Jerez bate un récord mundial con la gilda más grande jamás elaborada 
Jorge Vázquez deja la dirección de Andalucía Global tras ser señalado en la investigación de la presunta trama de blanqueo 
¡Histórico pase de España a semifinales!: el talismán Merino da el triunfo ante Bélgica y 'La Roja' se cita con Francia 
Destrozan los toldos del chiringuito La Manuela de Las Tres Piedras en Chipiona: ofrecen 500 euros por identificar al autor 
El apoyo del almeriense Baena a los afectados por el fuego en Los Gallardos: 30 segundos de silencio en el España-Bélgica 
La defensa del empresario portuense Pascual Llopis, investigado en la conocida la semana pasada con epicentro en El Puerto de Santa María, ha salido al paso de las informaciones publicadas en los últimos días. El despacho Lawpro Abogados, que ha asumido la dirección letrada del empresario, de su esposa y de su hijo, ha difundido un comunicado en redes sociales para aclarar la situación procesal de sus representados.
"Debo manifestar con toda claridad que don Pascual Llopis no se encuentra investigado por ningún delito de tráfico de drogas y en los registros llevados a cabo no se ha encontrado sustancia estupefaciente alguna", afirma el letrado en su comparecencia, realizada, dice, "con el debido respeto a la Administración de Justicia" pero también "con la obligación de salir en defensa del buen nombre" de sus clientes.
El despacho, adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, recuerda que sus representados están amparados por la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución, "que asiste a toda persona en tanto no recaiga una sentencia firme". Por ello, reclama a los medios "un tratamiento riguroso y veraz de la información y que ésta esté debidamente contrastada, que no derive en un juicio paralelo ni anticipe una condena que, no debemos olvidar, sólo corresponde dictar a los tribunales ordinarios de justicia".
Según la defensa, el empresario "afronta esta situación con serenidad y con plena voluntad de colaborar con la Administración de Justicia en todo en cuanto sea necesario para el esclarecimiento de los hechos y para demostrar por supuesto su inocencia". El comunicado concluye con un mensaje de confianza: "Confiamos plenamente en la justicia y en que llegado el momento quede acreditada la inocencia de quienes representamos".
Una veintena de citados a declarar esta semana
El comunicado llega en plena aceleración de la instrucción. Según fuentes próximas a la investigación conocidas por lavozdelsur.es, el juez ha llamado a declarar a alrededor de una veintena de personas, en calidad de investigados o testigos, en comparecencias que se prolongarán al menos hasta el viernes y que pueden abrir nuevas conexiones y ramificaciones en un caso de gran complejidad, con un atestado de la Guardia Civil de unos 500 folios.
De las cerca de trece personas detenidas en el macrooperativo desplegado el pasado 1 de julio, ocho pasaron por los Juzgados de El Puerto. El juez decretó prisión provisional para Llopis, dueño de locales de referencia del ocio nocturno y uno de los promotores del festival Puro Latino —que mantiene su calendario con normalidad y celebró su edición sevillana los días 3 y 4 de julio en La Cartuja—, y para un empresario de Dos Hermanas con antecedentes por narcotráfico de cocaína y hachís, considerados los presuntos cabecillas. El resto quedó en libertad con cargos.
En la treintena de registros practicados en Cádiz y Sevilla, con locales como el restaurante Babu o las discotecas Banana y Margarita entre los inspeccionados, los agentes intervinieron 1,2 millones de euros en metálico, parte de ellos emparedados en algunos de los inmuebles, además de vehículos y relojes de alta gama.
El TSJA asevera que se investigan entre todos los sujetos presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación. Estos dos últimos solo pueden cometerlos funcionarios o autoridades, por lo que la investigación acabará señalando a algún cargo público, aún sin identificar. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, cuya área en la Diputación de Cádiz concedió cinco contratos de patrocinio por más de un millón de euros a empresas de Llopis, no está siendo investigado, según dejó claro el propio TSJA, aunque acudió al edificio Roma de la capital gaditana para facilitar el requerimiento de la Policía Judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La defensa del empresario portuense Pascual Llopis, investigado en la conocida la semana pasada con epicentro en El Puerto de Santa María, ha salido al paso de las informaciones publicadas en los últimos días. El despacho Lawpro Abogados, que ha asumido la dirección letrada del empresario, de su esposa y de su hijo, ha difundido un comunicado en redes sociales para aclarar la situación procesal de sus representados.
"Debo manifestar con toda claridad que don Pascual Llopis no se encuentra investigado por ningún delito de tráfico de drogas y en los registros llevados a cabo no se ha encontrado sustancia estupefaciente alguna", afirma el letrado en su comparecencia, realizada, dice, "con el debido respeto a la Administración de Justicia" pero también "con la obligación de salir en defensa del buen nombre" de sus clientes.
El despacho, adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, recuerda que sus representados están amparados por la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución, "que asiste a toda persona en tanto no recaiga una sentencia firme". Por ello, reclama a los medios "un tratamiento riguroso y veraz de la información y que ésta esté debidamente contrastada, que no derive en un juicio paralelo ni anticipe una condena que, no debemos olvidar, sólo corresponde dictar a los tribunales ordinarios de justicia".
Según la defensa, el empresario "afronta esta situación con serenidad y con plena voluntad de colaborar con la Administración de Justicia en todo en cuanto sea necesario para el esclarecimiento de los hechos y para demostrar por supuesto su inocencia". El comunicado concluye con un mensaje de confianza: "Confiamos plenamente en la justicia y en que llegado el momento quede acreditada la inocencia de quienes representamos".
Una veintena de citados a declarar esta semana
El comunicado llega en plena aceleración de la instrucción. Según fuentes próximas a la investigación conocidas por lavozdelsur.es, el juez ha llamado a declarar a alrededor de una veintena de personas, en calidad de investigados o testigos, en comparecencias que se prolongarán al menos hasta el viernes y que pueden abrir nuevas conexiones y ramificaciones en un caso de gran complejidad, con un atestado de la Guardia Civil de unos 500 folios.
De las cerca de trece personas detenidas en el macrooperativo desplegado el pasado 1 de julio, ocho pasaron por los Juzgados de El Puerto. El juez decretó prisión provisional para Llopis, dueño de locales de referencia del ocio nocturno y uno de los promotores del festival Puro Latino —que mantiene su calendario con normalidad y celebró su edición sevillana los días 3 y 4 de julio en La Cartuja—, y para un empresario de Dos Hermanas con antecedentes por narcotráfico de cocaína y hachís, considerados los presuntos cabecillas. El resto quedó en libertad con cargos.
En la treintena de registros practicados en Cádiz y Sevilla, con locales como el restaurante Babu o las discotecas Banana y Margarita entre los inspeccionados, los agentes intervinieron 1,2 millones de euros en metálico, parte de ellos emparedados en algunos de los inmuebles, además de vehículos y relojes de alta gama.
El TSJA asevera que se investigan entre todos los sujetos presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación. Estos dos últimos solo pueden cometerlos funcionarios o autoridades, por lo que la investigación acabará señalando a algún cargo público, aún sin identificar. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, cuya área en la Diputación de Cádiz concedió cinco contratos de patrocinio por más de un millón de euros a empresas de Llopis, no está siendo investigado, según dejó claro el propio TSJA, aunque acudió al edificio Roma de la capital gaditana para facilitar el requerimiento de la Policía Judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
COMENTARIOS