Una ley aprobada, publicada y en vigor. Y aun así, inaplicable. Esa es la paradoja que denuncia el comité de empresa de Bodegas Osborne: el Real Decreto-Ley 11/2024, que entró en vigor el 1 de abril de 2025 y reconoce el derecho de los trabajadores fijos discontinuos a participar en procesos de jubilación parcial como relevistas con contrato indefinido, sigue sin poder aplicarse más de un año después por la ausencia de instrucciones claras por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Trabajo. Una situación que el comité califica sin ambages de "auténtica negación de derechos".

Según la representación de la plantilla, la falta de criterios oficiales está generando una inseguridad jurídica que paraliza a la propia empresa. Bodegas Osborne se encuentra, según el comité, en disposición de transformar contratos fijos discontinuos en indefinidos mediante contratos de relevo, pero no lo está haciendo por el riesgo de posibles sanciones o conflictos legales ante la ausencia del desarrollo reglamentario previsto en el propio decreto. La norma existe, pero sin ese desarrollo no puede ejecutarse con garantías.

Escritos sin respuesta: Secretario de Estado, Unai Sordo, Pepe Álvarez y Sumar

La denuncia del Comité no surge de la nada. La representación de los trabajadores lleva meses intentando desbloquear la situación por todas las vías disponibles. Han enviado escritos al Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey; han entregado en mano documentación a los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT); han contactado con la diputada de Sumar por Cádiz en el Congreso, Esther Gil de Reboleño; y han presentado una consulta conjunta con la empresa a la Seguridad Social. El resultado en todos los casos ha sido el mismo: ninguna respuesta.

El comité también señala la pasividad de los sindicatos mayoritarios ante esta situación, una crítica que añade tensión a un conflicto que, advierten, puede derivar en un aumento de la conflictividad laboral si no se actúa con rapidez. "Los trabajadores no somos responsables de este bloqueo, pero sí quienes sufrimos sus consecuencias", subrayan en su comunicado.

Una desigualdad difícil de justificar

Lo que más indigna al comité es la desigualdad de trato que genera esta parálisis administrativa. Mientras los trabajadores temporales o desempleados sí pueden acceder a contratos indefinidos mediante la figura del relevo, los fijos discontinuos —que a menudo cuentan con mayor antigüedad y formación dentro de la empresa— quedan excluidos en la práctica de esa misma posibilidad. Una discriminación que, según la representación sindical, no tiene justificación legal ni lógica y que perjudica precisamente a quienes más vinculación tienen con la empresa.

La correcta aplicación del decreto, señala el comité, no solo beneficiaría a los trabajadores: también facilitaría la jubilación parcial de quienes están en condiciones de acceder a ella, generaría empleo estable para los fijos discontinuos, incrementaría las cotizaciones a la Seguridad Social y reduciría los periodos de inactividad laboral. Beneficios que, a día de hoy, siguen siendo papel mojado por la falta de voluntad administrativa para completar el desarrollo normativo.

El Comité de Empresa concluye su denuncia con un llamamiento a las instituciones y a otros trabajadores fijos discontinuos del país para que se movilicen y visibilicen un problema que, recuerdan, afecta a miles de personas en toda España más allá de las bodegas gaditanas. La exigencia es concreta y urgente: que el Ministerio emita con carácter inmediato las instrucciones necesarias para que una ley ya en vigor pueda, por fin, aplicarse. "No se trata de una reivindicación de privilegios, sino de garantizar el respeto a derechos ya reconocidos legalmente", concluyen.