La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a una mujer a diez años y un día de prisión por provocar un incendio en un asentamiento chabolista situado en el polígono industrial San Jorge, en el municipio onubense de Palos de la Frontera. El fuego, ocurrido en septiembre de 2023, arrasó 80 infraviviendas del poblado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera a la acusada, que se encontraba en situación irregular en España, autora de un delito de incendio provocado. Según el fallo, la noche del 24 de septiembre de 2023 la mujer actuó “con la intención de provocar un incendio”, vertió gasolina sobre su propia chabola y le prendió fuego tras lanzar gritos amenazantes.

Las llamas se propagaron con gran rapidez debido a la cercanía entre las construcciones y a los materiales con los que estaban levantadas, principalmente cartón, plástico y madera, todos ellos altamente inflamables. En ese momento, el asentamiento estaba formado por unas 120 chabolas en las que residían aproximadamente 180 personas.

El riesgo para la vida

La resolución judicial destaca que el incendio generó un “riesgo real y peligro para la vida e integridad física” de los habitantes del asentamiento, muchos de los cuales se encontraban en el interior de sus viviendas cuando comenzó el fuego. Para extinguir el incendio fue necesaria la intervención de agentes de la Guardia Civil y de seis dotaciones de bomberos.

El tribunal señala que la condenada actuó con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos y descarta que sus facultades estuvieran alteradas por el consumo de sustancias o por algún trastorno psíquico. La sentencia también recoge que el día anterior la mujer ya había intentado provocar otro incendio, aunque en esa ocasión los vecinos lograron sofocarlo a tiempo.

La valoración pericial de los daños asciende a 27.043 euros, con un valor medio estimado de 338 euros por cada chabola destruida. La sentencia subraya la dificultad para cuantificar todas las pérdidas, ya que muchos de los afectados, extranjeros en situación irregular, no presentaron denuncia. No obstante, el fallo fija indemnizaciones para varios perjudicados que sí reclamaron, con cantidades que oscilan entre los 190 y los 2.896 euros por la pérdida de viviendas, enseres, documentación personal y dinero en efectivo.