Cerca de 60 personas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, que se extendió también a Bédar, han exigido a todos los partidos políticos que respalden la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para analizar lo sucedido durante la emergencia y "evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir". La petición se planteó durante la primera asamblea del Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar, celebrada este jueves bajo la dirección de la presidenta de la mesa, Sally Chapman, en un encuentro que la plataforma ciudadana calificó de "organizado y tranquilo".
El incendio, originado la tarde del 9 de julio y dado por extinguido 15 días después por el Plan Infoca, ha dejado ya 14 víctimas mortales, la última de ellas fallecida el martes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La emergencia requirió además la atención sanitaria de 18 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del centro hospitalario sevillano, donde tres permanecen todavía ingresadas. El fuego calcinó unas 5.200 hectáreas y causó daños en 19 explotaciones ganaderas, así como en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto de la zona.
Durante la asamblea, los asistentes respaldaron la labor del colectivo, al que se han sumado nuevas personas, y acordaron celebrar próximamente un nuevo encuentro para "profundizar en sus líneas de trabajo". Chapman explicó que el objetivo del grupo es "buscar soluciones más que culpas" y trabajar de forma conjunta "para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir". En la reunión intervino también Danielle, hija de Pete y Fran Gillam, ambos fallecidos en el incendio, cuyo testimonio fue calificado por el colectivo como "desgarrador", destacando la "entereza" mostrada por la joven. Según trasladó el grupo, la familia se ha sentido "arropada por el grupo", aunque "en menor medida por las autoridades", y los testimonios recogidos durante la asamblea cuestionaron la debida notificación de la emergencia a los vecinos, un aspecto que, según se señaló, deberá "mejorar en el futuro".
El sistema ES-Alert en el centro de la polémica
La plataforma ciudadana ha establecido varias líneas de trabajo. La primera se centrará en aclarar por qué no se logró controlar el incendio y si los medios empleados resultaron adecuados. La segunda buscará recabar información sobre los avisos trasladados a los vecinos y las indicaciones recibidas para actuar ante el avance del fuego; en este sentido, Adri, miembro de la plataforma, explicó el funcionamiento del sistema ES-Alert y anunció que se recabará información sobre la falta de utilización de este mecanismo durante el incendio.
El colectivo comparó esta situación con el uso del mismo sistema en Madrid, donde, según señalaron, decenas de miles de personas fueron desplazadas sin que se registraran víctimas mortales, y defendió que, de no resultar adecuado el ES-Alert, deberá estudiarse otro sistema de aviso. La tercera línea de trabajo se orientará a determinar si existe un plan de incendios específico y, en su caso, valorar si resulta adecuado.
La asamblea contó además con la participación de la abogada Maria del Carmen Rojas, en representación del Colegio de Abogados de Almería, quien explicó el apoyo que dicha institución ha puesto a disposición de las víctimas y sus familias.
Cerca de 60 personas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, que se extendió también a Bédar, han exigido a todos los partidos políticos que respalden la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz para analizar lo sucedido durante la emergencia y "evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir". La petición se planteó durante la primera asamblea del Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar, celebrada este jueves bajo la dirección de la presidenta de la mesa, Sally Chapman, en un encuentro que la plataforma ciudadana calificó de "organizado y tranquilo".
El incendio, originado la tarde del 9 de julio y dado por extinguido 15 días después por el Plan Infoca, ha dejado ya 14 víctimas mortales, la última de ellas fallecida el martes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La emergencia requirió además la atención sanitaria de 18 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del centro hospitalario sevillano, donde tres permanecen todavía ingresadas. El fuego calcinó unas 5.200 hectáreas y causó daños en 19 explotaciones ganaderas, así como en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto de la zona.
Durante la asamblea, los asistentes respaldaron la labor del colectivo, al que se han sumado nuevas personas, y acordaron celebrar próximamente un nuevo encuentro para "profundizar en sus líneas de trabajo". Chapman explicó que el objetivo del grupo es "buscar soluciones más que culpas" y trabajar de forma conjunta "para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir". En la reunión intervino también Danielle, hija de Pete y Fran Gillam, ambos fallecidos en el incendio, cuyo testimonio fue calificado por el colectivo como "desgarrador", destacando la "entereza" mostrada por la joven. Según trasladó el grupo, la familia se ha sentido "arropada por el grupo", aunque "en menor medida por las autoridades", y los testimonios recogidos durante la asamblea cuestionaron la debida notificación de la emergencia a los vecinos, un aspecto que, según se señaló, deberá "mejorar en el futuro".
El sistema ES-Alert en el centro de la polémica
La plataforma ciudadana ha establecido varias líneas de trabajo. La primera se centrará en aclarar por qué no se logró controlar el incendio y si los medios empleados resultaron adecuados. La segunda buscará recabar información sobre los avisos trasladados a los vecinos y las indicaciones recibidas para actuar ante el avance del fuego; en este sentido, Adri, miembro de la plataforma, explicó el funcionamiento del sistema ES-Alert y anunció que se recabará información sobre la falta de utilización de este mecanismo durante el incendio.
El colectivo comparó esta situación con el uso del mismo sistema en Madrid, donde, según señalaron, decenas de miles de personas fueron desplazadas sin que se registraran víctimas mortales, y defendió que, de no resultar adecuado el ES-Alert, deberá estudiarse otro sistema de aviso. La tercera línea de trabajo se orientará a determinar si existe un plan de incendios específico y, en su caso, valorar si resulta adecuado.
La asamblea contó además con la participación de la abogada Maria del Carmen Rojas, en representación del Colegio de Abogados de Almería, quien explicó el apoyo que dicha institución ha puesto a disposición de las víctimas y sus familias.
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