Ganemos Jerez ha presentado una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por el contenido del folleto que el Ayuntamiento ha incluido junto a las notificaciones de la nueva tasa de basuras. La formación sostiene que podría haberse producido una vulneración de los principios de transparencia, neutralidad institucional y veracidad en la información pública.

El grupo municipalista considera especialmente grave que el gobierno local haya utilizado el envío obligatorio de una notificación tributaria para repartir un documento que, según denuncia, contiene argumentos políticos y afirmaciones falsas sobre quién es responsable de la implantación y configuración de esta tasa.

Ganemos cuestiona que el folleto atribuya al Gobierno de España la “imposición” de una ley que obliga a todos los municipios a establecer el nuevo tributo. La formación recuerda que esa obligación deriva de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por las Cortes Generales como transposición de una directiva europea.

Ganemos acusa al Ayuntamiento de trasladar el argumentario del PP

La viceportavoz de Ganemos Jerez, Tere Chamizo, critica el enfoque elegido por el Ayuntamiento: “El Gobierno de España no impone leyes. Las leyes las aprueban el Congreso y el Senado. No puede utilizar una comunicación tributaria obligatoria, que llega a todos los hogares, como si fuera un folleto del Partido Popular”.

“Una cosa es explicar a la ciudadanía una obligación legal y otra muy distinta utilizar dinero y canales de comunicación municipales para trasladar el argumentario político del gobierno de María José García-Pelayo. La información institucional tiene que ser rigurosa, objetiva y neutral, no servir para buscar culpables o hacer propaganda”, señala Chamizo.

Otro de los aspectos cuestionados es la afirmación municipal de que la nueva tasa “obliga a subir el precio de la basura”. Ganemos sostiene que esta interpretación es incorrecta. Según expone la formación, la normativa estatal exige que la tasa permita cubrir el 100% del coste de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, pero no establece necesariamente una subida idéntica en todos los municipios.

“Si una tasa aumenta en un municipio es porque anteriormente no estaba cubriendo el coste total del servicio o porque el Ayuntamiento ha establecido unos determinados criterios fiscales. La ley obliga a cubrir el coste, pero no fija cuánto tiene que pagar cada vecino o cada empresa, que criterios se utilizan para determinar la tasa, ni establece una subida concreta para todos los municipios”, explica Chamizo.

La formación pone el foco en cómo se diseña la tasa en Jerez

Ganemos también rechaza que pueda afirmarse que la tasa “no es una decisión de la Ciudad” o que se aplica “a toda España por igual”. Recuerda que son los propios ayuntamientos los encargados de concretar mediante sus ordenanzas fiscales los criterios, tramos, bonificaciones, distribución entre personas físicas y jurídicas y el sistema de cobro.

“Decir que esta tasa se aplica en toda España por igual borra deliberadamente la responsabilidad que tienen los ayuntamientos en su diseño y en las decisiones que afectan al bolsillo de sus vecinos y vecinas. La forma y distribución de la tasa de basuras en Jerez la ha decidido el Ayuntamiento de Jerez, no el Gobierno de España”, sostiene Chamizo.

La viceportavoz considera además que el contenido del folleto coincide con el discurso que viene manteniendo el Partido Popular. “El Ayuntamiento tiene la obligación de informar, no de hacer campaña política a favor el partido que lo gobierna. Es muy grave que lo haga utilizando un trámite legal como es la notificación oficial del pago de una tasa. Si el PP quiere quiere defender las decisiones y posiciones del PP, que lo haga desde sus canales de partido y con sus propios recursos y no utilice los recursos de la institución municipal. ”, afirma.

En su denuncia, Ganemos solicita al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que admita el escrito, realice las comprobaciones pertinentes y determine si se han vulnerado los principios de veracidad y neutralidad institucional. En caso de que se confirmen irregularidades, pide que se requiera al Ayuntamiento el cese del uso de canales de comunicación obligatoria para difundir contenidos políticos o carentes de rigor informativo.

La formación entiende que estas actuaciones podrían vulnerar la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.