El agrio cruce de acusaciones entre la Zona Franca de Cádiz (ZFC), el PP de Jerez y el actual gobierno del PSOE por las malogradas obras de reurbanización del polígono industrial de El Portal puede acabar en los tribunales, por vía administrativa e incluso penal, según ha podido conocer lavozdelsur.es. El Ayuntamiento investiga cómo se licitó y se adjudicó, hace ahora dos años, el contrato para acometer las obras de reurbanización del polígono industrial de El Portal, un proyecto que diseñaron los técnicos municipales de Urbanismo, pero cuya tramitación y ejecución recaía sobre el consorcio estatal, en manos de los populares en aquel momento y en la actualidad. Hace escasos días, ZFC anunciaba la liquidación del contrato por incumplimiento de los plazos y responsabilizaba al Ayuntamiento de Jerez “por los errores detectados en el proyecto municipal”. Un proyecto que en todo momento conocían y debían conocer (porque era indispensable en el concurso público) tanto la propia ZFC como los licitadores que pujaran por hacerse con el mismo. La UTE adjudicataria de los trabajos, OHL y Ucop Construcciones, ya remitió hace algo menos de un año un escrito al ente estatal reclamando una indemnización de casi un millón de euros por daños y perjuicios al no poder finalizar los trabajos debido a las mencionadas deficiencias de diseño urbanístico y a la "negligencia" de la dirección facultativa, que recaía en los técnicos municipales de Urbanismo.
Las obras, paralizadas desde diciembre de 2015 y de las que apenas se ha ejecutado un 30%, solo han sido costeadas hasta la fecha por el Consistorio jerezano, "el único que ha abonado algo más de un millón de euros a la UTE", según han detallado fuentes municipales consultadas por este medio y, posteriormente en una nota, el gobierno local. Es justo la parte de cofinanciación que le correspondía al Ayuntamiento —que no descarta solicitar su reembolso— dentro de una inversión pública en la que ZFC aportaba 2,7 millones que iban a ser sufragados con fondos de la Unión Europea (que, por cierto, se han esfumado). Sin embargo, la investigación que está siguiendo el Ayuntamiento sobre este asunto señala directamente a las cláusulas administrativas que elaboró Zona Franca en el momento de sacar a concurso el contrato.
En ellas, el ente valoró especialmente (con una puntuación máxima de 40 puntos sobre 90) la memoria constructiva que presentara el licitador, en este caso la referida UTE OHL-Ucop. En dicho pliego, que cuelga del perfil del contratante del consorcio estatal, éste daba su conformidad al proyecto de actuación presentado por la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, lo que resulta contradictorio con los argumentos que se esgrimen ahora para responsabilizar al ejecutivo local de dejar morir el proyecto. “El 8 de mayo de 2013, se firma entre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, un Protocolo de Intenciones para la Mejora Integral del Polígono Industrial El Portal, en Jerez. Las actuaciones propuestas se encuadran en tres grupos: mejoras en accesibilidad, conexiones y viario interior en avenida Alcalde Cantos Ropero, calle Marruecos y calle Sudáfrica”, reza el expediente. Y concluía: “Una vez entregado el citado proyecto de ejecución, tras informe de supervisión de los técnicos del CZFC y aprobación por el Órgano de Contratación del CZFC, el presente expediente tiene por objeto iniciar la licitación de las obras de ejecución correspondientes al proyecto”.
El punto clave del concurso público presentaba unas exigencias altísimas que hacían imposible desconocer previamente el proyecto presentado por Urbanismo, tal y como sostienen las fuentes consultadas. En dicha cláusula de oro se especifica que “el licitador deberá incluir una memoria y documentación derivada del conocimiento y estudio del proyecto (evitando copiar la memoria del proyecto), incluyendo la concepción global de la obra, una descripción de las actividades más significativas, complejas o importantes de la obra y de los procesos constructivos propuestos, análisis y presupuestos, posibles comprobaciones del terreno y de servicios afectados, estudio de condicionantes externos, estudio de los desvíos provisionales que proponga de acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. Expondrá las características de los medios técnicos, haciendo referencia en su caso a las prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento”. Entre 20 empresas que pujaron, fue OHL y Ucop Construcciones, con 77,95 puntos, quienes se hicieron con el contrato por escaso margen de diferencia frente a Dragados (71.10) y la UTE conformada por Manuel Alba-Infraestructuras Urbanas y Medio Ambientales-Juan Romo (71.05 puntos). “No fue la oferta más barata y, sin embargo, según Zona Franca era la mejor, la más fantástica oferta ténica posible. ¿Eso significa que se habían estudiado el contrato, no?”, cuestionan las mismas fuentes consultadas.
