91 familias de Écija afrontan el riesgo de abandonar sus viviendas en la provincia de Sevilla tras la propuesta de la nueva propiedad de sustituir sus alquileres sociales por contratos a precio de mercado. Pagaban una media cercana a 80 euros mensuales y ahora les ofrecen arrendamientos de entre 450 y 500 euros.

Los vecinos dicen que no pueden pagarlos. Entre los afectados hay personas jubiladas, familias monoparentales y desempleados, que proponen rentas de entre 150 y 200 euros como máximo asumible con sus ingresos actuales.

Una subasta de la que aseguran que no fueron informados

Las familias accedieron a los pisos hace 26 años mediante un concurso público, al que se presentaron más de 500 solicitudes y que daba prioridad a personas y colectivos con menores ingresos.

El edificio se levantó sobre suelo municipal. Estaba gestionado por la firma participada Sedesa y, tras la quiebra del entramado empresarial, salió a subasta pública en 2020, cuando lo adquirió un fondo de inversión.

Los residentes denuncian que no recibieron información formal. También aseguran que no se les ofreció adquirir sus viviendas por el precio de adjudicación, estimado en unos 12.000 euros por inmueble.

Tres alternativas y una petición de estabilidad

El contrato de alquiler social terminó en marzo de este año. Desde entonces, la propiedad ha planteado tres opciones: un nuevo arrendamiento a precio de mercado, un alquiler con opción a compra o la adquisición directa de la vivienda.

El precio de venta sigue sin concretarse. Según la información facilitada, la empresa no ha querido precisar los importes definitivos de esa última alternativa. Los vecinos reclaman una solución estable que evite su desahucio. Recuerdan, además, que la concesión sobre el suelo municipal finaliza en 2030.

El Ayuntamiento plantea un rescate de más de tres millones con los vecinos

El Ayuntamiento de Écija trabaja en una operación para recuperar las viviendas junto con sus inquilinos. El plan podría superar los tres millones de euros, de los que el Consistorio pretende aportar 1,5 millones.

La alcaldesa, Silvia Heredia, señala que en torno a 80 familias están dispuestas a comprar sus viviendas. La propuesta contempla que los vecinos financien su parte mediante préstamos para los que el Ayuntamiento mediaría buscando condiciones favorables, aunque todavía se estudia el encaje legal de la fórmula.

Si la propiedad mantiene el precio de unos 30.000 euros ofrecido a algunos residentes, la aportación municipal podría cubrir 15.000 euros por vivienda. La operación sigue pendiente de negociación. "Este es el planteamiento que estamos haciendo pero para ello es necesario que se elabore un convenio, que nos sentemos con los propietarios y que no sigan subiendo los precios a los que ofertan las viviendas", explica Heredia.

Los afectados aseguran que aún no conocen la aportación concreta del Ayuntamiento. José Carmona, uno de los vecinos, valora la posibilidad de compartir el coste: "Si se cumple una participación del 50% podría ser un planteamiento positivo".