La Guardia Civil desarticuló la semana pasada una importante plantación de marihuana en la finca agrícola Tierra y Libertad, ubicada en el término municipal de El Bosque, en la Sierra de Cádiz.
En el operativo, los agentes intervinieron alrededor de 800 plantas de marihuana que ya habían sido cortadas y se encontraban en proceso de secado, junto a otras sustancias estupefacientes como cocaína y hachís. Como resultado de la operación, una persona fue detenida y otra permanece investigada. Ambas son familiares de un conocido expolítico y sindicalista andaluz.
En el dispositivo participó también una empresa del sector energético, cuya colaboración resultó clave para detectar irregularidades en el suministro eléctrico, un indicio habitualmente asociado a este tipo de instalaciones ilegales. La investigación permanece abierta.
Una finca con historia
La finca no es un enclave cualquiera. Con 68 hectáreas de extensión y situada a unos 400 metros de altitud, entre la carretera que une El Bosque y Ubrique, Tierra y Libertad nació en 1988 como una iniciativa pionera del Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Su objetivo era demostrar que los jornaleros podían gestionar la tierra de manera autónoma, sin depender de patrones ni terratenientes, apostando por un modelo alternativo de reforma agraria.
En sus comienzos, el proyecto afrontó serias dificultades: la finca carecía de caminos de acceso, viviendas y suministro de agua, y el terreno estaba degradado tras décadas de pastoreo intensivo. La recuperación del olivar fue la primera tarea de la cooperativa.
Con el tiempo, la finca se consolidó como referente del movimiento jornalero andaluz, combinando agricultura ecológica, ganadería propia y actividades comunitarias. Hoy alberga ovejas, gallinas, vacas, cerdos y patos, y recibe visitantes interesados en experiencias alternativas en el medio rural.
La respuesta del SAT: condena, agravio y reafirmación ideológica
Unos días después de conocerse la operación, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el SOC publicaron un comunicado conjunto en el que afirmaban haber tenido conocimiento de los hechos únicamente a través de los medios de comunicación. La organización condena los hechos "totalmente" y anuncia su colaboración pública con la Justicia, al tiempo que se muestra profundamente agraviada.
"Esta finca fue cedida a una cooperativa del SOC para un proyecto social: crear empleo y producir alimentos para nuestro pueblo", señala el texto. El sindicato se siente "engañado" y califica lo sucedido de traición, que "mancha el nombre de todas las jornaleras y jornaleros que llevamos 50 años dejándonos la piel por la dignidad del campo" y lo define como "una puñalada a nuestra historia".
Los sindicatos exigen que la operación policial no derive en una criminalización del movimiento jornalero. El SAT advierte de que la inmensa mayoría de sus afiliados y dirigentes son "gente honrada, ejemplar, honesta y luchadora" y rechaza que una acción particular ponga en entredicho décadas de trabajo colectivo.
El sindicato defiende que la tierra debe seguir siendo gestionada por quienes la trabajan, bajo los principios de la soberanía alimentaria y la reforma agraria, y asegura que continuará su camino "con las manos limpias, la conciencia tranquila y la cabeza alta".