En cambio, una vez que se hizo con el contrato de 3,8 millones, y pese a que por las exigencias de la licitación debía conocer previamente el proyecto con lupa, la UTE detectó deficiencias que fueron “valoradas en alrededor de un millón de euros”. Son esas discrepancias con el proyecto municipal las que, en la práctica, no le han permitido concluir los trabajos, exigiendo por ello, como se ha dicho, una millonaria cantidad (905.000 euros) en concepto de indemnización. Tras los ataques vertidos por el PP, en boca de Antonio Saldaña, acusando al PSOE de haber hecho perder a la ciudad casi 4 millones de inversión pública por “dejadez”, el gobierno de Mamen Sánchez ha reaccionado emitiendo una nota de prensa a los medios en la que, por su parte, achaca a ZFC el incumplimiento del convenio para la reurbanización. Pero en la que también ya deja caer el tsunami político de imprevisibles consecuencias que se viene encima en relación con este espinoso asunto. “La empresa contratista hizo propuestas para realizar un modificado del proyecto que rondaba en torno al 20% sobre el presupuesto de adjudicación, muy por encima del 10% que permite la Ley de Contratos, propuestas cuyos términos eran contrarios a lo estipulado en el contrato, en el pliego y en el proyecto, lo que fue trasladado al responsable del contrato de la Zona Franca para que resolviera”, ha expuesto el comunicado municipal. Expertos en contratación pública han corroborado a este medio que "eso es sencillamente ilegal".
La UTE propuso realizar un modificado del proyecto que rondaba en torno al 20% sobre el presupuesto de adjudicación, muy por encima del 10% que permite la Ley de Contratos
Pero el ejecutivo socialista ha ido a más: “En cuanto a los errores en el proyecto que, según el PP, surgieron durante la ejecución de la obra, el señor Saldaña sabe de sobra que esos supuestos errores no surgieron durante la ejecución del proyecto, sino precisamente antes de su inicio, ya que fueron planteados por el Consorcio antes de la firma del acta de replanteo —que tuvo lugar a finales de abril de 2015, en el mismo polígono y que firman el promotor (ZFC), la constructora (la UTE) y la dirección facultativa (Ayuntamiento)—. Errores que, en caso de existir, debieron de subsanarse antes del inicio de las obras, pero al parecer había mucho interés en iniciarlas antes de las elecciones”.
Al final, como se ha señalado desde el gobierno en una nota que de forma llamativa firma de forma genérica, no por el máximo responsable de Urbanismo, Francisco Camas, “lo que tenemos son promesas incumplidas por el anterior gobierno y un polígono abandonado en el que el Ayuntamiento, cumpliendo su parte del convenio, sí aportó la cantidad que le correspondía por convenio para estas obras; sí que redactó el proyecto que fue aprobado por la Zona Franca; y fue estudiado por todas las empresas que se presentaron a la licitación, incluida la adjudicataria; y sí que ejerció la dirección facultativa de obras, realizando todas las visitas y elaborado todos los informes que se les requirió desde el Consorcio y desde el contratista". "No ha habido dejación de funciones. El PP quiere enmascarar la verdad de este asunto", han advertido. En este sentido, la nota culmina con un mensaje del gobierno dejando claro que "no vamos a abandonar a los empresarios del polígono, ni renunciar a una actuación que beneficia a toda la ciudad; y una vez más, trataremos de dar solución a otro problema que nos encontramos de la anterior legislatura. Reiteramos todo el apoyo a la actuación de la dirección facultativa de las obras, que ha sido absolutamente correcta en todo momento y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido".
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