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Si en el Campo de Gibraltar se movía el conocido Messi del hachís, el fugitivo Abdellah El Haj Sadek, en la provincia de Sevilla está el CR7 de la coca, apodo con el que en el submundo del narco se conoce a Mario G. L., empresario de Dos Hermanas con una turbulenta biografía vinculada al narcotráfico a gran escala. Su nombre aparece como acusado por presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en tres diligencias de instrucción de los Juzgados de Sevilla y Jerez. Además, aparte de un historial con condena, tiene pendiente de celebración en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz por la destrucción del sistema de vigilancia exterior del Estrecho (Sive), en el que se le piden seis años de cárcel por un supuesto delito de estragos.
Mario G. L., desde el pasado viernes, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido en la macroredada llevada a cabo hace una semana en El Puerto, con registros que se extendieron a su propio domicilio en Dos Hermanas o en las oficinas de Diputación de Cádiz en el Edificio Roma de la capital gaditana.
Como recogen las diligencias del proceso judicial, cuya investigación está en curso, "en un grupo de WhatsApp común bromeaban con los antecedentes penales". Al parecer, no son pocos. Los sólidos indicios judiciales lo señalan, presuntamente, como el cabecilla de una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un holding empresarial donde Pascual Llopis actuaría supuestamente como testaferro y donde se han ido incorporando contratos de patrocinio por más de un millón de euros de dinero público procedentes de la Diputación de Cádiz y concedidos a empresas que, en algún caso, se habían creado un año antes de estas asignaciones.
Entre los delitos que señala la investigación, de hecho, están la prevaricación y la malversación, que solo pueden imputarse a cargos públicos y políticos, si bien hasta el momento no ha habido nadie de estas esferas entre las once detenciones practicadas, indican las mismas fuentes. Tampoco hay ninguna administración pública, hasta el momento, envuelta en la supuesta trama, como se encargó esta semana de recordar la propia presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que también negó que esté siendo investigado el alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto en la institución provincial, Germán Beardo.
El abogado de 'Pascuali' dice que colaborará con la Justicia
El abogado de Pascuali, como se conoce a Llopis en El Puerto, manifestó este pasado martes que se demostrará la inocencia de su cliente —también defiende a la mujer y al hijo del empresario, si bien ambos están en libertad con cargos—, que éste encara desde la cárcel la investigación “con serenidad y plena voluntad de colaborar con la Justicia”, y que no ha sido acusado de delitos de narcotráfico.
Pero la relación de ambos encarcelados en prisión provisional se remonta una década atrás, según las pesquisas judiciales. El CR7 de la coca conoce en 2015 al rey de la noche portuense, Pascual Llopis, con quien monta hace una década la primera de las sociedades que el juez instructor asegura que han servido de pantalla para presuntamente lavar dinero procedente del narco.
Desde 2016, explican fuentes próximas a la investigación a lavozdelsur.es, “crean numerosas sociedades conjuntas, haciendo de las sociedades pantalla su medio de vida, para introducir en el tráfico mercantil dinero procedente de delitos contra la salud pública. Sin trabajo declarado, maneja ingentes cantidades de dinero”. Como titular de estas sociedades, Llopis aparece en Altos de Vistahermosa SL, Cayetanos del Puerto SL (dueña del local de copas Banana); Beauty Beach SL (propietaria del local Margarita); Luna Bahía SL; Bahía Luz Restauración; Tarifa Conceptual SL; y Pisgo Inversiones SL.
Tal es la relación del empresario sevillano con estas sociedades que, según recogen las diligencias, en septiembre de 2022 suscribe un préstamo privado con D. R. M. por 160.000 euros a través de esta última empresa de Pascuali. “El administrador real de estas sociedades era Mario, y Mario no es cualquiera, no es un mero conductor, porque en Sevilla es muy conocido y es el más fuerte, aunque sea casi tabú hablar del Cristiano Ronaldo de la cocaína”, advierten fuentes conocedoras del caso.
Como recogen las diligencias, el liderazgo y jerarquía de Mario en las empresas de Pascuali se deduce de las propias conversaciones, donde el primero decide las inversiones a realizar, el modo de pago o los pasos a seguir, la decoración de los locales de copas Banana y Margarita, y hasta incluso gobierna el festival Puro Latino, pese a que el 51% del mismo está en manos de F. T. F.. “Decide el modo de pago en efectivo de los artistas del festival, o que se abone en efectivo las licencias de festivales e incluso el modo de obtener subvenciones por carteles como no es no y una campaña contra el bullying”, apuntan las fuentes próximas a la investigación, que ha seguido su curso esta semana con alrededor de una veintena de declaraciones de investigados y testigos.
