El abuelo materno de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería), se ha personado este martes como acusación particular en la causa abierta por su muerte y ha solicitado al juzgado iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor. La petición surge ante la imposibilidad de obtener la autorización de la madre, que se encuentra en prisión provisional.
El abogado de la acusación particular, José Luis Martínez, explicó que, pese a la gravedad de los delitos imputados —asesinato y maltrato habitual—, la madre conserva la patria potestad, al no haberse dictado aún medidas civiles cautelares que la suspendan. Esta circunstancia legal requiere su firma para autorizar el sepelio o la incineración, trámite que se encuentra bloqueado desde el centro penitenciario.
"El abuelo quiere incinerar a su nieto para que descanse y poder llevarse las cenizas, pero nos encontramos con un problema burocrático que puede derivar en una guerra legal", señaló el letrado. Ante la falta de respuesta o la negativa de la detenida desde prisión, su defensa ha pedido al juez que supla la voluntad de la madre mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, evitando que el cuerpo permanezca indefinidamente en el Instituto de Medicina Legal.
La personación del abuelo se formalizó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera (Almería), que estaba de guardia cuando se produjo el hallazgo del cuerpo y las detenciones. No obstante, se prevé que la causa sea remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, competente en materia de Violencia sobre la Mujer, dado que uno de los investigados es la pareja de la madre y existía una orden de alejamiento previa.
Una investigación "a fondo"
El abogado de la familia aclaró además que el padre biológico del niño "nunca reconoció al niño" y no forma parte del procedimiento. Legal y afectivamente, la figura paterna ha sido siempre el abuelo materno, Martín, quien le dio sus apellidos y ahora lidera la búsqueda de justicia.
"La familia quiere que se investigue a fondo y se llegue a la verdad. Si la hija ha tenido participación y es culpable, que lo pague igual que cualquier otro. El abuelo quiere justicia para su nieto por encima de todo", declaró Martín.
Más allá del conflicto sobre el destino de los restos de Lucas, se anticipa otra disputa legal por la custodia del futuro bebé que espera la detenida, embarazada de cinco meses. La acusación particular confirmó que el abuelo solicitará formalmente hacerse cargo del recién nacido tras el alumbramiento, para garantizar que permanezca bajo su cuidado y evitar que quede bajo tutela de la madre o en el sistema de protección de menores.
