Salir de España en verano sin avisar al SEPE puede salirle muy caro a cualquier persona que esté cobrando el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal obliga a comunicar toda salida al extranjero, con independencia de su duración o del motivo del viaje, salvo que el desplazamiento tenga como fin buscar trabajo en otro país.

Esta obligación afecta tanto a quienes reciben la prestación contributiva como a quienes cobran el subsidio por desempleo. El aviso debe hacerse tanto al salir de España como al regresar, y puede tramitarse de dos formas: de manera presencial en una oficina, con cita previa, o a través de la sede electrónica del SEPE, en el apartado habilitado para comunicar la baja de la prestación o la salida al extranjero.

El regreso también tiene que confirmarse, y el plazo para hacerlo es el primer día hábil siguiente a la vuelta. Puede formalizarse en la oficina de prestaciones o mediante el registro electrónico de la Administración General del Estado, aportando los justificantes que se consideren necesarios para acreditar la fecha de entrada.

Los plazos y sus consecuencias

Las consecuencias de un viaje al extranjero dependen de los días que dure fuera de España, contados como días naturales dentro del año en curso. Si la salida no supera los 30 días, la prestación o el subsidio se mantienen sin cambios. Entre 30 y 90 días, en cambio, el pago se suspende durante ese tiempo.

Superados los 90 días, la prestación se extingue de forma definitiva, salvo que el motivo del viaje sea buscar o realizar un trabajo, cursar estudios que mejoren la preparación profesional del beneficiario o participar en acciones de cooperación internacional. Ni siquiera en estos casos se exime de comunicar previamente el viaje al SEPE, que debe autorizarlo.

Qué pasa si no se avisa

No comunicar la salida al extranjero se considera una infracción y abre la puerta a un procedimiento sancionador. La abogada Miriam del Río, responsable de Compromiso Legal, ha advertido de las consecuencias que puede acarrear no informar al servicio público de empleo. "Te enfrentas a una sanción que será, como mínimo, la pérdida del derecho a cobrar la prestación durante tres meses", explica.

A esa sanción se suma la obligación de devolver las cantidades que se hayan cobrado indebidamente durante el tiempo no comunicado. Cuando la resolución supera ese importe, los beneficiarios afectados tienen la posibilidad de presentar una reclamación ante el propio SEPE.