Intervenidos alrededor de 1,6 millones en efectivo
Antes de ser enviados por el juez que instruye el caso a prisión provisional, tanto Mario como Pascuali se acogieron a su derecho a no declarar. En los registros practicados hace una semana se han intervenido ingentes cantidades de dinero en efectivo, coches y relojes de alta gama, aparatos electrónicos, discos duros y libretas de contabilidad con anotaciones. Esto último fue intervenido en los registros al empresario portuense, al que le han sido intervenidos más de 1.160.000 euros en efectivo, de los cuales unos 455.000 euros estaban envasados al vacío (técnica propia de la ocultación de dinero enterrado o en lugares húmedos), además de un Porsche Cayenne, un Mercedes CLG, un BMW X3, y quince relojes Rolex.
Al presunto cabecilla se le han intervenido en su domicilio en Dos Hermanas unos 532.000 euros en metálico, otros tres coches de alta gama, una motocicleta, móviles y una impresora 3D. En el local de ocio regentado por Pascual Llopis, Margarita —clausurado desde esta semana por orden judicial tras denegar la licencia la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz—, se ha intervenido la suma de 32.155 euros en monedas y billetes, un portátil y un pendrive. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, resaltan las fuentes consultadas por este periódico.
Participación en el mayor alijo de coca en Sevilla
Hay que recordar que entre los antecedentes de Mario G. L. figura su presunta participación en el mayor alijo de cocaína incautado hasta el momento en la provincia de Sevilla. Era mayo de 2019 y la Policía Nacional descubrió en una nave del polígono industrial Mudapelo de El Palmar de Troya un camión con una tonelada de esta droga, procedente de Ecuador. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, los cinco acusados por este alijo fueron condenados a penas inferiores a cinco años y a multas millonarias, aunque con rebajas.
Mario G. L. y Pedro C. B., los dos conductores de los vehículos que hicieron de escoltas de la droga desde Algeciras hasta El Palmar de Troya, fueron condenados a dos años de cárcel por cómplices. Para éstos, las dos multas son de 10,7 millones de euros cada una.
Si en el Campo de Gibraltar se movía el conocido Messi del hachís, el fugitivo Abdellah El Haj Sadek, en la provincia de Sevilla está el CR7 de la coca, apodo con el que en el submundo del narco se conoce a Mario G. L., empresario de Dos Hermanas con una turbulenta biografía vinculada al narcotráfico a gran escala. Su nombre aparece como acusado por presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales en tres diligencias de instrucción de los Juzgados de Sevilla y Jerez. Además, aparte de un historial con condena, tiene pendiente de celebración en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz por la destrucción del sistema de vigilancia exterior del Estrecho (Sive), en el que se le piden seis años de cárcel por un supuesto delito de estragos.
Mario G. L., desde el pasado viernes, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido en la macroredada llevada a cabo hace una semana en El Puerto, con registros que se extendieron a su propio domicilio en Dos Hermanas o en las oficinas de Diputación de Cádiz en el Edificio Roma de la capital gaditana.
Como recogen las diligencias del proceso judicial, cuya investigación está en curso, "en un grupo de WhatsApp común bromeaban con los antecedentes penales". Al parecer, no son pocos. Los sólidos indicios judiciales lo señalan, presuntamente, como el cabecilla de una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un holding empresarial donde Pascual Llopis actuaría supuestamente como testaferro y donde se han ido incorporando contratos de patrocinio por más de un millón de euros de dinero público procedentes de la Diputación de Cádiz y concedidos a empresas que, en algún caso, se habían creado un año antes de estas asignaciones.
Entre los delitos que señala la investigación, de hecho, están la prevaricación y la malversación, que solo pueden imputarse a cargos públicos y políticos, si bien hasta el momento no ha habido nadie de estas esferas entre las once detenciones practicadas, indican las mismas fuentes. Tampoco hay ninguna administración pública, hasta el momento, envuelta en la supuesta trama, como se encargó esta semana de recordar la propia presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que también negó que esté siendo investigado el alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto en la institución provincial, Germán Beardo.
El abogado de 'Pascuali' dice que colaborará con la Justicia
El abogado de Pascuali, como se conoce a Llopis en El Puerto, manifestó este pasado martes que se demostrará la inocencia de su cliente —también defiende a la mujer y al hijo del empresario, si bien ambos están en libertad con cargos—, que éste encara desde la cárcel la investigación “con serenidad y plena voluntad de colaborar con la Justicia”, y que no ha sido acusado de delitos de narcotráfico.
