El Ayuntamiento de Almonte ha advertido de las posibles consecuencias económicas que podría acarrear una moción registrada por el concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez para que el Pleno inicie la revisión de oficio del contrato de la Zona ORA. Según sostiene el Consistorio, si la iniciativa prospera, el municipio podría quedar expuesto a una reclamación de hasta ocho millones de euros, un coste que, según indica, tendrían que asumir los vecinos. La propuesta plantea solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía la revisión del contrato y la emisión de un dictamen sobre la posible existencia de motivos para su rescisión.

El equipo de gobierno considera que la moción parte de la premisa de que existe "un problema jurídico grave", aunque sostiene que el documento "omite un hecho fundamental". En este sentido, explica que, cuando surgieron dudas sobre las condiciones necesarias para la puesta en marcha del servicio, el Ayuntamiento dejó sin efecto el decreto que autorizaba su inicio. De acuerdo con el comunicado, esa decisión evitó que la Zona ORA entrara en funcionamiento sin las garantías jurídicas necesarias y respondió a una actuación preventiva destinada a evitar controversias legales y proteger tanto a la ciudadanía como a la institución.

El Consistorio defiende además que, en la actualidad, no existe ninguna resolución que cuestione la legalidad de la adjudicación del contrato. En concreto, afirma que "no existe sentencia alguna que declare ilegal la adjudicación", que "no existe resolución administrativa que anule el contrato", que "no existe pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la nulidad planteada" y que tampoco existe "ninguna declaración de ilegalidad por parte de los tribunales". Con estos argumentos, el Ayuntamiento sostiene que no concurren, por el momento, resoluciones que invaliden el procedimiento seguido.

La nota de prensa también recuerda una resolución judicial relacionada con este asunto. Según señala, el Tribunal Contencioso-Administrativo archivó y canceló recientemente una denuncia presentada por el mismo concejal contra el decreto que posteriormente fue anulado por el propio Ayuntamiento en relación con la zona azul. El comunicado añade que el juzgado "ratificó que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta", circunstancia que el equipo de gobierno considera un respaldo a las decisiones adoptadas durante la tramitación del expediente.

La razón de la zona azul

El Ayuntamiento asegura que su actuación ha estado guiada en todo momento por la defensa del interés de los vecinos y por el respeto al marco legal. En este sentido, afirma que "siempre se ha velado por los vecinos del municipio" y que se ha trabajado para "garantizar seguridad y ofrecer los mejores servicios". Asimismo, sostiene que la prioridad del equipo de gobierno seguirá siendo "defender el interés general, garantizar la seguridad jurídica y actuar siempre dentro del marco legal".

Por último, el Consistorio enmarca la implantación de la zona azul dentro de una estrategia para mejorar la movilidad en Matalascañas. Según recoge el comunicado, la medida pretende resolver los problemas de estacionamiento existentes, además de contribuir a posicionar la playa de Doñana como "un destino moderno, organizado y respetuoso con el medio ambiente". El Ayuntamiento concluye que esta actuación responde a su compromiso con la mejora de los servicios públicos, el desarrollo económico local y la sostenibilidad.