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La nueva Normativa Diocesana sobre Piedad Popular y Hermandades y Cofradías ha suscitado las primeras reacciones entre los hermanos mayores de Jerez, especialmente por las sanciones económicas asociadas a los retrasos en las salidas procesionales y por las limitaciones para quienes compaginan responsabilidades cofrades y políticas.
La normativa establece que un retraso de media hora puede implicar una sanción equivalente al 100% de la cantidad que corresponda a la hermandad infractora en el reparto de los beneficios de palcos y sillas.
Ante esta previsión, algunos hermanos mayores plantean la solución ‘trampa’ de ampliar los horarios oficiales de recogida, incluso con márgenes de hasta dos horas, para evitar que circunstancias propias de la estación de penitencia activen penalizaciones económicas de esa magnitud.
Manuel Tordesillas reclama estudiar la norma
El hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, Manuel Tordesillas, abogado en ejercicio, considera que no debe valorarse negativamente el conjunto del documento. “Había cosas que todos estábamos deseando que se modificaran”, afirma, y cita como ejemplo la regulación de la aportación al Fondo Común Diocesano, conocido habitualmente como el impuesto.
“El sentir de los hermanos mayores es que todo es malo pero no es así”, señala. Por ello, reclama “estudiar con detenimiento la norma en toda su extensión y detalles. No hay que precipitarse”. Tordesillas considera que el texto “puede ser mejorable”, aunque valora que el curso cofrade se adapte al año natural y apunta a modelos de organización del ámbito empresarial.
Limitaciones para los cargos políticos
La normativa también limita el ejercicio de determinadas responsabilidades en las hermandades cuando el cofrade desempeña simultáneamente un cargo o responsabilidad política. La interpretación de algunos hermanos mayores es que el Obispado pretende evitar que la notoriedad adquirida como capataz, vestidor, mayordomo, pregonero o exaltador, entre otros puestos, se utilice después con fines de promoción política. Muy sonado ha sido el caso del reputado capataz Tomás Sampalo, que actualmente ejerce como delegado de Salud y Deporte dentro del gobierno de Jerez.
La aplicación de esta medida plantea si debe afectar solo a los casos en que una formación política recurre a una persona con relevancia cofrade o también a quienes emplean su posición dentro de una hermandad para aproximarse a un partido. En este contexto se ha citado el caso del actual delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita, que pronunció el pregón de la Semana Santa de Jerez cuando ya formaba parte de las listas electorales del Partido Popular.
Un periodo experimental para introducir cambios
La normativa entrará en vigor el próximo 24 de septiembre con carácter ad experimentum durante un año. En ese periodo, las hermandades podrán formular correcciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.
El texto abre así una etapa de adaptación para las corporaciones de la Diócesis de Asidonia-Jerez, que deberán concretar el alcance de las nuevas sanciones, incompatibilidades y disposiciones de gestión.
La nueva Normativa Diocesana sobre Piedad Popular y Hermandades y Cofradías ha suscitado las primeras reacciones entre los hermanos mayores de Jerez, especialmente por las sanciones económicas asociadas a los retrasos en las salidas procesionales y por las limitaciones para quienes compaginan responsabilidades cofrades y políticas.
La normativa establece que un retraso de media hora puede implicar una sanción equivalente al 100% de la cantidad que corresponda a la hermandad infractora en el reparto de los beneficios de palcos y sillas.
Ante esta previsión, algunos hermanos mayores plantean la solución ‘trampa’ de ampliar los horarios oficiales de recogida, incluso con márgenes de hasta dos horas, para evitar que circunstancias propias de la estación de penitencia activen penalizaciones económicas de esa magnitud.
Manuel Tordesillas reclama estudiar la norma
El hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, Manuel Tordesillas, abogado en ejercicio, considera que no debe valorarse negativamente el conjunto del documento. “Había cosas que todos estábamos deseando que se modificaran”, afirma, y cita como ejemplo la regulación de la aportación al Fondo Común Diocesano, conocido habitualmente como el impuesto.
“El sentir de los hermanos mayores es que todo es malo pero no es así”, señala. Por ello, reclama “estudiar con detenimiento la norma en toda su extensión y detalles. No hay que precipitarse”. Tordesillas considera que el texto “puede ser mejorable”, aunque valora que el curso cofrade se adapte al año natural y apunta a modelos de organización del ámbito empresarial.
Limitaciones para los cargos políticos
La normativa también limita el ejercicio de determinadas responsabilidades en las hermandades cuando el cofrade desempeña simultáneamente un cargo o responsabilidad política. La interpretación de algunos hermanos mayores es que el Obispado pretende evitar que la notoriedad adquirida como capataz, vestidor, mayordomo, pregonero o exaltador, entre otros puestos, se utilice después con fines de promoción política. Muy sonado ha sido el caso del reputado capataz Tomás Sampalo, que actualmente ejerce como delegado de Salud y Deporte dentro del gobierno de Jerez.
La aplicación de esta medida plantea si debe afectar solo a los casos en que una formación política recurre a una persona con relevancia cofrade o también a quienes emplean su posición dentro de una hermandad para aproximarse a un partido. En este contexto se ha citado el caso del actual delegado municipal de Cultura, Francisco Zurita, que pronunció el pregón de la Semana Santa de Jerez cuando ya formaba parte de las listas electorales del Partido Popular.
Un periodo experimental para introducir cambios
La normativa entrará en vigor el próximo 24 de septiembre con carácter ad experimentum durante un año. En ese periodo, las hermandades podrán formular correcciones y sugerencias antes de su aprobación definitiva.
El texto abre así una etapa de adaptación para las corporaciones de la Diócesis de Asidonia-Jerez, que deberán concretar el alcance de las nuevas sanciones, incompatibilidades y disposiciones de gestión.
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