hasta encontrar una alternativa estable". Califica de "rotundamente falsa" cualquier insinuación de racismo o xenofobia y afirma que ha actuado con los mismos criterios que con cualquier familia en situación de vulnerabilidad, "sin distinción de origen, nacionalidad, religión o situación administrativa".

Según el Ayuntamiento, activó el protocolo de emergencia "excediendo con mucho" lo previsto: el protocolo contempla alojamiento en hostal hasta un máximo de 15 días, pero a esta familia se le han proporcionado 45 días, el triple. Durante ese tiempo, dice, los servicios sociales activaron redes de apoyo y alternativas habitacionales, y mantendrá la cobertura "hasta que se logre una mejor alternativa".

El Consistorio atribuye al CAPI —dependiente del Ministerio— la solicitud de baja en el padrón presentada en marzo o abril, y subraya que esa falta de empadronamiento es "un obstáculo administrativo de primer orden" que condiciona el acceso a recursos como el Ingreso Mínimo Vital. El Ayuntamiento asegura que acompañará "personalmente" a la familia a regularizar su situación en el padrón y que, hasta entonces, continuará dándole cobertura habitacional.