El conflicto en torno a la restauración de la Virgen de la Esperanza de la Macarena vuelve a activarse con un nuevo capítulo judicial. El restaurador implicado en la intervención fallida, Francisco Arquillo, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la anterior junta de gobierno de la hermandad, entre ellos José Antonio Fernández Cabrero, en un paso que reabre una polémica que ya tuvo un fuerte impacto público en Sevilla y que incluso trascendió a nivel internacional por el resultado de los trabajos.

La decisión del restaurador se fundamenta en su desacuerdo con las declaraciones realizadas por los antiguos responsables de la corporación, quienes le atribuyeron una actuación que, a su juicio, excedía lo pactado y le responsabilizaron del aspecto final de la imagen tras la intervención. Considera que esas manifestaciones dañaron su reputación profesional y su honor, motivo por el cual plantea ahora acudir a la vía judicial.

Antes de que el asunto llegue a los tribunales, se ha puesto en marcha el mecanismo previo de mediación obligatorio establecido por la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial. Este procedimiento, encuadrado en los Medios Adecuados de Solución de Controversias, ha dado lugar a reuniones formales ante notario en las que participan antiguos miembros de la junta de gobierno, entre ellos su entonces hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, así como otros cargos como el mayordomo, el prioste y el consiliario segundo.

Un enfrentamiento que se alarga

Este nuevo escenario se produce después de que la propia hermandad también estudiara en su momento emprender acciones legales contra el restaurador. Para ello llegó a encargar un informe jurídico a un despacho especializado, en el que se analizaba la posibilidad de un incumplimiento del contrato al entender que la intervención no se habría ajustado al encargo original, centrado en un tratamiento conservador de la imagen.

En paralelo a esas tensiones, en el pasado se intentaron distintas vías de entendimiento entre las partes implicadas, con la participación de la hermandad, la Universidad de Sevilla a través de su fundación de investigación y el propio restaurador. Aquellas conversaciones, también enmarcadas en mecanismos de resolución extrajudicial, no lograron un acuerdo, lo que terminó por congelar el proceso hasta el cambio de junta en la hermandad. Ahora, con el conflicto reactivado desde el lado del restaurador, el caso vuelve a situarse en un punto de confrontación abierta.