El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, afirmó este miércoles que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen constancia de “ninguna denuncia formal” previa relacionada con la situación de maltrato que sufría Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería). En declaraciones a los medios en Almería, rechazó que hubiera habido “mal funcionamiento” policial antes del crimen.
Fernández respondió así a las críticas de la acusación particular, que sostiene que la tía abuela del menor acudió a un cuartel de la Guardia Civil con fotografías de lesiones y que no se le llegó a recoger la denuncia. El delegado insistió en que no tiene conocimiento de que exista “ninguna denuncia formal” en este caso y subrayó que ese es el dato con el que trabaja la Administración.
El representante del Gobierno defendió la actuación de la Guardia Civil y afirmó que no hay indicios de irregularidades en el procedimiento. Añadió que, en caso de detectarse alguna “disfunción” durante el análisis detallado de lo ocurrido, esta sería comunicada “de forma inmediata”, aunque señaló que, por ahora, no se aprecia ninguna.
Fernández evitó pronunciarse sobre las gestiones previas que pudiera haber realizado la familia o los agentes, al tratarse de un asunto “judicializado” que se encuentra bajo la instrucción de la autoridad competente. Según explicó, esa circunstancia le impide ofrecer valoraciones adicionales.
El abuelo denuncia fallos del sistema
Las declaraciones del delegado contrastan con la versión del abogado del abuelo materno, quien denunció un “fallo del sistema”. Según sostuvo, la familia intentó alertar a la Guardia Civil mostrando imágenes de un “moratón y un derrame” en la sien del menor, pero no se actuó ante la ausencia de un parte médico o de una denuncia presentada por la madre.
Por otro lado, fuentes de la Diputación de Almería confirmaron a EFE que los Servicios Sociales mantuvieron una entrevista con la madre del niño el pasado 20 de noviembre. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer, había acordado el 20 de octubre una orden de alejamiento para el hombre detenido por la muerte del pequeño, tanto respecto a la madre como al menor.