Pero la relación de ambos encarcelados en prisión provisional se remonta una década atrás, según las pesquisas judiciales. El CR7 de la coca conoce en 2015 al rey de la noche portuense, Pascual Llopis, con quien monta hace una década la primera de las sociedades que el juez instructor asegura que han servido de pantalla para presuntamente lavar dinero procedente del narco.
Desde 2016, explican fuentes próximas a la investigación a lavozdelsur.es, “crean numerosas sociedades conjuntas, haciendo de las sociedades pantalla su medio de vida, para introducir en el tráfico mercantil dinero procedente de delitos contra la salud pública. Sin trabajo declarado, maneja ingentes cantidades de dinero”. Como titular de estas sociedades, Llopis aparece en Altos de Vistahermosa SL, Cayetanos del Puerto SL (dueña del local de copas Banana); Beauty Beach SL (propietaria del local Margarita); Luna Bahía SL; Bahía Luz Restauración; Tarifa Conceptual SL; y Pisgo Inversiones SL.
Tal es la relación del empresario sevillano con estas sociedades que, según recogen las diligencias, en septiembre de 2022 suscribe un préstamo privado con D. R. M. por 160.000 euros a través de esta última empresa de Pascuali. “El administrador real de estas sociedades era Mario, y Mario no es cualquiera, no es un mero conductor, porque en Sevilla es muy conocido y es el más fuerte, aunque sea casi tabú hablar del Cristiano Ronaldo de la cocaína”, advierten fuentes conocedoras del caso.
Como recogen las diligencias, el liderazgo y jerarquía de Mario en las empresas de Pascuali se deduce de las propias conversaciones, donde el primero decide las inversiones a realizar, el modo de pago o los pasos a seguir, la decoración de los locales de copas Banana y Margarita, y hasta incluso gobierna el festival Puro Latino, pese a que el 51% del mismo está en manos de F. T. F.. “Decide el modo de pago en efectivo de los artistas del festival, o que se abone en efectivo las licencias de festivales e incluso el modo de obtener subvenciones por carteles como no es no y una campaña contra el bullying”, apuntan las fuentes próximas a la investigación, que ha seguido su curso esta semana con alrededor de una veintena de declaraciones de investigados y testigos.
Intervenidos alrededor de 1,6 millones en efectivo
Antes de ser enviados por el juez que instruye el caso a prisión provisional, tanto Mario como Pascuali se acogieron a su derecho a no declarar. En los registros practicados hace una semana se han intervenido ingentes cantidades de dinero en efectivo, coches y relojes de alta gama, aparatos electrónicos, discos duros y libretas de contabilidad con anotaciones. Esto último fue intervenido en los registros al empresario portuense, al que le han sido intervenidos más de 1.160.000 euros en efectivo, de los cuales unos 455.000 euros estaban envasados al vacío (técnica propia de la ocultación de dinero enterrado o en lugares húmedos), además de un Porsche Cayenne, un Mercedes CLG, un BMW X3, y quince relojes Rolex.
Al presunto cabecilla se le han intervenido en su domicilio en Dos Hermanas unos 532.000 euros en metálico, otros tres coches de alta gama, una motocicleta, móviles y una impresora 3D. En el local de ocio regentado por Pascual Llopis, Margarita —clausurado desde esta semana por orden judicial tras denegar la licencia la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz—, se ha intervenido la suma de 32.155 euros en monedas y billetes, un portátil y un pendrive. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, resaltan las fuentes consultadas por este periódico.
Participación en el mayor alijo de coca en Sevilla
Hay que recordar que entre los antecedentes de Mario G. L. figura su presunta participación en el mayor alijo de cocaína incautado hasta el momento en la provincia de Sevilla. Era mayo de 2019 y la Policía Nacional descubrió en una nave del polígono industrial Mudapelo de El Palmar de Troya un camión con una tonelada de esta droga, procedente de Ecuador. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, los cinco acusados por este alijo fueron condenados a penas inferiores a cinco años y a multas millonarias, aunque con rebajas.
Mario G. L. y Pedro C. B., los dos conductores de los vehículos que hicieron de escoltas de la droga desde Algeciras hasta El Palmar de Troya, fueron condenados a dos años de cárcel por cómplices. Para éstos, las dos multas son de 10,7 millones de euros cada una.
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