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La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero, tendrá una representación común para las acusaciones populares. La jueza encargada del procedimiento ha acordado que Vox asuma la representación procesal y la dirección letrada de estas acusaciones, al haber sido la primera en personarse en la causa. El partido ha señalado que lidera "la ofensiva judicial para que Óscar Puente responda por las muertes de Adamuz".
La decisión ha sido adoptada por la magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2. El auto establece que las distintas entidades mantendrán su condición de acusaciones populares, aunque deberán actuar mediante una defensa compartida.
La resolución afecta a Vox, Hazte Oír Org, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. La magistrada precisa que todas las organizaciones conservarán el acceso a las actuaciones judiciales y a las resoluciones que se dicten. La unificación, por tanto, no supone su expulsión del procedimiento.
Como recuerda Europa Press, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz defendió que sus intereses eran diferentes de los del resto de acusaciones, al centrarse en la protección de los afectados y la búsqueda de justicia. Por su parte, Semaf alegó que dispone de conocimientos técnicos específicos y que su participación responde también a la defensa de los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores ferroviarios. El sindicato señaló incluso la posibilidad de que los hechos pudieran constituir un delito contra los derechos de los trabajadores.
Frente a estas objeciones, el Ministerio Fiscal apoyó agrupar las acusaciones populares, al considerar que su elevado número podía afectar al desarrollo del procedimiento y provocar dilaciones indebidas. La Fiscalía propuso aplicar el criterio de prioridad temporal utilizado por el Tribunal Supremo, de manera que la primera acusación personada asumiera la representación común. Ante la falta de acuerdo entre las entidades y siguiendo ese criterio, la jueza ha determinado que "corresponde a la representación procesal y dirección letrada de Vox asumir la representación y defensa comunes de las restantes acusaciones populares agrupadas".
La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero, tendrá una representación común para las acusaciones populares. La jueza encargada del procedimiento ha acordado que Vox asuma la representación procesal y la dirección letrada de estas acusaciones, al haber sido la primera en personarse en la causa. El partido ha señalado que lidera "la ofensiva judicial para que Óscar Puente responda por las muertes de Adamuz".
La decisión ha sido adoptada por la magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2. El auto establece que las distintas entidades mantendrán su condición de acusaciones populares, aunque deberán actuar mediante una defensa compartida.
La resolución afecta a Vox, Hazte Oír Org, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. La magistrada precisa que todas las organizaciones conservarán el acceso a las actuaciones judiciales y a las resoluciones que se dicten. La unificación, por tanto, no supone su expulsión del procedimiento.
Como recuerda Europa Press, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz defendió que sus intereses eran diferentes de los del resto de acusaciones, al centrarse en la protección de los afectados y la búsqueda de justicia. Por su parte, Semaf alegó que dispone de conocimientos técnicos específicos y que su participación responde también a la defensa de los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores ferroviarios. El sindicato señaló incluso la posibilidad de que los hechos pudieran constituir un delito contra los derechos de los trabajadores.
Frente a estas objeciones, el Ministerio Fiscal apoyó agrupar las acusaciones populares, al considerar que su elevado número podía afectar al desarrollo del procedimiento y provocar dilaciones indebidas. La Fiscalía propuso aplicar el criterio de prioridad temporal utilizado por el Tribunal Supremo, de manera que la primera acusación personada asumiera la representación común. Ante la falta de acuerdo entre las entidades y siguiendo ese criterio, la jueza ha determinado que "corresponde a la representación procesal y dirección letrada de Vox asumir la representación y defensa comunes de las restantes acusaciones populares agrupadas".
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